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Titulo:
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Última Reforma:
16 de Mayo 2012
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LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL P.O. #62 DEL 16 DE MAYO DE 2012.

LEY PUBLICADA EN P.O. DE FECHA 30 DE JULIO DE 2004.


EL C. JOSE NATIVIDAD GONZALEZ PARAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER:


Que el H. Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:


DECRETO NUMERO 115


LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON


CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES


Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y al Procurador General de Justicia atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, este ordenamiento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
Artículo 2.- La Procuraduría General de Justicia del Estado es la dependencia del Poder Ejecutivo que representa a la institución del Ministerio Público, encargada de defender los intereses de la sociedad debiendo por lo tanto, organizar, controlar y supervisar esta institución; vigilar el cumplimiento de las leyes; y promover y coordinar la participación ciudadana en la actividad de la prevención del delito, a fin de lograr la procuración de justicia.

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
Artículo 3.- El Ministerio Público es la institución que tiene como fin, en representación de la sociedad, investigar los delitos y brindar la debida protección a sus víctimas; perseguir a los posibles responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios; intervenir en asuntos del orden civil, familiar, penal y de adolescentes infractores en los casos en que señalen las leyes, ejercitar la acción de extinción de dominio, solicitar las medidas cautelares y efectuar las intervenciones que le correspondan de acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nuevo León y realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos establezcan.

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
Artículo 4.- La Agencia Estatal de Investigaciones es la unidad administrativa e institución policial de la Procuraduría, encargada de auxiliar al Ministerio Público en la investigación, persecución y esclarecimiento de los hechos delictuosos; realizando, de manera coordinada y bajo principios científicos, las acciones periciales y policiales requeridas para tal efecto.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.-Agencia: La Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León;

II.-Estado: El Estado Libre y Soberano de Nuevo León;

III.-Ley: La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León;

IV.-Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León;

V.-Procurador: El Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León;

VI.-Reglamento: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León; y

VII.- Servicio de Carrera: El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia en el Estado de Nuevo León.


CAPITULO II
ORGANIZACION GENERAL DE LA PROCURADURIA


Artículo 6.- La Procuraduría General de Justicia del Estado estará a cargo de un Procurador, quien ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución, y será responsable del despacho de los asuntos que a la Procuraduría, al Ministerio Público, o a él mismo le atribuyen la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y las demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por unidad administrativa cada una de las dependencias que conforman la Procuraduría con atribuciones expresamente reconocidas en esta Ley, ya sean de carácter administrativo, técnico u operativo; y por unidad administrativa subalterna aquellas que, formando parte de las unidades administrativas reconocidas en esta Ley, resulten indispensables para el cabal logro de sus cometidos, mismas que deberán crearse por acuerdo del Procurador.

Artículo 8. Para el ejercicio de sus facultades, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría se integrará por las siguientes unidades administrativas:

I. La Subprocuraduría del Ministerio Público, de la cual dependerán:

a. La Dirección General de Averiguaciones Previas, de la que formarán parte:

1. La Dirección de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales;

2. La Dirección de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General;

(REFORMADO P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
3. La Dirección de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales;

(REFORMADO P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
4. La Dirección de Bienes Asegurados, Recuperados e Instrumentos del Delito; y

(ADICIONADO P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
5. La Dirección de Agentes del Ministerio Público en Delitos Inmobiliarios, Registrales y de Despojo de Inmueble.

b. La Dirección General de Control de Procesos y Amparos de la que formarán parte:

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
1. La Dirección de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados. 

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
2. La Dirección de Amparos; y

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
3. La Dirección de Extradiciones y Asuntos Internacionales.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
c. La Dirección General del Sistema Penal Acusatorio, de la cual formarán parte:

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
1. Las Direcciones de Investigación.

II.- La Subprocuraduría Jurídica, de la cual dependerán:

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
a. La Dirección de Derechos Humanos.

b. DEROGADA, (P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)

c. DEROGADA. (P.O. 29 DE MARZO DE 2010)

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
d. La Dirección de Estudios y Asuntos Legislativos.

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
e. La Dirección de Orientación Social; y

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
f. El Instituto de Formación Profesional.

