Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Francisco Treviño Cabello.

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos somos iguales y prohíbe terminantemente la discriminación motivada por condición social, edad, creencias, género o raza.

En ese sentido, cabe mencionar que el artículo 2º de la Carta Magna, reformado en el sexenio del ex Presidente Vicente Fox prevé los lineamientos a seguir para el respeto y preservación de las costumbres de las Comunidades Indígenas en nuestro país.

Por ello era importante reconocer sus derechos mediante una ley que los salvaguardara a nivel Estatal, dada la presencia de las comunidades indígenas en nuestra región.

Dicha ley se publicó en el Periódico Oficial del Estado en junio de 2012 y entró en vigor el mismo año, y en 2013 comenzó la responsabilidad en los municipios de crear comisiones que atendieran los asuntos indígenas.

En su mayoría, las autoridades municipales no estaban enteradas de su responsabilidad frente a este sector de la población, por lo que se improvisó designándole el tema a veces al cabildo, a algún equipo de desarrollo social y hasta a los encargados del Sistema Meteorológico Nacional. Pero se considera que la conciencia de parte de las autoridades es un gran paso hacia adelante.

Aunque una cosa que se ha olvidado es que debe ser con la participación de las comunidades indígenas. Ningún municipio tiene participación indígena.

Este tardío reconocimiento de los derechos indígenas en el código civil responde a las necesidades de las mismas comunidades. A pesar de la existencia de regulaciones internacionales seguían sin respetarse los derechos de ciudadanos que eran presentados ante la autoridad sin acceso a un traductor, como lo marca la ley, a pesar de que su lengua madre fuese diferente al español.

Asimismo ha habido casos de violaciones a los Derechos Humanos de personas integrantes de las Comunidades Indígenas por las diferentes policías municipales y estatales, por discriminación en razón de raza.

En ese tenor, propusimos en la Sesión Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León, un exhorto que fue aprobado en la presente semana.

En el documento se exhorta a los presidentes municipales de Monterrey, Escobedo, Juárez, García , San Nicolás, San Pedro, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina, Santiago , Zuazua, El Carmen, Linares, Cadereyta, Ciénega de Flores, Hidalgo, Salinas Victoria, Allende y Montemorelos a dar cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León a fin de establecer los órganos o comisiones encargados de atender los asuntos indígenas y asimismo rindan un informe a éste Poder Legislativo sobre las poblaciones indígenas asentadas en su demarcación territorial y las acciones municipales en favor de éstos.

Asimismo, se pide al Magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León para que gire instrucciones a los jueces y magistrados de Nuevo León a dar cumplimiento al Artículo 31 de la Ley de Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, a fin de garantizar en todo momento que las personas de origen indígena que participen en algún procedimiento judicial, que sea competencia de las autoridades del estado, sean asistidos en todo momento por un traductor que conozca su lengua y su cultura. Del mismo modo rinda informe de las acciones implementadas que garantizan el Derecho Fundamental anteriormente descrito.

También se solicita al Gobernador del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones destine un inmueble público para la creación de una casa del Indígena y que sea la sede del Consejo Indígena del Estado de Nuevo León.

Finalmente se pide al Secretario de Desarrollo Social del Estado que lleve a cabo una reunión de trabajo con el Consejo Indígena del Estado de Nuevo León para analizar el cumplimiento a lo estipulado en la Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León publicada en el periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 22 de junio de 2012.

El Punto de Acuerdo fue aprobado con 5 votos de los legisladores panistas, PRD e Independiente por tres abstenciones del PRI y PT.