Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Por: Luis Susarrey Flores.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en su artículo 4to el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Por su parte, nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículo 49 contempla este derecho y el cual a la letra señala:

Artículo 49.- Todas las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, sostenibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.

Todas las personas tienen derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, accesible e inclusivo y con altos niveles de cobertura territorial. El Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho mediante la conformación e implementación de un sistema integral de movilidad enfocado en favorecer al usuario, incentivando el transporte de bajas emisiones contaminantes, con pleno respeto de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y generando los estímulos necesarios para incrementar la oferta y demanda de este servicio.

En el desarrollo de políticas y obras públicas, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, darán prioridad a peatones y conductores de vehículos no motorizados y se fomentará la cultura de la movilidad sustentable.

A pesar de que este derecho debiera ser garantizado por el gobierno federal y estatal para todos los ciudadanos, vemos como en Nuevo León, no solo no se garantiza este derecho humano a la movilidad, sino que cada vez se afecta más con un gran número de obras públicas municipales y estatales que se encuentran en curso en el estado y que pareciera, se hacen sin una planeación adecuada, violando el derecho a la movilidad de las personas, con mayor énfasis en el peatón, pues en muchos de estos casos, se destruyen banquetas en su totalidad y por tiempo indefinido.

Por mencionar solo uno de los múltiples casos que se encuentran en estas condiciones y que recientemente ha cobrado mayor relevancia en medios de comunicación y redes sociales por el hartazgo de la gente, es el caso de la remodelación del "Centrito Valle" en el municipio de San Pedro Garza García, donde solo basta con acudir a observar la obra, para ver el desorden que de manera simultánea, en lugar de hacerlo por etapas -como ya se han hecho otras obras en este mismo municipio-, la autoridad local decidió prácticamente destruir en su totalidad las banquetas y pasos peatonales que ahí existían, afectando directamente el derecho a la movilidad de las personas.

Lo anterior, sumado a que dichas obras públicas, como suele suceder con los gobiernos que no planean ni proyectan bien las obras a realizarse en el municipio con base en el Plan Municipal de Desarrollo, y hacen un gobierno de ocurrencias e improvisaciones, suelen retrasarse muchísimo tiempo. Por ejemplo, a inicios de este mes de mayo, se tenía contemplado que las obras del "Centrito Valle" estuvieran concluidas, y hoy en día, con solo ver el caos en el que se encuentra la zona, podemos afirmar que faltan muchos meses más para ver esta obra concluida, mientras desafortunadamente siguen afectando a residentes y comerciantes de la zona, afectando sus ingresos y su derecho al libre tránsito y a la movilidad.

Por ello, haciendo eco de la petición de muchos vecinos de esta zona, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional proponemos incorporar a la Ley que bajo ningún motivo o circunstancia se permita que las banquetas o áreas de paso peatonal sean derrumbadas en su totalidad o pongan en situación de riesgo inminente el paso del peatón. Además de que las dependencias y entidades están obligadas a analizar el posible impacto al derecho a la movilidad de los ciudadanos en la construcción de obras municipales y estatales al momento de su planeación para prevenir accidentes como los que se han presentado ya en diversas obras públicas que se encuentran en curso en la entidad.