Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

A fin de evitar casos de fraude por parte de "escuelas patito", el Grupo Legislativo del PAN presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar como delito la impartición ilícita de educación.

La Diputada Rosa Isela Castro Flores hizo la propuesta para modificar el artículo 459 de dicho código para que se imponga sanción de dos a cinco años de prisión y multa de mil a 2 mil cuotas a los propietarios y administradores de instituciones que presten un servicio educativo sin que cuenten con la autorización de validez oficial de estudios.

"La Ley de Educación del Estado consigna en su artócu8lo 11 que ninguna institución educativa está autorizada para exhibir en su propaganda o documentación leyendas alusivas al registro en trámite de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, la Ley General de Educación en su artículo 59 sí menciona la obligación de los planteles que no cuentan con ella de exhibirla en su correspondiente documentación y publicidad hecho que no siempre sucede y que da pie al engaño.

"Las personas que han resultado afectados, manifiestan no haber sido informados de esta situación y al darse cuenta hasta el momento de presentar como requisito el título certificado correspondiente y que no les fue otorgado por carecer la institución en la que realizaron sus estudios de autorización o de validez oficial de estudios se encuentran en la indefensión", expuso.

La Legisladora indicó que en la zona metropolitana de Monterrey no existe un padrón que establezca el número de exacto de planteles, su tipo y su modalidad, o el número de población que se atiende, lo que contribuye que muchas de ellas se encuentren operando sin conocimiento de la autoridad.

Lo que da pie, añadió, a que se establezcan escuelas que no sólo cuentan con lo más esencial para su funcionamiento, sino que muchas veces no acreditan el registro de Validez Oficial.

Castro Flores consideró que esta situación resulta grave, pues e afecta a la persona no sólo en el ámbito económico, sino también en las oportunidades de una mejora laboral.

"De este manera se propone proteger el bien público sobre los interese particulares, se fortalece el estado de derecho y se garantiza a la población que sin inversión de dinero y tiempo para realizar estudios de cualquier tipo y no correr el resigo de ser defraudada por particulares sin escrúpulos", manifestó.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su análisis.