Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Eduardo Leal Buenfil.
El servicio a la salud es un derecho humano, estipulado y consagrado en diferentes ordenamientos jurídicos que van desde la esfera internacional, nacional, estatal y municipal, es un derecho inalienable que debe ser garantizado por cualquier autoridad, gobierno e institución que tenga dichas atribuciones y obligaciones.
La Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano." El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
Es de voz populi que en Nuevo León carecemos de un servicio de salud digno, pues la mayoría de la infraestructura y personal médico se encuentra asentado en la Zona Metropolitana de Monterrey, en donde dado su alto número de habitantes incluso resultan insuficientes para quienes ahí habitan, creando situaciones en las que a vista de los ciudadanos cada vez es menos eficiente y digno el trato que se recibe en las clínicas de los diferentes sistemas de servicio de salud pública.
Aunado a lo anterior, es preciso esclarecer que el servicio que reciben los ciudadanos neoloneses que habitan en los diferentes municipios rurales del estado, y en la periferia de la ZMM, es raquítico, ineficiente, inhumano, indigno, entre otros, pues todos los centros de salud, incluso hospitales regionales recurrentes a sus ciudades son incapaces de prestar un servicio completo con equipo, y personal médico suficiente y adecuado para resolver sus problemas de salud, esto los orilla a tener la necesidad de ser trasladados a la capital, Monterrey.
Ante esto es necesario conocer de las cifras que dan un entendimiento mayor a la situación expuesta en relación al sistema de ambulancias y como referente podemos analizar a una institución de alto rango como es la Cruz Roja Nuevo León, que tan solo en 2023 contaba con 60 ambulancias, de 200 que requiere para su operación eficiente, ahora bien, según cifras de este mismo instituto, un traslado en el área metropolitana de Monterrey, asciende a una cifra mínima de $1,500 mil quinientos pesos, por lo que resulta imaginable que el traslado de un paciente de un municipio rural resulta impagable para las familias de bajos recursos económicos, esto implica que el paciente no pueda ser tratado en un hospital metropolitano.
Por otro lado, hasta hace 15 meses el estado de Nuevo León carece hasta e un 70% de unidades de ambulancias, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, pues su norma internacional maneja que al menos se debe contar con 4 unidades ambulatorias por cada 100 mil habitantes, por lo que al considerar los poco más de 5.7 millones de habitantes del estado la entidad debe contar con un mínimo de 200 unidades de ambulancias, caso contrario que hasta esta fecha se contaban con un máximo de 74 distribuidas en los diferentes municipios, y tomando en cuenta que el denso de la población habita en el AMM, estas en su mayoría se sitúan en dicha zona, poniendo en desventaja e inequidad a los habitantes de las zonas rurales, y menos favorecidas económicamente.
Como autoridades, debe resultarnos inevitable ser solidarios ante las personas que más vulnerabilidad económica tienen, pues el tener un familiar en situación de enfermedad grave ya resulta un hecho difícil para su propia economía, porque implica gastos imprevistos, sumado a eso, es inimaginable pensar en un posible traslado privado, pues según los datos del mismo medio local antes citado, un servicio varía entre los $800.00 ochocientos y los $5,000.00 cinco mil pesos, lo que representa en su mayoría la totalidad de los ingresos familiares.
Explicado lo anterior, es necesario insistir en que el Estado sea solidario y subsidiario ante esta problemática que aqueja contra uno de los derechos humanos más importantes como es la salud, proveyendo de lo necesario para ayudar a la recuperación de los pacientes y en muchos casos contribuir al cese de los índices de mortalidad a causa de deficiencias con soluciones palpables como son los vehículos ambulatorios, por tanto se considera necesario que el Gobierno del Estado, mismo que es el responsable de velar por los derechos de la ciudadanía y velar por la salud de la misma, a través del Sistema Estatal de Salud, cree un Sistema Estatal de Traslados Ambulatorios, que tenga por objetivo, único el garantizar los traslados de enfermos en situación grave cuando sea requerido.
Dicho Sistema deberá estar reglamentado por la autoridad que compete, y debe priorizar a la ciudadanía de los municipios rurales y con situación económica vulnerable, evitando las demoras y las consecuencias que implica, a través de la adquisición de un patrimonio de vehículos que cumplan con el objetivo de prestar este servicio, siempre bajo las condiciones que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 (Regulación de los Servicios de Salud. Atención Médica Pre hospitalaria), que tiene por objetivo establecer los criterios mínimos que se deben cumplir en la atención médica pre hospitalaria, las características principales del equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en éstas.