Grupo Legislativo
Partido Acción Nacional

Autor: Grupo Legislativo PAN

DIP. LUIS DAVID ORTIZ SALINAS
PRESIDENTE DE CONGRESO DEL ESTADO DE N.L.
P R E S E N T E.-
Los suscritos, ciudadanos, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la LXXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos 123 Y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta tribuna para someter a su consideración PUNTO DE ACUERDO para al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I O N  D E M O T I V O S

La transparencia en la administración pública constituye un instrumento legal y garantía constitucional creado para que los Gobiernos informen de todos y cada uno de sus programas, acciones administrativas, financieras y patrimoniales bajo los parámetros establecidos en la reglamentación respectiva, pues dentro del marco legal de Transparencia Gubernamental se contemplan una serie de supuestos y normas tendientes a permitir que cualquier persona pueda acceder de manera expedita a la información pública las cuestiones financieras, metas, presupuestos, remuneraciones y demás información relativa a los entes del poder público en el Estado, y buscar transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, aplicando a siempre el principio de máxima publicidad, como lo establece el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, cuando la autoridad transgrede los preceptos de la transparencia y el derecho a la información pública, se convierte en cómplice de la opacidad.

La actual Administración Estatal que encabeza Rodrigo Medina de la Cruz, al amparo del artículo 59 de la Ley de Administración Financiera del Estado,  actualmente, mantiene reservada información pública relativa a los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, so pretexto de lo descrito en dicho artículo señalando que deberán permanecer en absoluta reserva, sin embargo no obstante ello, a través de un importante medio de comunicación de la localidad se reveló que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  del Cuarto Distrito, determinó atinadamente que dicha información es pública y deberá mantenerse alcance de todo ciudadano.

Señoras y Señores Legisladores nos congratulamos con esta justa resolución emitida por la autoridad judicial, pues con ello se abre un abanico de información que siempre debió ser considerada pública, pues como yace en la resolución del citado Tribunal, el cual resuelve que:"dada la insuficiencia de los argumentos de la autoridad para contravenir la totalidad de las consideraciones en que se apoya la declaratoria de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 59 de la Ley de Administración Financiera, lo procedente es declarar inoperantes los argumentos de estudio", invariablemente ante esta resolución judicial, el Estado no tiene otra instancia judicial que recurrir, por lo que queda firme, lisa y llana la obligación de informar públicamente toda la información a que hace referencia el citado artículo.

Ahora bien, consideramos que con el propio espíritu de la transparencia y rendición de cuentas, un Gobierno no debe resistirse a este deber gubernamental de todo sujeto obligado, por el contrario, invoquemos a una nueva era de la claridad en el quehacer público aplicado a todos los órdenes de gobierno del Estado, Organismos Descentralizados y fideicomisos públicos Municipios y demás entidades Gubernamentales.

Pues bien, es cierto de la lectura del numeral invocado, abre la llave para que el Gobierno del Estado mantenga reservada la información de los resultados de programas de auditoría. Por lo cual, es necesario que como Poder Legislativo hagamos un análisis profundo del texto del artículo 59 de la Ley de Administración Financiera a fin de derogar o sus disposiciones, para de esta manera destrabar toda clases de opacidad en el tema de resultados de auditoría y manejo de las finanzas públicas.

Por ello, es lamentable, que tenga que ser autoridad judicial quien  muestre su determinación de que se cumpla con el espíritu de la transparencia a la actual Administración Pública Estatal otorgarles la razón a los ciudadanos que la han reclamado judicialmente.

En el Grupo legislativo del Partido Acción Nacional, celebremos esta resolución judicial, pues contribuirá a conocer los resultados de las auditorías realizadas por escándalos administrativos del Poder Ejecutivo del Estado, como el pago excesivo respecto de la Fotografía del gobernador, y de las auditorías realizadas a los siguientes organismos ISSSTELEON, PARQUE FUNDIDORA, METRORREY, INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, CECYTE, entre otros, y en los cuales seguramente encontraremos una caja de pandora, por las anomalías administrativas que han realizado los servidores públicos responsables.

Abonemos al espíritu de la transparencia en el ejercicio gubernamental; los ciudadanos reclaman mayores espacios de información, mejores mecanismos de apertura, coadyuvemos en simplificar el acceso a la información pública de la actual Administración Estatal y de todos los entes públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, dejemos en el pasado los fantasmas de la opacidad, apliquemonos preferentemente en favorecer los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de lo sujetos obligados.

Pronunciémonos a favor de un análisis integral en el tema de transparencia modificando el artículo 6º de la Ley de Administración Financiera y todas aquellas disposiciones jurídicas que contravengan toda clase de apertura, favoreciendo mejores mecanismos de rendición de cuentas, aplicando en todo momento el principio de máxima publicidad.

 En este contexto, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional a la LXXIII Legislatura, pretende hacer operante la facultad del Congreso de vigilar el cumplimiento de las leyes, establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Constitución Política del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la debida aplicación de los presupuestos, fincamiento de responsabilidades administrativas o penales, u omisión culpable de los servidores públicos facultados para su fincamiento.
Por lo que solicitamos, se apruebe en este momento el siguiente punto de:

A C U E R D O

Único.- Esta LXXIII Legislatura resuelve solicitar al titular del Poder Ejecutivo, ordene a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, remitir a este Congreso del Estado, los documentos que contengan el resultado de las auditorías practicadas a los organismos públicos: ISSSTELEON, PARQUE FUNDIDORA, METRORREY, INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR y CECYTE, así como los documentos que contengan el fincamiento de responsabilidades administrativas o penales a los servidores públicos responsables que hubieren incurrido en ellas.

A t e n t a m e n t e

EL Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional