Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP.  DANIEL CARRILLO MARTINEZ

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE NUEVO LEON.

 

PRESENTE.-

 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo previsto en los artículos 123 Y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, con el debido respeto ocurrimos ante esta Tribuna a proponer la aprobación de un punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

               

Los ciudadanos de Nuevo León comienzan a estar  decepcionados de este Gobierno del Estado y en tan sólo 5 meses hemos pasado de la esperanza a la desilusión.

Atrás quedó aquel candidato que prometió un mejor futuro para nuestro Estado, atrás quedaron aquellas promesas de un gobierno honesto y transparente, atrás quedó aquella frase de "La raza paga, la raza manda".

En el gobierno del Estado de Jaime Rodríguez Calderón se han caracterizado por decir una cosa y hacer otra totalmente contraria: en campaña dijo que iba a meter a los corruptos a la cárcel y hasta el día de hoy no ha interpuesto ni una sola denuncia por actos de corrupción en contra de los funcionarios del Gobierno de Rodrigo Medina, los diputados del PAN en estos meses ya hemos interpuesto varias denuncias en contra de este gobierno estatal.

 El famoso Cobijagate destacó a Nuevo León a nivel nacional por este penoso y lamentable hecho que hasta el momento no ha sido resuelto y los neoleoneses siguen esperando resultados por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción que se sancione a los responsables y que se regresen los recursos desviados.

Desafortunadamente, hoy vuelve a salir a la luz pública otro escándalo en la administración estatal y que involucra precisamente al Subprocurador Anticorrupción. Este miércoles 29 de marzo se publicó en diversos medios de comunicación una editorial denominada "El fiscal de manos sucias", del Periodista Raymundo Riva Palacio en él se describe como Ernesto Canales está involucrado en un proceso legal que hoy lo tiene cerca de pisar la cárcel por un fraude de seis millones de dólares según el propio periodista.

El problema en el que se encuentra Canales comenzó hace tres años, como secuela del litigio por la sucesión testamentaria del 16 por ciento de las acciones de Televisa de Emilio El Tigre Azcárraga, a favor de su viuda, Paula Cusi. Los abogados de la señora Cusi, su tercera y penúltima esposa, fueron Canales y César Francisco García Méndez.

Según la investigación periodística, el 28 de abril de 2011, la señora Cusi cedió "todos y cada uno de sus derechos" de la sucesión de El Tigre a Emilio Azcárraga Jean. Canales era el apoderado de la señora Cusi y le informó del finiquito de los 50 mil pesos, pero nada más. Todo se habría quedado ahí, hasta que de manera fortuita, meses después de haber recuperado su libertad, la señora Cusi se enteró por voz de representantes de Televisa que Azcárraga Jean había autorizado que se le diera la contraprestación de seis millones de dólares. La inesperada revelación llevó a la señora Cusi a buscar otros representantes legales y contrató al abogado Jacinto Guillén, quien se convirtió en su apoderado.

Lo primero que hicieron fue cancelar los poderes plenos que tenía Canales y luego procedieron a demandarlo. La denuncia se presentó el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde afirmó el abogado Guillén que Canales y García Méndez "se apoderaron y dispusieron en su beneficio" los seis millones de dólares pagados por Televisa, "obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial" a la señora Cusi. Canales y García Méndez han negado cualquier ilegalidad en su proceder, y el actual fiscal anticorrupción de Nuevo León trató de frenar por todas las vías legales cualquier acción que, se ha visto, lo incriminara. Paradójicamente, cuando El Bronco, como gobernador electo, ya lo tenía en la cabeza como el encargado de combatir la corrupción en Nuevo León, Canales seguía luchando por esconder los pagos que recibió de Televisa que nunca reportó a quien era su cliente.

Lo que Canales buscaba, de acuerdo con la documentación analizada sobre el caso, era evitar que Televisa mostrara los documentos de las transferencias de los seis millones de dólares que nunca reportó a la señora Cusi. Desde febrero del año pasado, Canales buscó impedir la instrucción del Ministerio Público para que Televisa presentara los recibos de la transferencia de los seis millones de dólares a su favor, que fue ganando mediante amparos durante prácticamente todo el año pasado. El último, dictado a su favor el 11 de noviembre pasado, no fue admitido como recurso por ser una cosa juzgada. La instrucción a Televisa fue que presentara la documentación solicitada. Los abogados de Azcárraga no ocultaron nada. Desde que comenzó el juicio contra Canales y García Méndez, ya habían presentado las transferencias electrónicas, que obran en actuaciones. Con ellas queda al descubierto lo que el abogado Guillén llama "administración fraudulenta". Lo que Televisa entregó fueron dos recibos pagados a empresas de Canales de tres millones de dólares cada uno, en mayo de 2011.

La denuncia contra Canales y García Méndez que presentó la defensa de la señora Cusi el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establece que los dos abogados "se apoderaron y dispusieron en su beneficio" de los seis millones de dólares pagados por Televisa, "obteniendo un lucro indebido y generando un detrimento patrimonial" a la tercera esposa de El Tigre Azcárraga.

Desde la primavera de 2011, el litigio de la señora Cusi ya no fue con Televisa, sino contra sus abogados, particularmente contra Canales, quien durante 2015 buscó amparos para que bloquearan el fallo del Ministerio Público para que la empresa presentara la documentación del pago de seis millones de dólares.

Toda esta información que hoy sale a la luz pública nos hace pensar que estamos dejando la Iglesia en manos de Lutero y trae muchos cuestionamientos, principalmente por el proceder de Ernesto Canales y su actuar como Subprocurador Anticorrupción en Nuevo León.

Y que quede claro, no pretendemos distraer de sus funciones al subprocurador, tiene mucho trabajo pendiente,  pero mucho trabajo pendiente. Sin embargo, es imprescindible detalle a los neoleoneses su situación jurídica y el estatus de diversas denuncias presentadas en la subprocuraduría.

 

Atentamente,

 

Diputado Ángel Barroso Correa

 

Monterrey, Nuevo León, 30 de marzo de 2016

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional