Autor: Grupo Legislativo PAN
Con el objetivo de establecer las bases de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal con el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobamos la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción.
Objetivos:
-Crear las bases mínimas de hechos de corrupción y faltas administrativas.
-Instaurar los principios para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la finalización, fiscalización y control de recursos públicos.
-Fundar las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción,
-regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, su comité coordinador y su secretaría ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.
-Establecer la estructura, forma y Procedimientos para la organización y funcionamiento del comité de participación ciudadana
-Dotar los principios y políticas para la promoción, Fomento y difusión de la Cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos.
-Asentar las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano en el estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en los servicios públicos.
-Señalar el techo mínimo para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órganos de gobierno.
-Promover, fomentar y difundir entre la ciudadanía las obligaciones de los servidores públicos, la Cultura de la legalidad y transcendencia del uso de los mecanismos de participación ciudadana particularmente de los vinculados al respecto de la legalidad y el combate a la corrupción.
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