Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: Francisco Treviño Cabello.
El tema del medio ambiente surge al debate internacional en 1972, durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo, Suecia.
En esa ocasión se intercambiaron experiencias sobre el deterioro ambiental y se tomó conciencia global sobre el medio ambiente y los recursos naturales y sobre la necesidad de construir vías institucionales para resolver estos problemas.
En los años que siguieron a dicha Conferencia, las acciones para integrar los problemas del medio ambiente en las agendas de los gobiernos, en los planes de desarrollo y en los procesos de toma de decisiones en cada país no avanzaron significativamente, sin embargo en 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó que se creara la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo.
Los resultados de las deliberaciones de esta Comisión se plasmaron en el llamado Informe Brundtland, y fue ahí donde por primera vez se habló del "desarrollo sustentable", definiéndolo como "aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias".
Ello implicaba que la protección del medio ambiente y el crecimiento económico debían abordarse como componentes de un mismo asunto. Asimismo, se demostró a la comunidad internacional, que la relación entre medio ambiente y desarrollo debía considerarse como una prioridad de preocupación mundial.
Retomando las preocupaciones reflejadas en el Informe Brundtland, la Asamblea General de la ONU decidió convocar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), también conocida como Cumbre de la Tierra. Esta se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1992 y tuvo entre sus principales objetivos analizar las formas y mecanismos para lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, e iniciar una asociación mundial entre los gobiernos y los distintos sectores de la sociedad civil, basada en la comprensión de las necesidades y los intereses comunes.
Entre los principales compromisos asumidos por la comunidad internacional en esa ocasión se encuentra la instrumentación de la llamada Agenda 21, que establece una serie de lineamientos y acciones para que las naciones transiten hacia un desarrollo que armonice el bienestar humano con el cuidado, la protección y la preservación del medio ambiente, es decir, sustentable.
Dicha Agenda establece como una de las bases fundamentales para el logro de este nuevo modelo de desarrollo, el fortalecimiento del papel de los grupos principales, entre los que destacan las mujeres, los niños y jóvenes, los pueblos indios, los organismos no gubernamentales, las autoridades locales, los trabajadores y sindicatos, el comercio, la industria, la academia, la comunidad científica y tecnológica, los campesinos y agricultores, y la creación y consolidación de espacios que permitan una participación social cada vez más amplia, responsable, informada y representativa de los intereses de los ciudadanos.
En respuesta a este compromiso, México ha impulsado en los últimos años la creación y consolidación de mecanismos efectivos de participación social a distintos niveles, buscando que la población se involucre activamente en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y difusión de las políticas públicas en materia ambiental. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, desde su expedición en 1988, promueve la participación de la sociedad en la gestión ambiental, mediante disposiciones distribuidas a todo lo largo, y, en particular, en el Título V, artículos 157 a 159. Asimismo, las modificaciones de 1996 y 2001 han confirmado y ampliado esta tendencia, reforzando esas disposiciones con la regulación del derecho a la información.
Sobre esta base, se crearon en abril de 1995 los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, como órganos de consulta del sector ambiental, y con el objeto de facilitar la participación corresponsable de todos los sectores sociales y fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como de los bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.
Dichos consejos ciudadanos vienen funcionando a nivel federal de forma exitosa a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que resulta importante replicar en el Estado esta valiosa herramienta de participación ciudadana, a fin de que la población se involucre activamente en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y difusión de las políticas públicas en materia ambiental.
Resulta relevante mencionar que el artículo quinto de la LGEEPA, en su fracción XVI establece la facultad de la Federación para promover la participación de la sociedad en materia ambiental, y que el artículo séptimo, fracción XIV establece como obligación de los gobiernos de los estados, la promoción de la participación social en materia ambiental.
Los temas que son de interés para el Consejo, reflejan la preocupación de la sociedad civil en materia de medio ambiente y permiten conocer oportunamente sus demandas e inquietudes.
Los integrantes de dichos consejos analizan las políticas, programas y proyectos que la Semarnat les presenta; de dicho análisis surgen recomendaciones informadas y consensuadas que se entregan a la Secretaría, para que conozca la percepción y los planteamientos de este órgano colegiado.
Por otra parte, el Titular del Ramo consulta a los Consejeros acerca de problemas específicos que identifica durante su quehacer y les solicita opiniones y recomendaciones para solucionarlos. El producto del trabajo de los Consejos queda plasmado en los documentos que se generan en las sesiones reglamentarias.
Los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable (CCDS) constituyen espacios de participación en permanente evolución colectiva donde sociedad y gobierno han contado con grandes éxitos que ayudan a mejorar las condiciones de gobernabilidad ambiental.
El esfuerzo de México por motivar la participación ciudadana en materia ambiental a través de dicho consejos fue reconocido en la evaluación realizada en 2002 en Johannesburgo por las Naciones Unidas, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.
En este sentido, en la presente semana propusimos una iniciativa de reforma en el Congreso Local a fin de facilitar la participación corresponsable de todos los sectores de la sociedad a través de un Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable, para promover la defensa de los animales, la protección conservación y restauración de los ecosistemas, los recursos naturales y, los bienes y servicios ambientales, a fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, en el ámbito estatal.
