Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: Arturo Salinas Garza.
Tenemos
poco más de una semana en que se revisó por la Comisión de Hacienda del Estado
y se dictaminó la Reestructura del Gobierno, pero también es importante señalar
que durante la sesión en la cual aprobamos ese dictamen, porque yo soy miembro
de la Comisión de Hacienda del Estado, señalamos diversos puntos y requisitos,
dudas, que requeríamos antes de llegar a este Pleno.
Hay
que señalar que los integrantes de Acción Nacional estamos a favor de la
reestructura del Gobierno del estado, así lo hemos señalado, así lo hemos
manifestado, así lo hemos demostrado con el voto de la Comisión de Hacienda,
sin embargo aprobando la reestructura de más de 40 mil millones de pesos al
Gobierno del estado es un tema de mucha responsabilidad y sobre todo es un tema
en donde tenemos que garantizar que verdaderamente existan ahorros, para el
Gobierno del estado y que en su caso los flujos que se liberen sean bien
aprovechados.
Cuando
discutimos el dictamen en la Comisión de Hacienda, dejamos unos
cuestionamientos que estaban pendientes de aclarar y que siguen en este momento
pendientes de aclarar y los cito:
1.-
Cuestionamos que la fecha de "caducidad" de la autorización, se
traslada durante 18 meses dejando una laguna respectiva al referirse a una o
más reestructuras que puedan conducirse en el plazo.
Es
decir, estamos dando un cheque en blanco, estamos dando una autorización
genérica para que el estado pueda realizar cuantas reestructuras quiera de aquí
a un término de 18 meses, nosotros señalábamos y nos preguntamos, y solicitamos
la información del porqué era importante ese plazo y qué otras reestructuras se
pensaban hacer durante ese periodo.
2.-
Seguimos con la incertidumbre del porqué de la limitación del porcentaje
establecido en la Garantía de Pago Oportuno (GPO) la cual si bien es importante
conocerla, insistimos en que no es una facultad de este Poder Legislativo y
mucho menos el establecimiento del porcentaje.
Este
tema es sumamente grave porque nosotros como autoridad solamente podemos hacer
aquello a lo que expresamente estamos facultados y no es menor señalar que ha
habido casos como Quintana Roo, Veracruz y Coahuila en donde se ha fincado
responsabilidades por estos temas a integrantes del Congreso, de la función
pública por temas que no refieren a una facultad específica de este
Legislativo.
Aunado
a lo anterior, los costos de apertura o comisiones de apertura de las
estructuras financieras no fueron estimadas, lo que limita la aplicación de los
flujos negativos a considerarse en las corridas financieras sumadas a los
cargos por prepago y al costo del GPO pues reducen los flujos de efectivo del
primer año y sucesivamente en cada renovación de dicha garantía. No obstante lo
anterior, tampoco está incluida esta consideración dentro de la corrida
financiera enviada y estimada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado.
3.-
Asimismo, en el manejo de los recursos de reservas que se liberan, hemos
insistido en la explicación del porqué un Legislativo es el encargado de
autorizar la forma de su uso al ser recursos líquidos disponibles para el
Estado. Más aún, reglamentar sin facultades su destino, deja en el limbo legal
el proceso futuro de las garantías de fondeo en caso de falla en el pago.
Hemos
hablado a la ciudadanía con la verdad respecto al verdadero costo final de la
posible reestructura (15 mil millones de pesos más) que bajo la ficticia
consideración de un Valor Presente Neto, "algunos" tratan de encubrir
una realidad. De ser aprobada la reestructura del Bronco en los términos que
solicita, terminaría un costo monetario mayor para las futuras generaciones que
inclusive el considerado monto de Deuda que dejó Medina, podemos hacer un
balance entre lo deseable y lo posible, y ser responsables respecto a lo que
urge hoy y cómo hacer las cosas con lo
que no urge.
Creemos
en la necesidad de recomponer las finanzas del estado, creemos en la necesidad
de realizar una reestructura de los adeudos centralizados, creemos en la liberación
de recursos indispensables para mantener un rumbo específico para ayudar a los
esquemas de seguridad de este Estado que hoy en día son un desastre, creemos
que debemos hacer lo correcto y hacer lo correcto es estar seguros de lo que
estamos autorizando en este Congreso, y que lo que estamos autorizando es
jurídicamente lo correcto.
Por
esta razón, solicitamos en bien de la ciudadanía que el dictamen de
restructuración conlleve a un análisis más profundo, que sea nuevamente
revisado, que se tomen a detalle en cuenta estas situaciones y observaciones
señaladas, y que en el mejor de los casos se solicite la presencia del
Ejecutivo, del Tesorero, para que vengan a discutir con nosotros estas dudas,
hagan las aclaraciones, las correcciones correspondientes que permitan la
seguridad financiera del Estado esté blindado, el Dictamen que se apruebe por
este Congreso debe tener una certeza que garantice que los recursos de hoy
pueden ayudar a mejorar la seguridad, y que no nos arrepintamos el día de
mañana de haber liberado recursos presentes solo para gasto corriente.
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