Grupo Legislativo
Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

DIPUTADA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE. -

Quienes suscriben, Diputadas Iraís Virginia Reyes De la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz, Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, Diputados Eduardo Gaona Domínguez y Carlos Rafael Rodríguez Gómez, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 122 Bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a la consideración de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo con Proyecto de Exhorto a la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, con el objeto de realizar el estudio del veto a la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada y continuar con el procedimiento de aprobación y posterior publicación de por parte del H. Congreso del Estado de Nuevo León y el Representante del Poder Ejecutivo del Estado, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos:

Las Organizaciones de la Sociedad Civil son inherentes al ejercicio de gobierno democrático, abierto y participativo. Son necesarias para que los ciudadanos den sus opiniones y defiendan sus ideales más allá de los límites que posee la participación electoral o la afiliación a cualquier partido político.

Si se observase desde una perspectiva filosófica, para Aristóteles en todo ser humano hay por naturaleza una tendencia a formar asociaciones políticas que velen por el bien mayor[1]. Así mismo, José Ortega y Gasset sostenía que la civilización es la voluntad de convivencia[2].

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona en su Artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos[3].

En ese sentido, es posible observar el caso de nuestro país, donde contamos con representantes libremente elegidos, como quienes integramos esta H. Asamblea. A su vez, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener participación política de forma directa, se han creado las Organizaciones de la Sociedad Civil.

De esta forma, el término "Sociedad Civil" designa todas las formas de acción social llevadas a cabo por individuos o grupos que no proceden del Estado y no están dirigidas por él[4]. Ello se traduce en que las acciones que estos entes realizan son por sus propios intereses más allá de los que puedan poseer los funcionarios públicos y miembros del Gobierno que los rige.

Para la autora Guadalupe Mendoza la Sociedad Civil, de forma independiente y organizada surgió en México a raíz del sismo de 1985[5]. Como resultado de la voluntad de apoyar y brindar auxilio a quienes se encontraban en condiciones devastadoras, fue que la ciudadanía de México superó las bases establecidas por el Gobierno, y tomando el asunto en sus propias manos, optaron por realizar, por su propia cuenta, las acciones que fueran necesarias para sanear los daños causados.

Durante los más de 40 años del establecimiento de la Sociedad Civil en México, las Organizaciones de la Sociedad Civil se han enfrentado a innumerables problemas. Por mencionar alguno, podríamos hablar de la persecución por parte de la delincuencia organizada para que cesen sus esfuerzos para cumplir sus objetivos, el desprestigio por parte de las autoridades, acusándolas de ser fuentes de corrupción, o bien enfrentar la escasez de recursos económicos para continuar con sus respectivas labores.

No hay manera de negar que las OSC en México y en Nuevo León han tenido un gran impacto en la agenda política y en la defensa de los derechos de todos los grupos, colectivos e individuos en particular. Tanto la lucha por los derechos de la mujer, como la lucha por la protección del medio ambiente, entre otras, han sido iniciadas en primera cuenta por organizaciones de la Sociedad Civil.

Podemos recordar organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, quienes han luchado fuertemente para combatir los actos de corrupción presentes en nuestro país; el Consejo Nuevo León, quienes crearon el gran Plan Estratégico Nuevo León 2015-2030, el cual ha influido en la agenda de todos los agentes políticos; o la propia CADHAC, que promueve y lucha por los derechos humanos junto a los organismos descentralizados dedicados a esta materia.

En ese orden de ideas, según Cifras del INEGI, durante el 2019 las Organizaciones de la Sociedad Civil proporcionaron el 2.9% del PIB Nacional. A su vez, el 45.9% de estas organizaciones se dedican a la enseñanza e investigación, seguidas por Organizaciones religiosas con un 15.2% y Desarrollo y Vivienda con 13.5%[6]

No obstante, aunado al gran y positivo impacto que las OSC tienen en México y en Nuevo León, en la actualidad se enfrentan ante las constantes acusaciones sin fundamentos, evidentes ataques y desprestigios realizados por el Presidente López Obrador, quien pareciera busca anular la participación de la ciudadanía a través de mecanismos independientes e imparciales.

Lo anterior, deja de manifiesto que la lucha de las OSC contra las autoridades para instaurarse legítimamente en nuestro país no ha sido suficiente, pues actualmente desde el Gobierno Federal se atenta contra todos los principios democráticos al atacar de forma reiterada a estas instituciones que velan por el bienestar de la ciudadanía.

Las OSC son un contra peso para el Gobierno, señalan las acciones indebidas, demuestran los fallos de la política, apuntan las correcciones y colaboran para mejorar junto a las representaciones políticas. Es quizás por ello, que a quien busca monopolizar el poder le resulten tan atemorizantes.

A nivel federal se orquesta un golpe contra estas organizaciones al afectar su financiamiento mediante la eminente aprobación de la Miscelánea Fiscal para el 2022. El Congreso de la Unión, a Propuesta del Gobierno Federal, plantea la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15% del total de sus ingresos, y que los deducibles por donativos ya no estén en otra bolsa aparte, sino dentro de una misma bolsa. Es decir, se dificultan las reglas de deducibilidad derivadas de donaciones a organizaciones de la sociedad civil, lo que pone en riesgo la obtención de ingresos para la realización de sus actividades.

En el estado existen 337 de las más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que serían afectadas hasta en un 40% de sus ingresos. Acusarlas de actos de corrupción a éstas y sus donantes, no es la solución para los problemas que se presentan en nuestro país y entidad, y en los cuales su importante trabajo interviene para su resolución.

Al contrario, crear una base Legal que les permita operar con claridad y de forma óptima ante cualquier circunstancia, gozar de garantías jurídicas y estabilidad legal, permitirá que las OSC puedan tener un amplio y muy positivo impacto en nuestra sociedad.

Si a nivel federal se plantean reformas que tienden a obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, en Nuevo León abrimos nuevas discusiones. Si a nivel federal se aprobarán reformas que reducirán sus ingresos, en Nuevo León ponemos el ejemplo y estudiamos mecanismos para su fomento.

En el 2019 se presentó y aprobó en este H. Congreso la iniciativa de Ley de Fomento a la Sociedad Civil, la cual desgraciadamente fue vetada por el ejecutivo, el ex Gobernador Jaime Rodríguez, bajo el argumento de que la iniciativa sería inoperable por el impacto presupuestal.

Retomemos esta discusión y demos un nuevo rumbo en Nuevo León a las organizaciones de la sociedad civil. Utilicemos nuestra facultad de legislar para generar un marco legal que sea un efectivo contrapeso a las reformas federales y, a su vez, genere un marco sólido que incentive y facilite el trabajo de nuestras organizaciones de la sociedad civil.

En mérito de lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Único.- La LXXVI (Septuagésima sexta) Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, por los motivos y criterios expuestos, acuerda llevar a cabo mesas de trabajo dentro de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, con el objeto de realizar el estudio del veto a la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada y continuar con el procedimiento de aprobación y posterior publicación de por parte del H. Congreso del Estado de Nuevo León y el Representante del Poder Ejecutivo del Estado..

Monterrey, Nuevo León, a 27 de octubre de 2021

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre	Dip. Eduardo Gaona Domínguez
Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz	Dip. Tabita Ortiz Hernández
Dip. Brenda Lizbeth Sánchez Castro	Dip. Norma Edith Benítez Rivera
Dip. María Guadalupe Guidi Kawas	Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez
Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León

La presente foja forma parte la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente solicitamos a los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos humanos a fin de elaborar mesas de trabajo con el objetivo de estudiar y realizar las modificaciones necesarias para la aprobación y publicación de la Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada.