Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Miguel Ángel García Lechuga.

"Una imagen vale más que mil palabras".

La frase antes mencionada, refleja la importancia de utilizar instrumentos que permitan mediar las interacciones entre los elementos de seguridad y la ciudadanía, para que particularmente sirvan en el accionar de manera honrada y apegada a la ley de todos aquellos que tienen como obligación constitucional, salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de cada uno de nosotros. En la actualidad y desde un conocimiento empírico, puedo mencionar como el abuso de elementos de seguridad constituye una problemática de interés sociológico y un objeto de preocupación social derivado de las violaciones de derechos humanos.

Los totales de quejas donde se consideran presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos a integrantes de corporaciones policiales nos dan sólo una idea de la frecuencia de estos casos, de prácticas que, sin llegar a saber su real dimensión, los varios cientos de casos anuales evidencian su carácter sistemático.

Es importante resaltar que al segundo semestre de 2024, la percepción de inseguridad en México, ha sido de 59.4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbano (ENSU 2024), al incrementarse la brecha de género, un 65.1% de mujeres que reportaron inseguridad frente al 52.4% de los hombres, en un contexto de ataques directos por parte de la delincuencia organizada y de desconfianza por parte de las corporaciones e integrantes de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, aporta resultados que, sin duda alguna, no debemos de pasar por alto nosotros como legisladores, ya que la percepción de corrupción respecto a las autoridades, 7 de cada 10 mexicanos de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta y 6 de cada 10 consideran que la policía estatal y la policía preventiva municipal también son corruptos.

A nivel local, los últimos datos publicados de la ENSU, hasta el mes de junio del 2024, Monterrey era el municipio con peor percepción de inseguridad dentro del área metropolitana, en el que 7 de cada 10 regios, se sentían inseguros, mientras que 5 de cada 10 ciudadanos de los municipios de Guadalupe, Escobedo y Santa Catarina, de igual manera, expresaban sentirse inseguros. Caso contrario a los municipios de San Nicolás y San Pedro, en los que solo 3 de cada 10 nicolaítas y 2 de cada 10 sampetrinos se sentían inseguros.

A lo largo del tiempo hemos sido testigos de múltiples abusos policiales que se han presentado por parte de elementos de seguridad pública estatal y municipal e incluso muchos de ellos, han quedado evidenciados y capturados a través de redes sociales; esto es que la corrupción, el abuso policial y la impunidad sistemática prevaleciente en las corporaciones encargadas de la seguridad pública, mismas que han contribuido significativamente a la fragmentación de la confianza ciudadana y, por ende, continúa siendo una de las demandas más sensibles de la de la población.

Por otra parte, hay que mencionar que la corrupción y el abuso por parte de la autoridad, son ingredientes que nuestras instituciones policiales padecen debido a condiciones estructurales creadas desde el poder político, que la ha formado a su modo para mantener el control social y aprovechar los beneficios que sus características permiten, por lo que con frecuencia, el nombramiento de mandos policiales, muchas veces operan más al servicio de intereses políticos y no tienen incentivos para actuar en favor de la población, en tanto fueron nombrados por un jefe político, que también es el encargado de removerlos y, por tanto, los usa según sus propias necesidades e intereses, que no siempre son los del pueblo.

Ahora bien, la innovación tecnológica es una herramienta necesaria y estratégica para agilizar en el corto y mediano plazo, la recuperación de la confianza ciudadana en las corporaciones responsables de la seguridad pública y protección ciudadana en nuestro estado y en nuestros municipios. Esto es que, el uso de dispositivos corporales de video grabación digitales conocidos, como cámaras corporales constituye una alternativa viable que garantizará de manera objetiva y transparente el desempeño de las funciones que ejercen las y los elementos encargados de la seguridad pública de orden estatal y municipal.

Actualmente elementos tecnológicos como las cámaras corporales han adquirido diversos usos entre ellos el que las imágenes y sonidos obtenidos en el marco de una intervención policial pueden servir tanto para obtener información relativa a la comisión de hechos delictivos o de infractores a la ley, así como constituirse en prueba judicial.

La utilización de sistemas de video vigilancia también es utilizada para controlar la actividad desempeñada por los cuerpos policiales para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pudiendo comprobar mediante estos mecanismos la proporcionalidad en las diferentes intervenciones policiales. Por este motivo, países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido exigen el uso de cámaras corporales por parte de los agentes del orden a efectos de controlar su actividad.

Junto con lo antes mencionado, hay textos que plantean que al monitorear los encuentros se espera reducir la violencia entre la policía y los civiles y especialmente actos de corrupción, así como también, aumentar la confianza y la legitimidad de la institución policial y mejorar la evidencia en las capturas policiales.

Cabe resaltar, que el uso de cámaras en general, se convierten en una especie de "observador externo" capaz de disuadir a la policía de una mala actuación, al tiempo que incentivan al sospechoso a controlar su propio comportamiento, también servirán como mecanismos de defensa o prueba en contra de arbitrariedades, así como contribuir a reducir los abusos policiales que se han presentado.

Estos dispositivos aumentarían la transparencia y la responsabilidad al recopilar imágenes directamente en el lugar de los hechos; se trata en gran medida de hacer públicas "las interacciones ocultas" entre la policía y los civiles, eliminando la necesidad de una casualidad fortuita al grabar de forma continua el campo de visión de los policías en el terreno y en el día a día de sus actividades cotidianas

Es por lo anterior que propusimos modificar y adicionar diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública Estatal, con el objeto de regular de manera obligatoria, el uso de cámaras corporales en los uniformes de los agentes de las instituciones de seguridad pública y que deberán activar durante sus funciones, en todo momento.