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Punto de Acuerdo con propósito de exhorto al Poder Ejecutivo

23 de Enero 2019

Punto de Acuerdo con propósito de exhorto al Poder Ejecutivo

Autor: Grupo Legislativo PMC

No podemos permitir que la voz del pueblo sea reprimida mediante actos ilegales disfrazados de orden y buen gobierno: Luis Donaldo Colosio Riojas

Tras lo sucedido el pasado 19 y madrugada del 20 de enero del 2019, donde manifestantes y activistas integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general fueron detenidos por agentes de Fuerza Civil, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación de ideas, asociación y protesta pública pacífica a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado, con motivo de su inconformidad por la posible aprobación del alza en las tarifas del transporte público en la entidad, el Diputado Luis Donaldo Colosio Riojas presentó el el Pleno un Punto de Acuerdo con propósito de exhorto, el cual fue aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente.

"Filósofos y escritores como Santayana lo dicen: "El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla". El 12 de mayo de 1987 un grupo de ciudadanos manifestantes que demandaban la derogación de la nueva Ley Electoral del Estado fueron desalojados violentamente de Palacio de Gobierno por la policía. Más de 30 años después, en los pasados días 19 y 20 de enero de 2019, nuevamente se repitió la historia", expresó Colosio Riojas.

El Coordinador de la Bancada Naranja, puntualizó que dicha actuación policial fue efectuada ilegalmente, con violencia y de manera sorpresiva. Agregó, que esta detención sucedió después de que el plantón había estado en ese lugar durante varias semanas, haciéndolo aún más cuestionable.

"Una vez en la barandilla municipal el Juez Calificador no dio cumplimiento los requisitos esenciales que enmarca nuestra constitución respecto a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, ya que informó a los detenidos que su detención se debía a lo que él califico como faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno consistentes en la violación al artículo 17 del mismo, sin precisar en cuál de las fracciones de dicho articulado se encuadraba la conducta desplegada por los manifestantes", señaló.

Dijo también, que otra de las cosas que llama la atención es que a pesar de que la detención ocurrió en el centro de Monterrey, los activistas manifestantes fueron trasladados a la mencionada Zona Norte de Policía del Estado, cuando por jurisdicción territorial debían ser trasladados a la Zona Centro de policía ubicada en el parque Alamey, sin explicar las autoridades la razón de dicha remisión a una zona que no correspondía.

"Alrededor de la detención ilegal y arbitraria se escuchan diversas versiones de manera extraoficial, que alegan que la detención ocurrió por portar objetos prohibidos y rehusarse a entregarlos, lo que no justifica la autoridad y no concuerda con lo esgrimido por el Calificador en la zona norte de policía, pues como se cita, la protesta en dicho lugar ya tenía semanas atrás y siempre se caracterizó por ser pacífica. En síntesis nos encontramos ante una clara violación a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", complementó.

Agregó que como Bancada, Movimiento Ciudadano considera la protesta como un mecanismo de control democrático directo sobre los poderes públicos, por lo que no debe jamás ser criminalizada.

"Reconocemos el riesgo al que se encuentran sometidos los activistas y defensores de derechos humanos; el ataque sistemático para desacreditar su trabajo; la intimidación; las amenazas; el hostigamiento; el uso de la fuerza y hasta la privación de su vida. En México, 8 de cada 10 periodistas y activistas fueron amenazados de muerte, acosados o padecieron ataques físicos y verbales tanto por autoridades estatales y federales como por el narcotráfico. La libertad de la expresión, de asociación y reunión son derechos humanos cuyo ejercicio puede traer como consecuencia privaciones a la vida, a la libertad y a la seguridad personal", enfatizó.

Por lo anterior, lanzó el llamado al titular del Poder Ejecutivo, para que en aras de no repetir nuevamente una historia que refleja represión en Nuevo León, de manera urgente que el Titular del Gobierno del Estado respete y haga respetar los derechos humanos de la ciudadanía, así como que realice las investigaciones conducentes para sancionar cualquier ilegalidad cometida por cuerpos de seguridad pública al momento de la detención de activistas y manifestantes el 19 y 20 de enero del año en curso. Debemos asegurarnos que aquellos que cuestionen nuestro actuar como autoridad, tengan la seguridad de que ello no traerá consecuencias sobre sus bienes y su vida.

No podemos permitir que la voz del pueblo sea reprimida mediante actos ilegales disfrazados de orden y buen gobierno. Quedó evidenciado el abuso de las autoridades cometido en contra de aquellos que alzan la voz en defensa del interés legítimo de los ciudadanos. Debemos asegurarnos que la historia no se repita en detrimento de aquellos que con su activismo hacen de Nuevo León un Estado más plural, más sano, más justo y más igualitario para vivir. Debemos recordar que la pluralidad de las voces engrandece Nuevo León.

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