III. La Agencia Estatal de Investigaciones, de la cual dependerán:

a. La Dirección de Análisis e Información;

b. La Dirección de Criminalística y Servicios Periciales; y

c. La Dirección de Despliegue Policial.

IV. La Dirección General de Administración, de la cual dependerán:

a. La Dirección de Planeación, Control y Seguimiento Interinstitucional; y

b. La Dirección de Informática.

V. La Visitaduría General.

VI. La Dirección de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador.

VII. La Secretaría Particular del Procurador.

VIII. La Secretaría Técnica del Procurador.

(ADICIONADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
IX. La Unidad Especializada Antisecuestros.

(ADICIONADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
X. Dirección General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa.

a. Dirección de Atención Ciudadana;

b. Dirección de Justicia Penal Alternativa; y

c. Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos.

Artículo 9.- Cada unidad administrativa de la Procuraduría contará con un titular que ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal que la conforme, y será responsable del cabal cumplimiento de las atribuciones que a la unidad administrativa le correspondan, o que a ellos mismos como tales, les confiera esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones legalmente aplicables. Tales titulares serán:

I.- Los Subprocuradores respectivos, para el caso de la Subprocuraduría del Ministerio Público y de la Subprocuraduría Jurídica;

II.- Los Directores Generales para las Direcciones Generales y la Agencia Estatal de Investigaciones;

III.- El Visitador General para el caso de la Visitaduría General;

(REFORMADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
IV.- Los Directores para las Direcciones, el Instituto de Formación Profesional y la Unidad Especializada Antisecuestros; y

V.- Los Secretarios respectivos, para el caso de la Secretaría Particular y de la Secretaría Técnica.

Artículo 10.- Los titulares de las unidades administrativas estarán facultados para ejercer las atribuciones de éstas por sí mismos o a través del personal que las conforme en los términos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables. Asimismo podrán realizar todos aquellos actos tendientes a su cabal consecución.

(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 11. La Procuraduría, de conformidad con el presupuesto que se le asigne, contará con los Directores Generales, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Departamento, Oficiales de Partes, Agentes, Delegados, Secretarios y Escribientes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Peritos y demás personal administrativo, técnico u operativo que sea necesario para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 12.- El Procurador, considerando las necesidades de servicio y el presupuesto autorizado, establecerá la estructura interna de todas las unidades de la Procuraduría y determinará, mediante acuerdo, el número de Agentes, Delegados, Secretarios y Escribientes del Ministerio Público, así como del personal administrativo, técnico u operativo que laborará en cada una de las Agencias del Ministerio Público y demás unidades administrativas de la Institución.

(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 13. Los acuerdos por los cuales se disponga la creación o cambio de adscripción de unidades administrativas y unidades administrativas subalternas, ya sean administrativas, técnicas u operativas, o aquellos en los que se deleguen facultades, deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 14.- Las acciones propias del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos serán realizadas con el auxilio de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Igualmente auxiliarán al Ministerio Público, en los términos de las normas aplicables, los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, los Servicios Privados de Seguridad, las Corporaciones de Tránsito y Vialidad del Estado, las Policías Municipales de la entidad y en general, las demás autoridades o corporaciones legalmente competentes, las cuales deberán notificar de inmediato al Ministerio Público de cualquier asunto relacionado con hechos presuntamente delictuosos de los que tengan conocimiento.

Artículo 15.- La Policía Ministerial dependerá, orgánicamente, de la Agencia Estatal de Investigaciones, aunque actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público, en los términos constitucionalmente previstos.

La Policía Ministerial investigará los hechos delictuosos; perseguirá a los probables responsables de los mismos; y ejecutará las órdenes de detención, aprehensión comparecencia, presentación, arraigo, cateo y arresto dictadas por las autoridades competentes.

Artículo 16.- Los peritos dependerán, orgánicamente, de la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Agencia Estatal de Investigaciones, pero actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía técnica, independencia de criterio y la consecuente responsabilidad que les corresponda en el ejercicio de sus funciones técnico-científicas. 

Artículo 17.- Los Síndicos de los Ayuntamientos, en los casos en que deban fungir como Agentes del Ministerio Público de acuerdo con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables, estarán bajo la supervisión y control de la Procuraduría.

Artículo 18.- El Procurador o los servidores públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal de la Procuraduría para auxiliar a otras autoridades que lo requieran, en el desempeño de una o varias funciones que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de justicia.

El auxilio se autorizará mediante la expedición del acuerdo correspondiente, tomando en cuenta los recursos y las necesidades de la Procuraduría.

El personal autorizado en los términos de este artículo, no quedará, por ese hecho, comisionado con las autoridades a quienes auxilie.

Artículo 19.- Se podrán crear mediante acuerdo del Ejecutivo o del Procurador, los organismos de carácter auxiliar y consultivo de la Procuraduría que se estimen necesarios, mismos que tendrán por objeto integrar a los sectores más representativos de la comunidad para que colaboren con la Institución a una defensa más expedita de los intereses de ésta.

La integración, facultades y funcionamiento de estos Consejos serán determinados en el Reglamento correspondiente. El cargo de Consejero será siempre honorario.

Artículo 20.- Para el mejor desempeño de sus funciones, la Procuraduría contará también con un Archivo General y una Biblioteca, cuya estructura y funcionamiento se precisarán en el Reglamento de esta Ley. 

CAPITULO III
COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA

Artículo 21.- La Procuraduría será competente para el despacho de los asuntos mencionados en este Capítulo, los cuales podrán ser atendidos por el Procurador, los Subprocuradores, los Directores Generales, los Directores, los Subdirectores, los Agentes, Secretarios, Delegados y Auxiliares del Ministerio Público, los Policías Ministeriales, Peritos, y demás personal conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento, los Manuales de Organización y de Procedimientos y demás disposiciones legalmente aplicables. 

(REFORMADO, P.O. 09 DE JUNIO DE 2010)
Artículo 22.- A la Procuraduría le corresponde:

I.- Realizar las acciones propias del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos del orden común, que en los términos de la Ley penal se consideren cometidos en el Estado; 

(REFORMADA, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
II.- Intervenir en los asuntos del orden criminal, de adolescentes infractores, civil y familiar, en los cuales el Ministerio Público tenga competencia legal para hacerlo;

III.- Velar por la legalidad y por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia, así como procurar la pronta, completa e imparcial impartición de justicia;

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
IV. Proteger los derechos e intereses de las mujeres, de los ausentes, de los menores y de los  incapaces, en los términos que determinen las leyes;

V.- Proporcionar atención a las víctimas y ofendidos por delitos y facilitar su coadyuvancia;

VI.- DEROGADA. (P.O. 29 DE MARZO DE 2010)

VII.- Realizar estudios y desarrollar programas de prevención del delito en el ámbito de su competencia;

VIII.- Formular estudios y ejecutar lineamientos de política criminológica y promover reformas que tengan por objeto hacer más eficiente la función de seguridad pública y contribuir al mejoramiento de la procuración de justicia;

IX.- Presentar al Ejecutivo, proyectos de ley, decretos y reglamentos para asegurar que la justicia en el Estado sea pronta, expedita, completa e imparcial y hacer de su conocimiento aquéllos que sean contrarios al orden constitucional a fin de que se promueva su reforma o derogación; 

X.- Ejercer las atribuciones que en materia de seguridad pública le confiere la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y participar en la instancia de coordinación del Estado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con la Ley y demás normas que regulan la integración, organización y funcionamiento de dicho Sistema;

XI.- Promover la participación de la comunidad en los programas de su competencia, en los términos que los mismos señalen;

XII.- Realizar las acciones que le correspondan en materia de mediación y de otros métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables;

XIII.- Certificar los convenios que se logren a través de los métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables; 

XIV.- Celebrar convenios, bases y otros instrumentos, para mejorar la procuración de justicia, con las instancias oficiales federales, estatales y municipales correspondientes, así como con personas físicas o morales de los sectores social y privado; 

XV. - Concertar, con la debida intervención de las autoridades competentes, programas de cooperación con instituciones y entidades del extranjero, así como con organismos internacionales, para mejorar la procuración de justicia;

XVI.- Auxiliar a otras autoridades en la investigación y persecución de los delitos de la competencia de éstas, en los términos de los convenios, bases, programas y demás instrumentos de colaboración celebrados al efecto;

