Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Claudia Caballero Chávez.

Como es de conocimiento el pasado 15 de mayo de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia educativa en el Diario Oficial de la Federación, la cual estableció diversas obligaciones relativas a la creación y armonización de leyes en la materia.

A razón de ello se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 18 de julio del presente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación, presentada por diversos coordinadores de los grupos parlamentarios de dicha Cámara, por lo que actualmente ésta se encuentra en análisis y estudio.

Dicha Iniciativa resulta preocupante, no solamente porque queda en materia de duda, la necesidad de contar con nueva legislación, cuando los transitorios quinto y séptimo de la reforma constitucional establecen la realización y reformas a leyes secundarias, no Generales como ésta, sino por su contenido, ya que presenta múltiples redundancias, imprecisiones y dispersión en sus disposiciones.

Tal es el caso, y por mencionar solo algunos aspectos, establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación, es decir, que la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley corresponderá a los ejecutivos de las entidades federativas y a los Ayuntamiento de cada Municipio de México, lo cual implica atribuciones que actualmente no tienen y que por lo tanto, un cambio así requiere de un estudio y análisis a profundidad sobre la capacidad que éstos pudieran tener para convertirse en una autoridad educativa.

Asimismo, por otro lado, establece directrices del Programa Nacional de Educación de la administración federal actual, más que ser una ley que regule el sistema educativo nacional. Asimismo, habla sobre reorientar a dicho Sistema, en vez de focalizarse en el origen normativo de una ley. Pareciera más el objetivo de un programa o política pública que el de una Ley General.

El proyecto de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación también norma sobre una diversidad de apoyos, becas y acciones que habría que considerar en los presupuestos anuales que se asignen para el sector educativo. Además de que las becas serán asignadas por la Secretaría, lo cual implica un proceso bastante complicado a nivel nacional para dar correcta atención a los y las alumnas que así lo requieran de todos los planteles educativos del país.

Asimismo, establece términos imprecisos o confusos como el de la "nueva escuela mexicana", el de "posdoctorado" y el de una "orientación integral" para el pleno desarrollo de la personalidad de las personas.

Y qué decir de lo dispuesto en los artículos transitorios, los cuales establecen que en solo un año, es decir para el ciclo escolar 2020-2021, los materiales didácticos deben cumplir con lo establecido por la ley en la materia.

Estamos, al igual que muchos ciudadanos y organizaciones civiles que así lo han manifestado, a favor de proteger el derecho a la educación que todo mexicano y mexicana tiene, sin embargo tenemos el firme compromiso de velar porque no se atente contra los derechos sociales además de que por carecer de técnica legislativa se apruebe una norma que no cumpla con los principios de certeza y que no brinde seguridad jurídica a los ciudadanos.