Autor: Grupo Legislativo PAN
DIP. FRANCISCO REYNALDO CIENFUEGOS MARTNEZ
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-
Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la LXXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos 123 Y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta tribuna para someter a su consideración PUNTO DE ACUERDO al tenor de la siguiente:
E X P O S I C I O N DE M O T I V O S
Uno de los principios básicos de la democracia es el estado de derecho, incluso coincido con quienes afirman que no puede existir democracia sin esta condición. El estado de derecho finalmente es una construcción que se genera a partir de los diversos actores políticos y también de la participación ciudadana, si no existe un funcionamiento efectivo de las instituciones como es el caso que describiremos a continuación se deteriora la confianza del ciudadano y se atenta contra el estado de derecho.
Para todos es conocido que un sistema jurídico requiere de un poder coercitivo que lo haga valer. La ley funciona adecuadamente cuando quienes están sometidos a ella la obedecen ya sea por convencimiento o por temor en el último de los casos. Pero si existen violaciones a la Ley y no se aplican las sanciones correspondientes perforan el sistema democrático y provocan mediante un círculo vicioso que se siga transgrediendo la Ley.
Establecemos lo anterior como contexto por el daño que generan instituciones ineficientes en el cumplimiento de la Ley, nos referimos en lo particular a la Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
Según Acuerdo suscrito por el Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y publicado en el Periódico Oficial con fecha 2 de noviembre del 2011, se crea la Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, la cual se establece como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
El objeto de dicha instancia según consta en el artículo segundo del acuerdo que le da origen es: "...promover el desempeño honesto y ético de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado, velar por la prevención de conductas irregulares, así como conocer y dar seguimiento a las acciones y omisiones de los servidores públicos cuando incumplan con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León y de cualquier otro ordenamiento aplicable".
El presupuesto que se le destinó en el año 2013 fue de un monto de $3,537,234 (tres millones quinientos treinta y siete mil, doscientos treinta y cuatro pesos). El presupuesto contemplado para el presente ejercicio del año 2014 es $3,780,687 (tres millones setecientos ochenta mil, seiscientos ochenta y siete pesos).
Sin embargo esta Unidad la cual fue anunciada con gran entusiasmo durante el segundo informe de Gobierno del Gobernador Medina ha resultado una simple simulación.
Hemos visto una serie de irregularidades en la actual administración y no se ha observado sanciones que sean correspondientes a dichas actuaciones, para los ciudadanos de Nuevo León es clara la corrupción y la falta de transparencia del uso de los recursos por parte del Gobierno del Estado.
Es alarmante que solo una de cada cinco denuncias que llegan a la Unidad Anticorrupción se conviertan en sanciones para los servidores públicos, desde su creación en el 2011 a la fecha, dicho órgano ha procesado solamente 669 casos de mil 714 denuncias recibidas por los ciudadanos.
Es decir el ciudadano está haciendo su parte al denunciar, sin embargo la autoridad en este caso la Unidad en referencia no está cumpliendo con su obligación primaria y razón de ser.
Ante dicha carencia de resultados en la ejecución de sanciones, quien es la titular de dicho Organismo la Lic. María Narváez Tijerina, refiere que las sanciones no se aplican debido a que las denuncias ciudadanas carecen de datos o detalles suficientes, es decir hay falta de elementos, sin embargo una de sus obligaciones según se establece en el artículo tercero, numeral III, del Acuerdo que le da origen refiere: "Fomentar y fortalecer los mecanismos que ayuden a estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción", es decir resulta evidente que son ellos mismos quienes deben garantizar los mecanismos adecuados para que se estimule la participación ciudadana, y al hacerlo tendría que provocar que esta fuera eficiente para cumplir su propósito, el cual está orientado a disminuir la corrupción.
Resulta evidente que es ocioso que contando con una Contraloría y Transparencia Gubernamental en el Ejecutivo Estatal y una Auditoría Superior del Estado, contar con un Órgano que ejerce un presupuesto significativo y que rinde resultados mínimos.
Es por lo anteriormente expuesto y en razón del reclamo ciudadano para que la actuación del gobierno en todos sus órdenes e instancias se brinde en óptimas condiciones y de forma eficiente y transparente, que solicitamos a este H. Congreso del Estado de Nuevo León la aprobación del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. La LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, exhorta atenta y respetuosamente al Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, rendir un informe detallado sobre los resultados del combate a la corrupción y las sanciones aplicadas para concluir si se justifica la existencia de la Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, establecida como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo del Estado.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, marzo 2014.
Diputado Jesús Hurtado Rodríguez
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
