Autor: Grupo Legislativo PMC
La Diputada Local de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón Perales, exigió este domingo la intervención urgente del Estado para detener las operaciones de la empresa de extracción de piedra caliza que se encuentra ubicada en un área protegida en el municipio de Santiago.
Como se dio a conocer en medios de comunicación, la empresa pedrera realiza sus actividades dentro de la Sierra del Cerro de la Silla, detrás de la Presa de la Boca, a unos metros de la conocida "Cueva de los Murciélagos", provocando un daño irreparable en la flora y fauna de la zona.
Es por ello que la diputada Karina Barrón, pidió la intervención urgente del Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, para que realice la clausura de esta empresa y sus actividades.
"Debe realizarse el cierre de la pedrera que se ubica en área natural protegida, en Santiago, no cumple con la normatividad y está ocasionado impactos ambientales significativos y daño al ambiente. Las autoridades deben preservar el área natural e incorporarla a un régimen de protección en el que únicamente se permita la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación ambiental", exigió la legisladora local.
"Debe garantizarse el derecho a la salud y a un ambiente adecuado. La operación de las pedreras también trae como consecuencia que se afecte la salud, por el polvo que provocan, además de los daños ambiental", añadió.
Nuevo León presenta una grave problemática con la operación de las pedreras y el Gobierno del Estado NO transparenta si se cuenta con estudios de impacto ambiental y los permisos correspondientes de las empresas que se dedican a la extracción de piedra caliza. Varias de ellas incluso incumplen la Norma ambiental del Estado.
"Desconocemos los datos exactos de cuantas operan en el estado y si cuentan con los permisos necesarios para su funcionamiento. El propio Secretario de Desarrollo Sustentable ha manifestado que existen 41; que no todas las pedreras cumplen las normas establecidas y que están en proceso de regularización. Aquí cabe preguntar por qué operan si no cumplen con las normas".
"El Secretario debe ordenar el cierre inmediato de las empresas que no cumplan la normatividad; aplicar las sanciones correspondientes y determinar el posible daño ecológico. No es justificación, ni lo exime de responsabilidad, afirmar que cuenta con poco personal para la supervisión de las pedreras. Con su omisión está violando el derecho a la salud de los habitantes de Nuevo León", aseguró la legisladora.
Karina Barrón recordó que el pasado 27 de junio de 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente turnó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 35 denuncias ciudadanas contra pedreras, recibidas en la Delegación federal de la PROFEPA en Nuevo León, por lo que: "habrá que preguntar cómo fueron resueltas, a más de seis meses de su recepción".
De las 32 áreas naturales protegidas que existen en la entidad: 29 son estatales y 3 federales. El caso de la ubicada en el municipio de Santiago, corresponde al Estado su vigilancia.
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