XVII.- Mantener bajo su autoridad y mando inmediato a la Agencia Estatal de Investigaciones;

XVIII.- Requerir, para el cumplimiento de sus atribuciones, informes, documentos y opiniones de instancias oficiales federales, estatales y municipales, así como de personas físicas ó morales;

(REFORMADA, P.O. 09 DE JUNIO DE 2010)
XIX.-Establecer medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar cuenta de las actividades de la Institución; en los casos de presunción de privación ilegal de la libertad o de secuestro en cualquiera de sus modalidades, se implementará el manual de procedimiento tendiente a localizar de manera inmediata a la víctima, dando a conocer el hecho a los medios de comunicación, cuidando en todo momento el sigilo de las indagatorias.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
XX. Ejercer a través del Ministerio Publico la acción de extinción de dominio, solicitar las medidas cautelares y efectuar las intervenciones que le correspondan de acuerdo con la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nuevo León; y

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
XXI. Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

(REFORMADO, P.O. 09 DE JUNIO DE 2010)
Artículo 23.- La competencia del Ministerio Público en materia de investigación y persecución de los delitos comprende:

I.- Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;

II.- Determinar el inicio o no inicio de la averiguación previa;

III.- Levantar y llevar un registro de las actas circunstanciadas sobre pérdida y extravío de objetos o de acontecimientos que puedan tener relación con un hecho presumiblemente delictuoso;

IV.- Remitir, a las autoridades correspondientes, las averiguaciones previas formadas con motivo de las investigaciones de delitos, en las que se llegue a determinar que no son competencia del Ministerio Público del Estado;

V.- Determinar la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente;

VI.- Realizar el cotejo de documentos que conformen las averiguaciones previas y expedir copias certificadas de los mismos;

VII.- Investigar los delitos del orden común en las materias que le correspondan, con el auxilio de la Agencia Estatal de Investigaciones y las demás autoridades competentes, en los términos de las disposiciones legalmente aplicables, así como practicar las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa y allegarse las pruebas que considere pertinentes para la acreditación de los elementos que integran el cuerpo del delito, la probable responsabilidad de quienes en él hubieren intervenido y el monto de los daños y perjuicios causados, girando las cédulas citatorias y órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentación que fueren necesarias;

VIII.- Recabar las pruebas que acrediten los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como las que peticionen las partes, siempre y cuando éstas sean conducentes, pertinentes y tengan relación con los hechos que se investigan, pues en caso contrario podrán desecharse;

IX.- Informar a la Agencia Estatal de Investigaciones y demás corporaciones policiales que le auxilien en los términos de ley, sobre los elementos o indicios que deben ser investigados o recabados, así como de otras acciones de investigación que fueren necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado;

X.- Recabar, de las dependencias y entidades oficiales federales, del Distrito Federal, estatales y municipales y de personas físicas o morales, en los términos de las disposiciones aplicables, los informes, documentos, opiniones y dictámenes necesarios para la integración de las averiguaciones previas;

XI.- Ejercer la acción penal ante los jueces competentes, solicitando la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia y en su caso, poner a su disposición a los detenidos que hubiere, así como los objetos, instrumentos o productos relacionados con los hechos delictuosos en los casos que correspondan según los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

XII.- Determinar, según sea el caso, el no ejercicio de la acción penal, la reserva de la averiguación previa o su archivo hasta nueva cuenta, conforme a las disposiciones legalmente aplicables;

XIII.- Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables de la comisión de delitos, en las materias de su competencia, en los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

XIV.- Solicitar las órdenes de aprehensión o de comparecencia de los probables responsables cuando se reúnan los requisitos establecidos para tal efecto; 

XV.- Poner en libertad provisional al indiciado cuando la imputación de un hecho delictivo no esté apoyada con elementos de convicción que hagan probable su responsabilidad, sin perjuicio de continuar la averiguación, misma que se tramitará sin detenido; 

XVI.- Poner a disposición de la autoridad competente a las personas detenidas en caso de delito flagrante o de urgencia, en los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

XVII.- Conceder la libertad provisional a los indiciados, conforme a los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
XVIII. Solicitar al órgano jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo y las órdenes de cateo, así como las de protección que sean necesarias;

