Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDÉZ

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

Los suscritos ciudadanos Diputados e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Nuevo León, y 122 Bis, 122 Bis1 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente, tiene como punto de partida, los hechos ocurridos el pasado martes 4 de junio de 2019, cuando, a decir de un comunicado de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, personal del área de Administración de este organismo efectuaba pagos por medio de la banca electrónica y durante el proceso el equipo de cómputo utilizado para estas operaciones se "inhibió" imposibilitando concluir las operaciones que de manera ordinaria se realizan. Solicitando, ante ese problema, apoyo técnico de la institución bancaria y del departamento de informática de la Comisión. Encontrando que al ingresar de nueva cuenta al portal bancario la realización de dos operaciones no reconocidas por un monto total de 3,950,000.00 (tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la propia Comisión refirió en dicho documento, que se dió aviso inmediato a la institución bancaria y se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, por lo que ambas instancias se encuentran investigando los referidos hechos. Así como que la propia Comisión investiga a través de su Órgano Interno de Control. La Comisión Estatal de Derechos Humanos mencionó que no había hecho público lo ocurrido para no entorpecer las investigaciones, guardando el sigilo necesario.

Independientemente de la forma o medio en que un hecho de tal magnitud sin precedentes se dio lugar, es de suma delicadeza lo ocurrido, no solamente porque atañe a un Organismo Público Autónomo, sino porque hablamos de recursos públicos que se utilizan para el cumplimiento del objetivo de la institución que es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos consagrados en el orden jurídico vigente.

Esto es lo que realmente nos resulta preocupante, porque además de que es obligación del organismo velar por la correcta administración de los recursos que se le destinan, es un derecho ciudadano el conocer el destino y uso de los dineros públicos.

Es por ello que llaman la atención situaciones como ésta, pues aunque la misma Comisión alegó no proporcionar ninguna información sobre lo ocurrido para no interferir con investigaciones, lo cual es comprensible, aun así se requirió que un medio de comunicación local lo publicara, para que hubiese una postura oficial del organismo.

Hablamos de que el monto del cual se desconocen las operaciones es por aproximadamente el 6% del presupuesto anual asignado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para este año.

Es algo que se debe investigar externamente pero también al interior del propio Organismo, pues evidentemente algo salió mal, y se deben tomar las medidas correspondientes para que jamás vuelva a suceder que se "desaparezcan" de pronto millones de pesos producto de los recursos públicos.

No es un asunto menor, y aunque se esté llevando ya una investigación, un tema tan sensible como la razón de ser de ese organismo, no puede quedar empañado porque en algún momento existió una falla en las operaciones que éste realiza. Es lamentable que existan este tipo de casos que pongan en tela de duda las acciones de la Comisión.

Por otro lado, es atribución Constitucional de esta Soberanía, revisar, vigilar y evaluar la aplicación, uso y destino de los recursos públicos, administrados o recibidos por sujetos de fiscalización, incluso el otorgamiento y aplicación de subsidios e incentivos fiscales. Así como el verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Y en aras de transparentar la utilización de los recursos aprobados por esa Soberanía a dicho Organismo, y de mantener informada, en lo conducente, a la ciudadanía del uso y destino de los mismos, es que sometemos a consideración de esta Soberanía el que se vote en este momento, el siguiente proyecto de:

ACUERDO

ÚNICO.- LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIONES IV Y XIII Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN ACUERDA ENVIAR UN RESPETUOSO EXHORTO A LA TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LEÓN, CIUDADANA SOFÍA VELASCO BECERRA, A FIN DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL USO Y DESTINO QUE SE ESTÁ DANDO A LOS RECURSOS APROBADOS PARA DICHO ORGANISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN PARTICULAR SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADOS EN ESTE AÑO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO, ASIMISMO, SE LE EXHORTA A QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE, UN HECHO COMO EL DESCONOCIMIENTO DE LO SUCEDIDO CON LA CANTIDAD DE 3,950,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) NO VUELVA A OCURRIR Y SE SALVAGUARDEN CORRECTAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES.

A T E N T A M E N T E

Monterrey, N. L. a 12 de junio de 2019.

DIPUTADA CLAUDIA CABALLERO CHÁVEZ

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL