Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

Por: Luis David Ortiz Salinas

Los Derechos Humanos constituyen hoy, el signo visible de las democracias modernas. Su promoción y respeto representan el compromiso en que se empeñan gobierno y sociedad, para garantizar el pleno ejercicio de las libertades que tienen como origen y destino la dignidad del hombre.
El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, coincidió cronológicamente con el nacimiento de la Victimología, lo que ha permitido afianzar gradualmente a las víctimas como partes procesalmente activas y titulares de derechos sustantivos cuya tutela no solamente corresponde a la esfera del derecho penal, sino también a las obligaciones objetivas del Estado sobre el derecho a la verdad, la atención y asistencia permanente de instituciones públicas, el acceso a la justicia y las medidas de reparación integral del daño. Estas consideraciones han permitido un avance hacia un enfoque de justicia restaurativa, en la cual la tutela de sus bienes jurídicos, se logra con la aplicación de medidas concretas que redundan en su beneficio.
A demás de los estándares internacionales que se deben de respetar, señalamos la demanda de la sociedad que reclama legítimamente una respuesta integral que  permita, a quienes han sufrido las consecuencias del delito o de violaciones a sus derechos humanos, la recuperación de su proyecto de vida y la justa reparación del menoscabo de sus bienes y derechos.
Es por esto que México, al igual que otros países, ha realizado relevantes modificaciones  a nuestro marco jurídico para asegurar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. merecen citarse las reformas constitucionales como el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio, en el 2008 (que por cierto tiene sus inicios en México con las reformas en Nuevo León, en el 2003, que establecieron los Juicios Orales en Nuevo León y que el próximo Octubre cumpliran 10 años); las reformas a nuestra Carta Magna, en la cual se señalan en forma explícita que los Derechos Humanos se protegerán a través del Amparo; y, la reforma que establece el reconocimiento expreso de los Derechos Humanos, además de incorporar principios tan importantes como: "In Dubio Pro Homine" y "La Debida Diligencia", entre otros; así como señalar la obligación del Estado de proteger  a las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos.
Esta última reforma llamada la CONSTITUCIONALIZACIÓN de los Derechos Humanos, significa el más trascendente cambio que permite garantizar legalmente, su promoción, respeto y protección de acuerdo con los estándares que disponen los instrumentos internacionales.
Las reformas constitucionales que hemos mencionado, disponen que el Estado debe establecer un conjunto de medidas, jurídicas, administrativas, sociales y económicas, en beneficio de las víctimas que permitan hacer efectivo el goce y ejercicio de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación  integral  con respeto a su dignidad. Siempre he sostenido que no se trata de una reforma de leyes con buenas intenciones, sino de una transformación de las instituciones que implica támbien los recursos y cambios administrativos así como la capacitación para ese nuevo sistema.

El Estado de Nuevo León se ha distinguido por su compromiso con el respeto a la dignidad del hombre, siendo pionero en temas de derechos humanos. De ello da constancia el reconocimiento de sus derechos que estableció nuestra Constitución, aún antes de  que lo hiciera la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Merece destacarse, que en nuestro Estado, ha sido una de las primeras entidades en implementar el Sistema Penal Acusatorio y hoy cuenta con una sólida y moderna estructura jurídica, integrada por la creación y actualización de los ordenamientos legales en las materias de Procedimientos Penales, Defensoría Pública, Justicia Restaurativa, Mecanismos Alternativos; además, de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, todas ellas derivadas y fundamentadas en las correspondientes reformas a nuestra Constitución.
Importantes esfuerzos sociales por brindar la debida atención a las víctimas y ofendidos de delitos han llevado al Estado a ser pionero en el diseño e implementación del modelo de atención integral, a la par de las reformas legislativas requeridas para ello.
Como modelo reconocido e imitado nacional e internacionalmente, el Centro de Justicia Familiar del Estado de Nuevo León, es un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que con el modelo de atención integral presta de forma secuencial, interdisciplinaria e interinstitucional, los servicios de atención a víctimas y ofendidos del delito, así como de investigación de las conductas ilícitas en contra de la familia que se encuentran tipificadas por el Código Penal para el Estado de Nuevo León. Lo anterior, con la participación de dependencias y organismos públicos y privados, cuya competencia y normatividad incluya la atención a víctimas, ubicados todos en un solo espacio físico. Este Centro inició sus operaciones en el mes de diciembre de 2005.
También, como compromiso a favor de las víctimas, se demuestra el haber aprobado recientemente las modificaciones que se realizaron a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia que permitieron acreditar la figura del Asesor Victimológico.  Profesional, especializado en materia de atención integral a víctimas, responsable de investigar la repercusión del hecho delictivo, para intervenir de forma interdisciplinaria en los ámbitos psicológico, biológico, jurídico y sociológico, teniendo como objetivo principal, acompañar a las víctimas en la recuperación de su proyecto de vida, evitar su revictimización, favorecer su empoderamiento y hacer valer sus derechos ante las autoridades.
A pesar de que hemos construido un marco jurídico, del cual nos enorgullecemos; aún  tenemos la responsabilidad de actualizar la legislación a favor de las víctimas, las cuales estuvieron mucho tiempo exiliadas del derecho penal y excluidas del proceso.

Al asumir esta transformación jurídica, Nuevo León afianzará su compromiso de fortalecer los principios y valores del Estado de Derecho, que garantice la convivencia armónica que todos deseamos. En nuestro Estado, la centralidad de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos constituirán unos de los pilares fundamentales en la reforma de justicia. Esto debe constituir un elemento primordial para consolidar y garantizar un mejor ejercicio de un Estado democrático, lo cual implica identificar sus necesidades reales a fin de establecer las medidas legales y administrativas necesarias para su adecuada y oportuna atención.
Uno de los temas centrales de trabajo para los próximos años por parte del Estado será profundizar los esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas, lo cual pasa por la restitución de sus derechos, su asistencia, reparación integral y participación efectiva.