Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: Nancy Olguín Díaz.
Nuevamente el DIF Capullos vuelve a ser noticia, de acuerdo con diversos medios de comunicación tres menores del centro Capullos huyeron de sus instalaciones por presuntamente sufrir maltrato e intentaron refugiarse en casa de uno de ellos, aunque más tarde fueron encontrados y remitidos.
Es inaceptable que situaciones como estas sucedan, no es el primer acontecimiento de este tipo en lo que va del año, en donde se expone la integridad de los menores que se encuentran instalados en los Centros del DIF, para muestra los siguientes casos:
La lamentable muerte de Ángel en el Centro del DIF Fabriles; la violación de los derechos a la identidad, dos niños huyeron por la madrugada en DIF Capullos y la exposición de niñas y niños por redes sociales de la Titular de la Oficina Amar a Nuevo León.
Queda en evidencia que las personas encargadas o responsables de mantener el orden y la custodia de los menores, no dimensionan la responsabilidad de su encargo o encomienda, yendo más allá, es inhumano y ruin, cuando han tratado de utilizar este centro como plataforma de imagen y publicidad.
No podemos seguir así, lo que sucedió el pasado miércoles 22 de febrero por la madrugada en el centro capullos se debe evitar, recientemente de nuevo surge otro caso similar, ahora este nuevo caso, se ventila el maltrato en menores dentro de las instalaciones del Centro Capullos, por ello, es necesario conocer los mecanismos, acciones, las políticas de cuidado y protección a nuestras niñas, niños y adolescentes que se están llevando a cabo en este Centro.
Es muy seguro que los menores que se han escapado, aprovecharon la ineficiencia e irresponsabilidad de la vigilancia del personal para salir, eso se debe de corregir; por ello, buscamos constituir una Comisión Especial para revisar y vigilar los Presuntos Casos de Agresiones, Fuga y Maltrato en el DIF Capullos, evitando que se estén cometiendo actos que violenten los derechos de nuestros menores que se encuentran albergados en este sitio.
Es necesario que se dé seguimiento puntual a la ejecución de políticas públicas encaminadas a la protección de los menores, así como a las leyes y tratados internacionales que salvaguardan sus garantías.
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