Grupo Legislativo
Partido Movimiento Ciudadano

Autor: Grupo Legislativo PMC

Monterrey, Nuevo León a los 26 días del mes de febrero de 2019

"Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo".

Esta famosa frase de Voltaire exalta el valor del respeto y la tolerancia, además del derecho a la Libertad de Expresión, cimientos todos para una sociedad democrática.

La protesta pacífica y la libertad de expresión y asociación son el primer pináculo de la sociedad civil organizada para manifestarse de manera colectiva y directa a favor de cualquier postura, pero también en contra de aquello que considera erróneo, injusto, impositivo, incluso tiránico, por lo que jamás debe ser criminalizada o reprimida.

Nuestro derecho a disentir es lo que nos consagra como una sociedad democrática y es una garantía que se encuentra reconocida en nuestra Constitución Estatal, así como en nuestra Constitución Federal. Sin embargo, preocupa de sobremanera que nuestras autoridades, mismas quienes debieran ser aquellas que ejerzan y garanticen estos derechos a toda la gente, sean quienes actúen en manifiesta intolerancia y falta de respeto a estas máximas libertades que idealmente debieran de alzarnos como una nación democrática, plural y tolerante ante las diferencias que nos enriquecen, pero que en la práctica nos han convertido en una de las regiones del mundo con mayores índices de represión y de violencia para quienes se atreven a perseguir la verdad, la información, o simplemente manifestar una opinión.

Hace unos días en esta tribuna presentamos una iniciativa para crear la Ley para la protección de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos de Nuevo León. Citamos cifras alarmantes de cómo son las propias autoridades quienes más agreden a estas personas, incluso por encima del propio crimen organizado. Por si fuera poco, México ostenta el tercer lugar a nivel mundial en violencia y represión a esta gente, precedida solamente por dos naciones con conflictos bélicos activos, lo cual nos hace, para un país en situación de paz, una virtual zona de guerra para quienes quieran ejercer el periodismo o ser activistas en defensa de las garantías que deben de respetársele a todo individuo.

Para ejemplo, me permito recordar ante esta asamblea y de manera muy respetuosa a quienes han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y convicciones, tan solo de enero del presenta año al día de hoy:

1. Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado en Chiapas, el 3 de enero.

2. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado en Amatán, Chiapas, el 19 de enero.

!1

3. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado en Amatán, Chiapas, el 19 de enero.

4. Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero.

5. Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero.

6. Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, el 21 de enero.

7. Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero.

8. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero.

9. Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero.

10. Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero.

11. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos, municipio de Temoac, el 20 de febrero.

----------------------------

En Nuevo León no somos la excepción a esta regla. Por el contrario, enfatizamos la tendencia. Podemos citar casos tan alarmantes e indignantes como el homicidio de la periodista ALICIA DIAZ GONZALEZ, en mayo del año pasado, o la detención arbitraria del reportero NOE LOPEZ, en agosto también del 2018, quien fuera golpeado y detenido por elementos de la policía estatal fuerza civil por el único motivo de estar haciendo su labor periodística.

El 17 de junio 2017, el reportero VICTOR BADILLO fue detenido también de forma ilegal y arbitraria por autoridades municipales en Escobedo N.L. por el mismo motivo de estar realizando su labor como reportero. En éste último caso y ante los continuos acosos de diferentes autoridades, el señor BADILLO tuvo la necesidad de acudir ante las

!2

diferentes instancias federales a fin de solicitar la activación del mecanismo de protección federal para personas periodistas y defensoras de derechos humanos; encontrándose hasta la fecha bajo la protección y cobertura de dichas medidas precautorias.

----------------------------

La madrugada de hoy, 26 de febrero, fue agredido JOSÉ MANUEL ZAPATA, periodista que fue detenido por elementos de fuerza civil y encarcelado sin mayor explicación durante hora y media.

El pasado 24 de febrero, ROCIO MONTALVO, conjuntamente con miembros de su organización civil UNETE PUEBLO y otras asociaciones hermanas fueron desalojados por segunda vez del plantón que sostenían en contra de las alzas a las tarifas del transporte urbano.

----------------------------

Estos ejemplos, dolorosos y recientes, demuestran cómo activistas y miembros de los medios de comunicación han sido víctimas de represión e intimidación por parte de fuerzas gubernamentales, violentando con ello no solo el derecho a la labores periodísticas y de comunicación de la verdad, sino al derecho a la libertad de expresión mismo.

Podríamos seguir enunciando casos de abusos en contra de las personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y a la labor periodística en nuestro Estado, quienes han sufrido por la falta de un cuerpo legal que los proteja.

Las diferencias de opinión y el conflicto ideológico son la base de toda democracia y es a partir de ahí que se da pie al debate que construyen los acuerdos para una sana convivencia social. Las diferencias de opinión generan pluralidad de ideas, matices, enriquecen e incluso dan pie a necesarios contrapesos, puesto que en nuestro país y nuestro estado somos muchas voces y todas merecemos el ser escuchados. Poder expresarnos debe ser una garantía, no una temerosa necesidad.

Es por ello que, ante los hechos antes narrados, peticiono de nueva cuenta el apoyo de esta Soberanía a fin de que nos unamos y de una vez por todas hagamos posible el debido ejercicio de la defensa de los derechos humanos y del periodismo en nuestra entidad y seamos el ejemplo a nivel nacional de que aún ante posturas distintas, incluso incómodas, nuestro deber hacia la protección y garantía de los derechos y libertades civiles de la gente en Nuevo León será siempre nuestra función y más alto deber.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano