Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Eduardo Leal Buenfil. La crisis de salud que vive el mundo, a raíz de la pandemia COVID-19 que atenta contra la humanidad, ha provocado una crisis económica para todos los mexicanos. El 27 de febrero del año 2020, específicamente como el primer registro de caso positivo de COVID-19 en nuestro país, mismo que se fue propagando hasta la llegada del primer caso en el estado de Nuevo León, donde hoy se vive una incertidumbre económica, pues un porcentaje de la población ha perdido sus empleos a consecuencia de la parálisis de los sectores económicos por el confinamiento sugerido por las autoridades federales y estatales desde el 30 de marzo del presente año. Las familias de Nuevo León que se encuentran en situación de vulnerabilidad después de tener como reto el ganar la lucha contra el coronavirus SARS CoV-2, luchan aún con un reto mayor; el de solventar los gastos económicos familiares que les permitan tener los alimentos básicos, para continuar con una vida digna e integridad social. En Nuevo León debido a la suspensión de actividades denominadas como no esenciales en el ámbito público, privado y social, se vuelve insostenible la economía familiar, pues no existen los mecanismos para generar ingreso en las familias, mismas que al menos hasta el 02 de julio del presente año, según las estadísticas del Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaria de Salud, suman 12,380 casos confirmados. Esta emergencia sanitaria ha provocado la pobreza y desigualdad en el Estado, pues es útil recordar que en Nuevo León según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019, 310 mil 860 personas trabajan en el sector informal, un 80% de aquellas que lo hacen por su cuenta de la población económicamente activa, mismas que en gran proporción han perdido sus ingresos. De acuerdo con la Coparmex, Nuevo León ha perdido hasta el mes de mayo 72 mil 214 empleos formales entre permanentes y eventuales, representando un 90% del porcentaje de empleos perdidos a nivel nacional. A su vez su presidente Gustavo de Hoyos Walther propuso y exhorto que es indispensable el apoyo del sector público para la reactivación económica, sugiriendo impulsar el salario solidario y el seguro solidario, equivalente a un salario mínimo por seis meses a aquellas personas que perdieron su empleo a raíz de la pandemia. Dado a esto, existen organizaciones de carácter internacional que han sugerido un ingreso básico universal o vital ejemplo de ellos, la Comisión Económica para América Latica y el Caribe (CEPAL), misma que plantea ayudar a la población más vulnerable, proponiendo una entrega de ingreso básico de emergencia que posibilite al beneficiado la compra de una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas, esto durante un periodo de 6 meses, en especial a la población en pobreza. Así mismo en el sistema internacional existen diferentes ejemplos en los que el estado se ha solidarizado en medida de una política que vele por los intereses y la estabilidad económica de sus naciones, por mencionar algunos ejemplos; Argentina con un apoyo aproximado al equivalente de 3,000 pesos mexicanos, llamado "Ingreso familiar de emergencia", dirigida a la población en pobreza por causas de la pandemia. Brasil con su política denominada Ayuda de Emergencia, con el propósito de crear protección para afrontar la crisis económica derivada del coronavirus SARS CoV-2, este programa focalizado y segmentado a todo el sector informal, trabajadores independientes y desempleados. Los Estados a su vez dentro de la república mexicana han replicado este tipo de medidas en las cuales se busca fortalecer las economías de las familias para evitar mayores daños a futuro de lo que se espera en la recesión, ejemplo de ello, el gobierno del Estado de Querétaro en donde se brinda una fuente de ingresos a todos aquellos quienes hayan perdido su empleo a causa de la crisis sanitaria, programa al cual se le ha llamado Querétaro fuerte. Por otra parte la Ciudad de México ha desarrollado políticas en favor del universo de la población de actividades informales. Por su parte el Estado de Yucatán hace hincapié en los diversos sectores económicos, mediante la incentivación a las empresas en su mayoría pesqueras y agrícolas, lo cual les permitirá en un futuro fortalecer y asegurar el empleo de miles de habitantes. Nuevo León siempre ha sido ejemplo nacional en cuanto a su industria y cultura del trabajo, hoy para cualquier estado de la república es un reto mantener el bienestar económico de sus habitantes. En el mes de julio de 2020, nos encontramos con una cifra elevada de pérdidas de empleo, pero peor aún ante una cifra de contagios promedia de 650 casos diarios. La reapertura de diversos sectores ante la nueva realidad en nuestro estado, provocó una serie de contagios a mayoreo, pero de igual forma la necesidad de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad propician a no acatar las medidas sanitarias, para proteger las vidas de los nuevoleoneses, pues es imposible quedarse en casa cuando existe la necesidad de alimentar una familia, y cubrir el gasto de servicios básicos en el hogar. Las personas contagiadas deben tener la garantía que existe la protección del Estado solidario para asegurar que su familia tenga los insumos necesarios para un desarrollo digno y evitar así los contagios, pues de lo contrario las cifras serán exorbitantes en los próximos meses. Es así como, solidarizados y con mucho compromiso como representantes de los ciudadanos de Nuevo León, mismos que hoy vivimos una crisis sanitaria, pero en mayor medida económica, se considera indispensable proponer un Ingreso Básico Vital para todas aquellas personas que han resultado positivo portadores del virus SARS CoV-2 que provoca la enfermedad denominada COVID-19 o de cualquier pandemia o epidemia sanitaria que en el futuro se pueda presentar en nuestro estado. A la vez, se prevé que dicho programa sea aplicable a los damnificados de un fenómeno meteorológico o a las víctimas de un desastre natural, a fin de establecer varios supuestos en los que, por caso fortuito o fuerza mayor, la persona queda en situación de vulnerabilidad.