Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Luis Susarrey Flores. En la actualidad, uno de los retos principales que enfrentan las personas físicas y morales, no solo en Nuevo León, sino en todo el mundo, es el entender y adaptarse a la evolución de las tendencias globales. El gran problema medioambiental que atraviesa el mundo entero, ha obligado a organizaciones de la sociedad civil, empresarial, gobiernos y ciudadanos en general a coordinarse y colaborar en políticas que permitan aminorar el impacto ambiental. La Organización Mundial de la Salud (OMS), apenas hace un par de años, en 2018, presentó un análisis sobre la calidad del aire en distintas ciudades de la República Mexicana, mismo en el cual determinó que el nada decoroso título de la "ciudad mas contaminada de México" fue para nuestra zona metropolitana de Monterrey, sin embargo, pese a los esfuerzos aislados que han impulsado algunos gobiernos locales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos en general, etc, esta tendencia ha permanecido y seguimos ocupando ese deshonroso primer lugar, por encima de la Ciudad de México y Toluca, que por años fueron referente de contaminación en el país. Ante este adverso panorama, en nuestro país existen empresas que se distinguen por ser ambientalmente responsables y por implementar en sus procesos prácticas que no perjudiquen al medio ambiente y que cumplen cabalmente con las normas ambientales vigentes, muchas de estas empresas radican en Nuevo León, sin embargo, existen algunas otras que no necesariamente se caracterizan por tener este tipo de empatía con su entorno, y desgraciadamente, estas últimas son más. Pese a los esfuerzos gubernamentales a lo largo de varios sexenios, no se ha podido lograr un mecanismo eficiente donde se impulse al sector púbico y privado a consolidar una perspectiva de cuidado y protección ambiental en todas sus labores, políticas o acciones diarias. Con mayor énfasis en las empresas, las cuales, ante este escenario de crisis ambiental mundial, algunas de ellas han hecho esfuerzos para trabajar con un sentido de responsabilidad y considerando la preservación ambiental y la biodiversidad como un valor fundamental que antes no era común. En este sentido, vemos con tristeza que el Gobierno Federal parece haber abandonado la política del cuidado del medio ambiente, simplemente parece no ser prioridad en su administración y no solo eso, si no que le apuesta a invertir en fuentes contaminantes como el combustóleo y no en energías limpias. En el periodo de 2015 al 2018, el Gobierno de la República entregó el reconocimiento a la Excelencia Ambiental a 151 empresas públicas y privadas que demostraron un alto compromiso con el ambiente. Simplemente, los gobiernos del pasado tenían un compromiso total con el medio ambiente, y el gobierno actual abandonó este tipo de incentivos para las empresas. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en esos mismos años, premió a aquellas empresas de distintos sectores de la economía que probaron, previa auditoría, tener el compromiso con la preservación del ambiente y una manifiesta responsabilidad social con nuestro país. Por otro lado, en el plano local, el Estado de Querétaro, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial actualmente hace entrega de un Certificado Ambiental a empresas ambientalmente responsables, modelo muy similar al que se plantea en la presente iniciativa. El éxito de este proyecto ha traído muchos beneficios para ese Estado y en la actualidad son cerca de 200 las empresas que se han incorporado al Programa de Certificación Ambiental de esa entidad. Con gran preocupación por el medio ambiente, proponemos la creación de una Certificación titulada "Empresa Limpia", misma que es un modelo diseñado para las industrias, empresas, prestadores de servicios e instituciones privadas ambientalmente responsables que de manera individual y voluntaria sometan a revisión -vía una auditoría ambiental bajo los lineamientos que así considere la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado-, sus procesos productivos y políticas ambientales, con el objetivo que alentar a las industrias al cumplimiento voluntario de la normatividad ambiental vigente.