XIX.- Remitir todas las cédulas citatorias que envíen, por conducto de los citadores oficiales de la Institución, o en su caso, por medio de los elementos de la Policía Ministerial o de otras corporaciones policíacas;

XX.- Solicitar el aseguramiento precautorio de bienes para garantizar el pago de la reparación de los daños y perjuicios;

XXI.- Asegurar los bienes, instrumentos, huellas, objetos, vestigios o productos relacionados con los hechos delictuosos, en los casos que corresponda, para ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional, e informar de ello para su debido seguimiento al Director General de Control de Procesos y Amparos, debiendo dictar las medidas necesarias para evitar que se siga cometiendo el delito;

XXII.- Custodiar los valores, documentos y otros bienes con los que se garantice en las averiguaciones previas la libertad provisional, reparación del daño, multa o cualquier otra obligación a cargo del probable responsable;

XXIII.- Llevar el registro de existencia, distribución, control y trámite de los objetos que constituyen el instrumento del delito y de los que en general se recojan por la Policía Ministerial en el transcurso de la investigación, bajo su más estricta responsabilidad;

XXIV.- Remitir a la Dirección de Bienes Asegurados, Recuperados e Instrumentos del Delito, conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, los indicios, objetos, evidencias e instrumentos del delito allegados al Ministerio Público en el transcurso de las investigaciones ministeriales;

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
XXV. Restituir provisionalmente al ofendido, en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, solicitando incluso las ordenes de protección procedentes en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León;

XXVI.- Remitir a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, copia certificada de las averiguaciones previas que se relacionen con menores e incapaces que se encuentren en situación de daño, peligro o conflicto, para los efectos legales correspondientes; 

REFORMADA, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
XXVII.- Ejercer las funciones que en materia de adolescentes infractores le señalen las leyes correspondientes;

XXVIII.- Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables;

XXIX.- Auxiliar al Ministerio Público Federal, al del Distrito Federal y al de los Estados de la República, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables;

(REFORMADA, P.O. 09 DE JUNIO DE 2010)
XXX.-Recibir denuncias o querellas sobre desaparición de menores de edad, incapaces y personas mayores de setenta años, debiendo dictar acuerdo de inicio de forma inmediata y sin que medie intervalo alguno de tiempo entre el desconocimiento del paradero de la probable víctima y la noticia del hecho ante la autoridad; estando legitimado para hacerlo cualquier persona que le conste dicha ausencia. En consecuencia, estará obligado a informar con prontitud, a las dependencias que por mandato de ley sean competentes, sobre el extravío reportado y a los medios masivos de comunicación, a fin de que coadyuven en la búsqueda y localización de la persona reportada, implementando el manual de procedimiento tendiente a localizar de manera inmediata a los involucrados en los casos de presunción de privación ilegal de la libertad o secuestro en cualquiera de sus modalidades, cuidando en todo momento el sigilo de las indagatorias.

XXXI.- Realizar las acciones que le correspondan en materia de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables;

XXXII.- Dictar y aplicar las medidas de apremio necesarias para el debido cumplimiento de sus determinaciones en los términos del Código de Procedimientos Penales; 

XXXIII.- Vigilar que el personal no distraiga de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución; 

XXXIV.- Aplicar las correcciones disciplinarias a efecto de salvaguardar el buen orden, el respeto y la consideración debidos en la práctica de las diligencias dentro de las averiguaciones previas; y

XXXV.- Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 24.- La competencia del Ministerio Público en materia de asuntos del orden criminal, civil y familiar ante órganos jurisdiccionales comprende:

I.- Realizar la actuación procesal del Ministerio Público en los procedimientos jurisdiccionales cuya atención y tramitación legalmente le corresponda; 

II.- Promover, concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen ante los órganos jurisdiccionales en los procedimientos penales para el debido esclarecimiento de los hechos, desahogando las vistas que se le den y formulando los pedimentos que procedan dentro de los términos legales;

III.- Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito y las circunstancias en que hubiese sido cometido; la responsabilidad penal de los inculpados y sus circunstancias especiales; así como la existencia de daños y perjuicios y las requeridas para fijar el monto de su reparación;

