Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

 

·         La denuncia la interpuso el diputado Enrique Barrios

·         Violó la Constitución Federal

·         Las pruebas, son contundentes

 

            El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León, Pablo Elizondo García, fue denunciado por utilizar programas de la dependencia para promover la imagen del gobernador del estado, Rodrigo Median De la Cruz y del presidente de la república  Enrique Peña Nieto.

            El diputado del Partido Acción Nacional, Enrique Barrios Rodríguez, informó que se presentó una denuncia contra el servidor público federal ante la Procuraduría Federal de la República, porque contravino contra las disposiciones legales.

            El pasado 21 de agosto en el arranque del programa federal de Empelo Temporal, que se llevó a cabo en la colonia La Alianza, Elizondo García aseguró a los beneficiarios que el programa se llevaba a cabo con el dinero del gobernador del estado y del presidente de la república.

            En rueda de prensa concedida este domingo en las instalaciones del Congreso del Estado, el legislador albiazul dijo esperar que prospere la denuncia ya que fue evidente que el delegado de la Sedesol promocionó la imagen de Medina De la Cruz y de Peña Nieto, de lo cual dieron referencia los medios masivos de comunicación.

            "En su discurso le dijo a la gente beneficiaria, que son más de 600 familias que ese dinero se lo tenían que agradecer al presidente de la república y al gobernador del estado.

            "Esa acción, esas expresiones, son constitutivas de delito, porque la Constitución Federal prohíbe hacer uso político de los programas sociales, sobre todo endilgárselo con nombre y apellido a algún funcionario público que fue lo que se hizo".

            Barrios Rodríguez dijo que es reprobable e inaceptable que un funcionario público esté haciendo proselitismo con recursos públicos y que pretenda que le agradezca al presidente de la república y al gobernador del estado.     

            "Los recursos de esos programas son de todos los mexicanos, no tiene porque lucrar nadie  con esa entrega.

            "La sanción que se puede hacer acreedor es tres años de cárcel y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, el tema es muy claro hay miles de testigos...".

            Confió en que prospere la denuncia, y se haga justicia, ya que las pruebas del desvío de recursos que se presentaron son evidentes "no se pueden negar hacer justicia, pese a los criterios partidistas que puedan tomar porque las pruebas son contundentes".