Autor: Grupo Legislativo PAN
Por: María del Carmen Peña
Algunas veces la mentira y el tratar de encubrir un hecho delictivo con un disfraz a todas luces falso y ridículo, resulta más agravioso para los ciudadanos que el delito mismo.
Tal es el caso del irrisorio pretexto sobre el robo de más de 175 mil juegos de placas sustraídos de las bodegas del Instituto de Control Vehicular, que nos suena a burla y estafa, y que deja un amargo sabor de boca a todos los ciudadanos de Nuevo León que sienten que su inteligencia ha sido insultada por el Gobierno del Estado.
Resulta que no únicamente son simuladores y encubridores, además son faltos de imaginación y creatividad para salir con tales excusas. El Procurador de Justicia, el titular de la Contraloría y la titular de la Unidad AntiCorrupción, todos ellos bajo las órdenes del Gobernador Rodrigo Medina, han intentado vendernos una historia que es totalmente inverosímil.
Algo que resulta recurrente en la operación del Gobierno del Estado es la de proteger y encubrir a los altos funcionarios, como el expresidente del PRI de Nuevo León Pedro Morales Somohano, quien era el responsable del Instituto de Control Vehicular y ahora resulta que él no sabe nada. Que él no sabe que pasa en el Instituto o qué hacen sus empleados.
Esto evidencia al menos una de dos cosas: O el señor es corrupto o el señor es incompetente. Y lo mismo aplica para el Gobernador: O es cómplice o es tan incompetente que no tiene control sobre sus subordinados ni sobre el Gobierno del Estado.
Por esto, hacemos nuestro el clamor ciudadano y demandamos se establezcan los pormenores de la historia que el Procurador intentó contarle a los neoleoneses hoy en la mañana sobre el robo de las placas y cuyo único sustento son algunas fotos tomadas con un teléfono celular donde se aprecian algunas láminas de placas destruidas pero no consta lugar ni fecha.
Demandamos se den a conocer los números de serie de las placas robadas y supuestamente vendidas para completar el kilo de materia prima. Resulta sospechoso que ya se haya resuelto el caso inculpando únicamente a un funcionario operativo del Instituto, pero no se hayan podido determinar los número de las placas.
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