Autor: Grupo Legislativo PMC
Los integrantes de la Bancada Naranja se pronunciaron y votaron en contra del expediente legislativo 16300/LXXVI con el que el PRIAN, a través del Congreso local, busca, ilegalmente, quitarle nuevas facultades al Ejecutivo.
Con el expediente que se vio en la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió el Coordinador Eduardo Gaona, el PRIAN busca imponer a un "Fiscal a modo" promoviendo cambios en la Constitución local para evitar que el Ejecutivo pueda vetar a uno de los cuatro candidatos que participan en el proceso de selección.
Sin embargo, Gaona advirtió que esto representa una ilegalidad porque existe el Incidente de Suspensión 238 con el que una autoridad federal ordena al Congreso abstenerse de designar a un Fiscal General en Nuevo León, así como de avanzar en cualquier proceso sobre este nombramiento.
Con la aprobación del expediente, el PRIAN podría caer en delito de desacato al cual le corresponde un castigo penal de 1 a 8 años de prisión.
Incluso, por esa misma suspensión, los extractos de la votación de primera vuelta no se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, por lo que nunca entraron el vigor, aumentando así el acto de ilegalidad por parte del PRIAN.
Cabe destacar que el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano votó en contra de dicho expediente.
"Aquí va el incidente que va para el tema de Fiscal porque es un tema que se está viendo aquí en esta reserva y en el dictamen que se quiere ver, y dice de manera muy clara: 'procede conceder la suspensión a fin de que el Congreso del Estado de Nuevo León se abstenga de asignar al Fiscal General de Justicia del Estado, consecuentemente, deberá abstenerse de emitir actos que ejecuten la etapa final, culminante o de conclusión del procedimiento previo a la convocatoria pública impugnada'", dijo.
En caso de ir en contra de una suspensión, "la consecuencia es lo que nos dice la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional: en caso de que una autoridad viole una suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una controversia Constitucional, será sancionado por el delito de abuso de autoridad.
El Artículo 2015 del Código Penal Federal establece que el delito de abuso de autoridad se sanciona con 1 a 8 años de prisión, y de 50 a 100 días de multa.
Al respecto, el Diputado emecista, Héctor García, quien ni siquiera votó el expediente por considerarlo como "una aberración", advirtió que el PRIAN invade las facultades del Ejecutivo.
"Ya nada más les falta una iniciativa para que el Legislativo absorba las facultades del Ejecutivo", comentó García.
"Este tipo de acciones legislativas están destruyendo a este Estado tan fuerte como Nuevo León, estamos invadiendo las instituciones, estamos quebrantando el orden legal que por muchos años se han construido".
La Diputada Consuelo Gálvez, también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, votó en contra de dicho dictamen.
A pesar de no formar parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, estuvieron presentes las legisladoras Sandra Pámanes e Iraís Reyes para hacer válido su derecho de voz, y pronunciarse en contra del expediente.
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