Grupo Legislativo
Partido Movimiento Regeneración Nacional

Autor: Grupo Legislativo MORENA

La regularización de "autos chocolate" es un tema de sensibilidad social, porque en el estado de Nuevo León hay gente que no tiene acceso a agua, no tienen acceso a luz y además no se pueden transportar, consideró el diputado local de Morena Waldo Fernández, al referirse a la legalización de autos de procedencia extranjera, y aclaró que regularizar significa pasar a la legalidad, y que hay que entender que es una problemática legal ya existente, toda vez que al realizar ese trámite, se tendrá una base de datos de las personas, mismos que permitirán a los propietarios identificarse.

"Al hablar del déficit de transporte en el estado, se debe tener sensibilidad cuando se acaba de reconocer que no se tienen unidades y un sistema de transporte digno y que existe un Nuevo León profundo, un México profundo que requiere sensibilidad de todos" manifestó.

En primera instancia hay la necesidad de movilidad social, que permita tener movilidad para generar ingresos, al trasladarse de un lugar a otro, además que hay que dar certeza a los procesos de inseguridad ya que se permitirá empadronar y legalizar los vehículos como cualquier ciudadano que haga el trámite, ya que se tendrá que acreditar la propiedad.

Dijo que la regularización en Baja California Norte generará 1300 millones de pesos, pero es interesante ver la falta de sensibilidad, y que hay personas que de alguna manera si tienen la posibilidad de contar con algún vehículo de agencia, usado o semi nuevo, y que se de por sentado que hay gente de la población que cuenta con las mismas facilidades.

"Con esa cantidad, dijo, en el estado se pudieran resolver las medidas de control ambiental, pero éste es un asunto más de sensibilidad social, en ésta parte habría que considerarlo ya que se va a tener la posibilidad de saber quién es el dueño o dueña el vehículo"

Cabe mencionar que la regularización tiene un impacto en el medio ambiente, ya que por lo general son autos que están al final de su vida útil, de tecnología obsoleta, contaminante y con niveles de seguridad ya rebasados por las normas internacionales y son remozados y enviados al país además de que muchas veces se consideran no asegurables por parte de las empresas aseguradoras, lo que a su ve genera complicaciones en el ámbito jurídico.