IV.- Promover, concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los órganos jurisdiccionales, desahogando las vistas que se le den y formulando los pedimentos que procedan dentro de los términos y conforme a las disposiciones legalmente aplicables;

V.- Intervenir en los juicios relativos al estado civil de las personas, sucesiones y todos aquellos del orden familiar en los que por disposición legal sea parte o deba darse vista al Ministerio Público, interponiendo las promociones o recursos legales que procedan;

VI.- Iniciar el trámite de incidentes penales ante los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad con lo establecido por el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

VII.- Formular las conclusiones en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios o, en su caso, plantear las causas de exclusión del delito o las que extingan la acción penal;

VIII.- Impugnar, en los términos legalmente previstos, las resoluciones judiciales que a su juicio causen agravio a las personas cuya representación corresponde al Ministerio Público e interponer los recursos procedentes en los asuntos de su competencia;

IX.- Estudiar los expedientes en los que se les de vista y promover lo procedente si se estima que existen hechos que pueden constituir delito, un delito diverso o un delito en contra de personas distintas a las procesadas;

X.- Informar a la Agencia Estatal de Investigaciones y demás corporaciones policiales que le auxilien en los términos de ley, sobre los elementos o indicios que deben ser investigados o recabados, así como de otras acciones de investigación que fueren necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado;

XI.- Recibir para su ejecución, las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, arresto, presentación, cateo y demás mandamientos que ordene la autoridad judicial, coordinando y vigilando su debido cumplimiento;

XII.- Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas y aprehendidas dentro de los plazos legalmente establecidos;

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
XIII. Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, cateo, arresto, arraigo y protección que giren los órganos jurisdiccionales, así como las de detención, presentación, comparecencia y retención que dicte el Ministerio Público en los términos legalmente establecidos; 

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
XIV. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de arraigo para testigos durante el proceso, así como las de cateo, de aseguramiento o de embargo precautorio de bienes, las medidas precautorias de arraigo, medidas de protección, los exhortos o la constitución de garantías para los efectos de garantizar, el pago de la reparación de los daños y perjuicios conforme a las disposiciones legalmente aplicables; 

XV.- Intervenir en todos los casos que conozca dentro de los procesos en que le den vista, cuando se origine una situación de conflicto, daño o peligro para algún ausente, menor o incapaz a fin de ejercitar las acciones que en derecho procedan;

XVI.- Poner en conocimiento, a la mayor brevedad posible, del Director General de Averiguaciones Previas, las conductas o delitos generados de hechos de violencia familiar y que se desprendan de expedientes en que se le de vista;

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
XVII. Velar por los intereses de las mujeres, así como de los menores e incapaces no sujetos a patria potestad o tutela, ejercitando las acciones correspondientes en los términos de la legislación vigente;

XVIII.- Realizar las acciones necesarias para formular pedimentos de cumplimientos de mandamientos judiciales en el extranjero;

XIX.- Realizar las acciones que le correspondan en materia de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables; y

XX.- Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 25.- La competencia del Ministerio Público en materia de atención a víctimas y ofendidos por delitos comprende:

I.- Proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los derechos jurídicamente existentes a su favor;

II.- Recibir todos los elementos de prueba que la víctima u ofendido le aporte en ejercicio de su derecho de coadyuvancia, para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como para determinar, en su caso, la procedencia y monto de la reparación del daño. Cuando el Ministerio Publico considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
III. Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y, en los casos de delitos contra la libertad, violencia familiar y equiparable a la violencia familiar y delitos sexuales, o cuando así lo considere procedente, solicitar ordenes de protección y dictar las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido; 

IV.- Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;

V.- Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención medica y psicológica de urgencia. Cuando el Ministerio Publico lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas; 

(REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2012)
VI. Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sean procedentes, las órdenes de protección, así como la reparación del daño; 

VII.- Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones legalmente aplicables; y

VIII.- Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 26.- La competencia del Ministerio Público se ejercerá a través de los Agentes del Ministerio Público.

Los Secretarios y Delegados del Ministerio Público estarán facultados para:

I.- Realizar las acciones comprendidas en las fracciones I, III, VI, VII, VIII, IX, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXI y XXXIII del artículo 23 de esta Ley;

II.- Realizar las acciones comprendidas en las fracciones I, III, IV, V y VII del artículo 25 de esta Ley; y

III.- Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Los Agentes, Secretarios y Delegados del Ministerio Público estarán investidos de fe pública.


