Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: José Luis Santos Martínez.

El derecho a la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la infancia y el progreso de la sociedad.

En Nuevo León, este derecho adquiere una relevancia especial debido a la necesidad de formar ciudadanos preparados para enfrentar los retos del futuro. La educación no solo brinda conocimientos, sino que también fomenta valores, habilidades y oportunidades que permiten reducir las desigualdades sociales y económicas. Garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación digna es esencial para el bienestar y el crecimiento del estado.

Sin embargo, este derecho se ve amenazado por diversas problemáticas, entre ellas la falta de infraestructura adecuada y la inseguridad en las instituciones educativas. Muchas escuelas en Nuevo León han sido víctimas de robos y actos vandálicos que afectan directamente la calidad de la educación. Cuando una escuela es saqueada, los niños pierden materiales esenciales como computadoras, libros y equipo didáctico, lo que limita su aprendizaje y desarrollo.

La importancia de prevenir y evitar robos en las escuelas es multifacética y abarca varios aspectos cruciales para el bienestar de los estudiantes, el personal educativo y la comunidad en general, debemos de estar conscientes que la seguridad de los estudiantes es una prioridad fundamental y que las instituciones sean objeto de robos pueden crear un ambiente de inseguridad que afecta negativamente el bienestar emocional y psicológico de los estudiantes. Un entorno seguro es esencial para fomentar un aprendizaje efectivo y el desarrollo integral de los estudiantes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL), arroja según sus cifras que los robos a instituciones educativas van en aumento en los últimos años, registrando 670 casos desde el 2022 hasta enero del 2025, siendo una parte de estos con violencia. El robo de equipo, como computadoras, ventiladores y aires acondicionados, es el más común entre las escuelas de la entidad, pero el cableado eléctrico, transformadores y hasta medidores es también una práctica muy recurrente de los amantes de lo ajeno.

Es por ello que ante el aumento de robos en las escuelas, es necesario endurecer las sanciones contra quienes cometen estos delitos. Las personas que sustraen materiales educativos no solo afectan el patrimonio de una institución, sino que también perjudican el futuro de miles de niños que dependen de esos recursos para su aprendizaje.

Agravar las penas para estos actos delictivos enviaría un mensaje claro sobre la importancia de proteger la educación y garantizar que nadie atente contra el derecho de los niños a aprender en un entorno seguro.

Para Acción Nacional, la educación es un derecho fundamental que debe ser protegido con firmeza en Nuevo León. Los robos y actos vandálicos en las escuelas representan una amenaza grave para el desarrollo de la niñez y el progreso del estado.

Para combatir esta problemática, es imprescindible reforzar las penas debido a que solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá garantizar que todos los niños tengan acceso a una enseñanza digna y de calidad.

Es por ello que propusimos una reforma al Código Penal de Nuevo León que va encaminada a reformar el artículo 16 Bis para clasificar los robos a instituciones educativas como un delito grave y una adición de una fracción al artículo 374, a fin de establecer una agravante para aquellos casos en donde se realice un robo a instituciones educativas, ya sean públicas o privadas.