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Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

Diputada participa en la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, convocada por Ciudadanos Contra la Corrupción
 
Monterrey.- Para cumplir con compromisos políticos, los gobiernos suelen convertir el área de adquisiciones en una fuente ilícita de ingresos y lo hacen porque carecen de sistemas eficientes de control.

Así lo manifestó la diputada Mariela Saldívar tras participar en la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contrataciones del estado de Nuevo León.

En su participación, la legisladora indicó que en ocasiones  los compromisos políticos adquiridos previamente merman la posibilidad de realizar compras productivas en los entes de Gobierno.
 
"Las áreas de adquisiciones, las compras de gobierno, son una forma de financiamiento ilícito para muchas otras cosas en el sistema político. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente.
 
"Hemos visto adjudicaciones directas a contratos cuestionables ¿por qué? porque fue un compromiso previo. Es una realidad y lo tenemos que saber si queremos conocer el problema".

La iniciativa para una nueva Ley de Adquisiciones fue presentada por la asociación civil Ciudadanos Contra la Corrupción, en la cual se plantea la creación de un Instituto que regule las adquisiciones.

Dicho organismo, que sería de carácter autónomo, se encargaría de establecer los lineamientos para las licitaciones y vigilar su cumplimiento, sin embargo, no realizaría las compras directamente.

Con ello se buscarían reducir las adquisiciones realizadas de manera irregular o por compromisos.

En ese tenor, la diputada Mariela Saldívar coincidió en que debe existir un filtro que revise con lupa cada una de las compras realizadas por los diferentes entes de Gobierno.
 
"El primer paso es obligar que todas las adquisiciones pasen por un sistema", indicó.

No obstante, consideró oportuno estudiar la viabilidad del proyecto para que se pueda ejecutar en la práctica, sin entrar en conflicto con las atribuciones de las dependencias gubernamentales.