Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: Francisco Treviño Cabello.
La persistencia de la corrupción ha debilitado la capacidad de las democracias para resolver los problemas que afectan a las mayorías.
La necesidad de fortalecer a la democracia, integrando a los actores sociales y económicos a la esfera pública, combatir la corrupción, y modificar la relación de poder entre la sociedad y el Estado es una tarea que poco a poco va consolidándose en México.
La Contraloría Social involucra participación e integralidad, es un término democrático e incluyente cuya esencia radica en dar la posibilidad a los ciudadanos de que vigilen a sus autoridades permanentemente.
Hoy como nunca los representantes estamos inmersos en esta tarea de participación ciudadana, ya que estamos ciertos de que cuando los recursos públicos se ejerzan de la mejor manera, exigiendo que las obras y servicios públicos sean entregados con calidad, oportunidad y sin ninguna clase de condicionamientos.
La contraloría social es uno de los mecanismos implicados en la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
Cuando los ciudadanos evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del gobierno cobra pleno sentido el trabajo gubernamental de proporcionar información y responsabilizarse por el uso de los recursos públicos y las políticas adoptadas.
La contraloría social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez, es una práctica que favorece la democracia en su forma más representativa ya que permite al ciudadano cuidar que la política pública sea incluyente de los intereses de los grupos que forman la sociedad y que los funcionarios precisamente representen estos intereses.
Bajo este criterio y a fin de que se transparente ante los gobernados, la vigilancia del buen uso de los recursos públicos y control del correcto desempeño de funciones de los Servidores Públicos, propusimos esta semana, en el Congreso Local, la creación de un Organismo Público Descentralizado denominado Contraloría Social del Estado y los Municipios de Nuevo León, cuya función encomendada será la aplicación del conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación de los Servidores Públicos en sus encomiendas, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen con total apego a la transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como la exigencia de rendición de cuentas a los gobernantes.
Es preciso referir que el control social sería aplicado como un mecanismo certero para el proceso de rendición de cuentas, al momento que la ciudadanía evalúa, juzga o verifica colectivamente la acción del gobierno, obligando a las dependencias gubernamentales a proporcionar información y responsabilizarse por el uso de recursos públicos y el desempeño de sus funciones.
Resultando benéfico para la democracia, pues permite al ciudadano cuidar que la función pública sea incluyente de los intereses de los grupos que conforman la sociedad y que los funcionaros públicos representen el interés general actuando con honestidad y eficacia.
En materia de participación ciudadana, el propósito de esta iniciativa es que la comunidad sienta y constate de manera cotidiana que su participación cuenta, que efectivamente está influyendo en el quehacer de los servidores públicos y en las decisiones con sentido de bien común, mejorando la relación gobierno-ciudadanía.
La Contraloría Social que se propone, se define como el conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de manera organizada para participar activamente en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el cumplimiento de los compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno, mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno.
Con dicha participación, se contribuye a elevar el cumplimiento de los compromisos de los órdenes de gobierno, y con ello mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública.
Con respecto a la equidad y la eficiencia, la participación ciudadana da un valor agregado en la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, haciendo sustentables las políticas y programas sociales puesto que, por medio de la participación, la comunidad puede desarrollar el sentimiento de propiedad del proyecto.
Por todo lo anterior aquí expuesto se propuso la Ley Orgánica de la Contraloría Social del Estado y Municipios de Nuevo León.
Siendo el caso que en la iniciativa que se propone se otorgan facultades a fin de regular el correcto manejo de los recursos públicos y el correcto desempeño de la función pública por parte de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, además de que para tal efecto se le atribuyen las funciones necesarias y suficientes, para que puedan operar.
La aprobación de la presente iniciativa manifestará en forma elocuente el compromiso de este Congreso con la participación ciudadana genuina y con la debida transparencia y rendición de cuentas de los organismos públicos, acorde a satisfacer el reclamo ciudadano en estas materias.