CAPITULO IV
FACULTADES GENERALES DEL PROCURADOR, 
SUBPROCURADORES, DIRECTORES GENERALES Y DIRECTORES 
DE LA PROCURADURIA

SECCION I
DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA


Artículo 27.- El Procurador ejercerá las siguientes facultades no delegables:

I.- Determinar, dirigir y controlar la política y administración de la Procuraduría, así como coordinar la planeación, vigilancia y evaluación de la operación de las unidades administrativas que la integran;

II.- Determinar la delegación y desconcentración de facultades en los servidores públicos de la Procuraduría; 

III.- Resolver casos de duda que se susciten por motivo de la interpretación o aplicación de las normas y emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre las unidades administrativas de la Institución;

IV.- Autorizar los Manuales de Organización y Procedimientos de la Procuraduría y los demás que fuesen necesarios para el funcionamiento de la dependencia;

V.- Autorizar los programas para la práctica de visitas de evaluación administrativa o técnico-jurídicas a las unidades administrativas de la Procuraduría, con la intervención que corresponda a las autoridades o instancias competentes;

VI.- Autorizar el anteproyecto de presupuesto anual de la Procuraduría así como presentarlo a la instancia competente del Gobierno del Estado para su integración al proyecto de presupuesto anual de egresos del Ejecutivo;

VII.- Autorizar los lineamientos y bases del servicio de carrera de la Procuraduría, así como todo lo relativo a nombramientos, movimientos de personal, y terminación de los efectos de los nombramientos;

VIII.- Fijar las condiciones generales de trabajo de la Procuraduría, en los términos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables;

IX.- Dispensar la presentación de examen para el ingreso a la Procuraduría a Agentes, Delegados y Secretarios del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos, a personas con amplia experiencia profesional conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables;

X.- Autorizar la concertación de bases, convenios, programas y otros instrumentos de coordinación con instituciones y entidades públicas federales, estatales o municipales, así como con organismos privados y, en el ámbito de su competencia, con instancias internacionales, a fin de mejorar la procuración de justicia;

XI.- Establecer los lineamientos de la participación de la Procuraduría en las instancias de coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública de acuerdo con la ley de la materia y demás normas que regulen la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema;

XII.- Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Gobernador del Estado le confiera e informarle sobre el desarrollo de las actividades propias de la Procuraduría;

XIII.- Acordar con los Subprocuradores y demás titulares de las unidades administrativas que estime pertinentes, los asuntos de su respectiva competencia;

XIV.- Expedir los lineamientos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas conducentes al buen despacho de la Procuraduría, así como para lograr la acción pronta, completa, expedita e imparcial del Ministerio Público;

XV.- Determinar la unificación de criterios de aplicación de las normas penales sustantivas y adjetivas, en materia de procuración de justicia, y transmitirlo a las Direcciones correspondientes para su aplicación;

XVI.- Revocar cualquier inejercicio de la acción penal en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del día siguiente al de su notificación;

XVII.- Conocer, y en su caso autorizar, el desistimiento de la acción penal planteado previamente por el Ministerio Público;

XVIII.- Resolver los recursos de inconformidad contra resoluciones de inejercicio de la acción penal, a excepción de los casos de excusa de él mismo; y

XIX.- Las demás que con este carácter le encomiende el Gobernador del Estado o le otorguen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.


SECCION II
DE LOS SUBPROCURADORES


Artículo 28.- Los Subprocuradores tendrán las siguientes facultades genéricas y además las específicas que para cada una de sus respectivas unidades administrativas se establezcan en esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones legalmente aplicables:

I.- Planear, asesorar, supervisar y evaluar las acciones y el desarrollo del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo de conformidad con los lineamientos que determine el Procurador;

II.- Atender y corregir las irregularidades administrativas realizadas por servidores públicos de su adscripción;

III.- Someter a la consideración del Procurador la organización interna de las unidades administrativas de su adscripción, así como, en su caso, los procedimientos administrativos y las normas de coordinación y de operación;

