Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: José Luz Garza Garza

 

En diversos municipios del Estado de Nuevo León, la violencia e inseguridad se ha recrudecido durante el último año en virtud de una política gubernamental que busca ocultar la realidad a fin de mejorar la percepción de seguridad pública entre los ciudadanos.

En este sentido, se ha buscado censurar a los medios de comunicación e, incluso, inhibir la presentación de denuncias por parte de la ciudadanía para que no se incrementen las estadísticas del delito.

Esta política que busca maquillar las cifras de inseguridad en algunos municipios del Estado ha traído como consecuencia un relajamiento en las precauciones que tomaban los ciudadanos para proteger a sus familias, a pesar de que delitos de competencia local como el secuestro, la sustracción de menores y el robo a casa habitación han ido en aumento.

Es un reclamo social que las autoridades actúen de manera pronta y expedita en materia de seguridad pública, además de que se informe de manera oportuna y verídica de los riesgos de seguridad que prevalecen en la comunidad a fin de poder tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de sus familias.

En caso contrario, la sociedad demanda que se sancionen a los servidores públicos.

Por ello, ante la ola de inseguridad que se vive en todo el estado y, sobre todo, en el Municipio de Cadereyta, el Grupo Legislativo de Acción Nacional y ciudadanos jimenenses presentamos una iniciativa de reforma para que se sancione a los funcionarios que no lleven a cabo estrategias públicas para resolver esta problemática.

Actualmente, el Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, señala que "Todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones".

La propuesta plantea adicionar que el funcionario "No deberá engañar a la ciudadanía en materia de seguridad pública con el perverso objetivo de simular tranquilidad social dentro de su jurisdicción".

Asimismo, entrará en irregularidades al no cumplir en todo momento con el uso de la fuerza pública de manera inmediata, sin pretextos, y proporcionalmente al peligro o riesgo que se presente en materia de seguridad dentro de su jurisdicción.

También se señala que el servidor público, no deberá de ocultar a la ciudadanía los riesgos o el peligro que en materia de seguridad pública esté presente dentro de su jurisdicción.