Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Miguel Ángel García Lechuga.

El pasado 30 de octubre del presente año recibimos en la oficialía de partes de este recinto, los Informes de los Resultados emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas de los sujetos de fiscalización correspondientes al ejercicio 2023.

Primeramente, hay que señalar que la fiscalización de las cuentas públicas de los municipios es una actividad fundamental que nos garantiza la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este proceso permite que se supervise el destino y la administración de los fondos, asegurando que los mismos se utilicen de manera correcta y en beneficio de la comunidad.

Al evaluar de manera rigurosa la gestión de los recursos municipales, se busca no solo prevenir el mal uso de los fondos, sino también establecer una cultura de respuesta. Sin embargo, el gobierno de Santa Catarina encabezado por el Alcalde Jesús Ángel Nava Rivera, por segundo año consecutivo es señalado por la Auditoría en su informe de revisión de cuenta pública por no solventar las observaciones señaladas y estas, ascienden a más de 273 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado de manera previa a la presentación este Informe de los Resultados ante el Congreso, ya había dado a conocer al municipio de Santa Catarina las observaciones preliminares, a efecto de que presentara las justificaciones y aclaraciones que correspondían, pero este último, hizo caso omiso, o peor aún, presentó justificaciones falsas.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y resalta una gestión pública irresponsable por parte del gobierno municipal. La falta de justificación en el uso de esta cuantiosa suma, genera preocupación entre los ciudadanos, quienes exigen claridad y respuestas ante posibles irregularidades en el manejo del dinero público.

El Municipio de Santa Catarina, como ente público, tiene la responsabilidad de garantizar que los fondos asignados sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de sus habitantes. La cifra de más de 273 millones de pesos, que no fue solventada en el informe de fiscalización 2023, representa una parte considerable de los recursos que podrían haber sido destinados a servicios básicos, como infraestructura, salud, educación y otras áreas fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

El hecho de que el Municipio no haya proporcionado la documentación o justificación correspondiente para el uso de estos recursos, genera dudas sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones presupuestarias de la administración.

Por ejemplo, hay gastos por más de 8 millones y medio de pesos, por concepto de servicio administrado de cuatro unidades móviles equipadas con consultorios médicos y odontólogos por un periodo de seis meses. Lo preocupante de esto, es que el gobierno municipal no exhibió ni proporcionó bitácoras que identifiquen horas, lugares, fechas de la atención otorgada a cada uno de los pacientes y las recetas emitidas para cada uno de ellos por parte del médico tratante como evidencia del servicio otorgado por parte del proveedor.

A su vez, de los registros de pacientes proporcionados el municipio de Santa Catarina menciona que se les dio el servicio médico a solo 149 pacientes atendidos y tomando como referencia dicha cifra representaría un costo individual de $58,160 por persona.

Es más que claro, que la falta de claridad en la asignación de los recursos puede derivar en una percepción de desconfianza en las autoridades locales, afectando la relación entre el gobierno municipal y los ciudadanos, quienes pueden sentir que los recursos no se destinan a mejorar sus condiciones de vida.

En el caso de Santa Catarina, la Auditoría identificó observaciones que en su momento debieron ser atendidas y solventadas por el municipio en un período determinado. Si la administración no respondió a estas observaciones con la documentación correspondiente y no justificó el uso de estos fondos, podrían imponerse sanciones legales que incluyan desde multas hasta denuncias penales contra los responsables.

La falta de justificación de montos tan altos impide la asignación efectiva de recursos a proyectos de desarrollo, lo que podría haberse convertido en mejoras visibles como obras de infraestructura, programas sociales o apoyo en áreas clave como la seguridad y el medio. ambiente. Esto afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de Santa Catarina, quienes esperan que sus impuestos y las aportaciones estatales y federales se traduzcan en beneficios tangibles para su bienestar.

Finalmente, señalar que adicional a los actos mencionados con anterioridad, descaradamente el Gobierno de Santa Catarina, aquel gobierno que tiene casi 800 millones de pesos sin decirnos donde están, nos viene a solicitar el incremento del impuesto predial, claramente es darle un cheque en blanco para que más adelante, se pueden convertir en miles de millones de pesos que se destine a su cartera el Alcalde.