Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Francisco Treviño Cabello

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, entre otros, el Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Del mismo modo garantiza el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En ese tenor de ideas, el Estado debe garantizar los dos derechos mencionados en párrafos anteriores.

Recientemente, como es sabido por la opinión pública, en el Río San Juan, en Cadereyta Jiménez se presentó un derrame de petróleo ocasionado presuntamente por una toma clandestina que ocasiono una fuga de dicho hidrocarburo en uno de los ductos de la Refinería ubicada en ese Municipio.

El daño ambiental y ecológico es notable, ya que el Río San Juan alimenta la Presa El Chuchillo, que se ubica en China, Nuevo León y abastece del vital líquido a gran parte del área metropolitana de Monterrey y otros municipios.

Lo anterior se trata de un desastre ambiental, y es deber del Estado implementar las medidas para revertir los efectos nocivos de dicho desastre y a su vez aliviar las condiciones de subsistencia de los habitantes del sector.

Por este motivo, presentamos a la Comisión Permanente del Congreso del Estado un Punto de Acuerdo con la finalidad de combatir integralmente esta problemática.

En el exhorto se pide al Titular de la Empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos para que haga una revisión integral de los ductos de la empresa que se encuentran en operación en el estado de Nuevo León e implemente un programa de mantenimiento preventivo y cambio de ductos dañados a fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos y evitar derrames futuros que pongan en peligro la salud e integridad de los habitantes del estado de Nuevo León.

Asimismo, se solicita al Director de la Empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos para que implemente un programa de detección y denuncia oportuna de tomas clandestinas ubicadas en el estado de Nuevo León en coordinación con la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad a fin de evitar el robo de hidrocarburo y prevenir daños ambientales como el ocurrido recientemente en el municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. que impactó gravemente el Río San Juan y la calidad de vida de los habitantes de la zona afectada.

En el mismo exhorto se pide al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de que dentro de sus atribuciones implemente de forma inmediata las medidas de apremio necesarias a fin de suministrar agua potable y coadyuvar con las medidas de subsistencia de los habitantes de los ejidos cercanos al Río San Juan que fueron afectados por el derrame de petróleo en fechas recientes.