Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: Fernando Elizondo Ortiz
Para alcanzar plenamente los
propósitos de mayor desarrollo social, se requiere combatir la inequidad que
existe en la sociedad.
La inequidad se expresa
entre las personas por la diferencia de oportunidades y de ingreso, los
desequilibrios que presenta la economía rural respecto a las actividades
industriales y de servicios.
Asimismo, la pobreza extrema constituye uno de
los retos que reclama soluciones con urgencia, pues impide el ejercicio de las
libertades y anula la igualdad de oportunidades.
Por estas razones, la
política de desarrollo social debe asumir un carácter integral.
En Nuevo León contamos con
una Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León desde Octubre de
2006, en donde se advierte dentro de sus objetivos el poder generar las
condiciones para que las personas y la sociedad, en su conjunto, puedan
satisfacer sus necesidades humanas y sociales para fortalecer el pleno goce de
sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.
La Política de Desarrollo
Social debe encaminarse a concentrar y orientar los recursos físicos, humanos y
financieros de las instituciones públicas y sociales para evitar la transmisión
generacional de las condiciones de pobreza entre las personas, grupos sociales
y comunidades mediante líneas de acción y programas particularmente orientados
a desarrollar y aprovechar sus capacidades.
Buscar ampliar el acceso a
un patrimonio físico, a la atención y seguridad de las instituciones del
Estado, al acceso a redes sociales y comunitarias, y particularmente a la
creación de mayores oportunidades de empleo y financiamiento para actividades
productivas.
No obstante es de las
actitudes más ruines el pretender lucrar con la pobreza de la gente.
En virtud de ello es menester revisar la
actual legislación para garantizar a la ciudadanía y sobre todo a las clases
más necesitadas, la justa e incondicionada distribución de los apoyos económicos
por parte de los órganos de Gobierno.
La actual legislación ya
establece las formas de participación de los distintos entes de Gobierno, sin
embargo, encentramos un vacío respecto de la participación del Congreso en
dicha actividad, siendo por esencia el orden de gobierno con mayor contacto con
las necesidades de los ciudadanos y encontrándose facultado constitucionalmente
para gestionar la solución de las mismas.
En ese sentido consideramos
indispensable modificar la integración del actual Consejo de Desarrollo Social
en dos aspectos: primero, establecerlo en ley ya que actualmente se encuentra
establecido en reglamento; y segundo, incluir a un diputado nombrado por el
pleno como representante del Congreso, en dicho consejo.
Adicionalmente, el artículo
24 de la ley en comento establece la obligación de transparentar la actuación
de la Secretaría.
Sin embargo, estimamos
oportuno incrementar dicha transparencia mediante las herramientas diariamente
crecientes de la Internet.
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