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Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

• La ley es aplicable para el 2018, asegura el Coordinador de Diputados Locales del PAN.

• Adelantó que la paridad, candidaturas independientes, reelección, financiamiento público y candidaturas comunes también serán avaladas.

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación dio la razón al Congreso Local al avalar la Ley Electoral aprobada en el poder legislativo del pasado 28 de junio, aseguró Arturo Salinas Garza.

"La ley es aplicable para el 2018, el periodo electoral inicia en Noviembre como le determinamos en la ley. Es un tema que no había lugar a dudas, desafortunadamente hubo muchos intentos del Gobernador a meter presión a la Comisión Estatal Electoral y su presidente para tratar de establecer una fecha distinta, que creo que era en Octubre. Creo que al final del día con una decisión y apoyo mayoritario de los Ministros de la Corte se determinó claramente que la ley, que la reforma que hicimos está vigente y aplica para el 2018 y el periodo electoral, un año, inicia en Noviembre. Esto pone fin a las discusiones que se habían venido dando desde el 29 de junio que aprobamos la ley y bueno, al final la Corte que es la última palabra, nos dio la razón", enfatizó el Coordinador de Diputados Locales de Acción Nacional.

"Esto demuestra que el Congreso actuó apegado a la ley, cumpliendo una reforma con los parámetros que la constitución nos señala y lo que la Corte nos ha venido señalando en los últimos años, como lo dijimos hay que saber Derecho Electoral y hay que aplicarlo en una ley que estuvo perfectamente cuidada, que cumple con todos sus extremos y que la Corte hoy lo valida", añadió.

Salinas Garza adelantó que en cuanto a los demás temas específicos como paridad, candidaturas independientes, reelección, financiamiento público y candidaturas comunes serán validados por la Corte bajo los mismos criterios y podrán aplicarse para el 2018.

El Coordinador de la bancada del PAN manifestó que fue clara la postura de los ministros sobre la responsabilidad del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón de omitir la publicación de la reforma.