IV.- Proponer al Procurador la delegación de las facultades que estimen necesarias para el óptimo desarrollo de la Institución;

V.- Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las unidades administrativas que les estén adscritas; 

VI.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquéllos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia, con excepción de los relativos a las facultades indelegables del Procurador;

VII.- Suscribir, en ausencia del Procurador, y conforme a las normas legalmente aplicables, los informes que deban rendirse en los juicios de amparo, demandas, recursos y promociones en procedimientos judiciales, laborales y contenciosos administrativos;

VIII.- Formular el anteproyecto de presupuesto anual de las unidades administrativas a su cargo, con sujeción a los lineamientos que al efecto expida la Dirección General de Administración;

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
IX.- Proponer al Procurador, los nombramientos, promociones y licencias del personal a su cargo, así como la remoción del mismo cuando no cumpla con los requisitos de permanencia establecidos en la presente ley;

X.- Ejecutar en la esfera de sus facultades, los convenios, bases y otros instrumentos de coordinación celebrados por la Institución, en la materia que en cada caso corresponda;

XI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador les encomiende e informarle sobre el desarrollo de las mismas;

XII.- Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia;

XIII.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas de su adscripción el despacho de los asuntos de sus respectivas competencias;

XIV.- Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que les sean requeridas por otras dependencias o entidades, de acuerdo con las disposiciones legales y las políticas establecidas;

XV.- Conceder audiencia al público; y

XVI.- Las demás que le encomiende el Procurador o le otorgue esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.


SECCION III
DE LOS DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES,
VISITADOR Y SECRETARIOS PARTICULAR Y TECNICO


Artículo 29.- Los Directores Generales, los Directores, el Visitador, y los Secretarios Particular y Técnico tendrán las siguientes facultades genéricas además de las específicas que para cada una de sus respectivas unidades administrativas se establezcan en esta Ley, su Reglamento o demás disposiciones legalmente aplicables:

I.- Planear, programar, asesorar, supervisar, organizar, dirigir, y evaluar las acciones y el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa a su cargo;

II.- Proponer a su superior jerárquico, la expedición de acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en el ámbito de su competencia;

III.- Establecer y supervisar los procedimientos adecuados para que se turnen los asuntos que deben ser del conocimiento de los servidores públicos que les estén adscritos;

IV.- Firmar y notificar las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquéllos que se emitan con fundamento en las facultades que les correspondan;

V.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos sobre asuntos de su competencia cuando sea legalmente procedente;

VI.- Coordinarse con los titulares de las demás Direcciones para hacer más eficiente el servicio de la Institución;

VII.- Integrar, para aprobación superior, los programas de trabajo y los anteproyectos del presupuesto anual de la unidad administrativa a su cargo;

VIII.- Supervisar el ejercicio y la adecuada aplicación del presupuesto autorizado para la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la Dirección General de Administración;

(REFORMADA, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
IX.- Proponer a su superior jerárquico, los nombramientos, promociones y licencias del personal a su cargo, así como la remoción del mismo cuando no cumpla con los requisitos de permanencia establecidos en la presente Ley;

X.- Vigilar y controlar que las personas que realicen prácticas profesionales o servicios profesionales de índole social en la unidad administrativa a su cargo, lo hagan en la forma y durante el término que se ordene en la normatividad respectiva, expidiendo la constancia del cumplimiento;

XI.- Proponer al Instituto de Formación Profesional los programas de capacitación, actualización o especialización que estime pertinente en las materias de su competencia;

XII.- Coordinarse con las instancias competentes, para el intercambio de conocimientos y experiencias, que coadyuven a una mejor procuración de justicia y para el cumplimiento de los convenios de colaboración que se hubieren concertado;

XIII.- Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos de su competencia;

XIV.- Someter a la aprobación de su superior jerárquico los estudios y proyectos que se elaboren en la Dirección a su cargo;

XV.- Integrar y rendir los informes y estadísticas que establezca la normatividad interna de la Procuraduría y aquéllos que le sean solicitados por sus superiores jerárquicos;

XVI.- Acordar con los servidores públicos que les estén adscritos el despacho de los asuntos de su competencia;

XVII.- Conceder audiencia al público; y

XVIII.- Las demás que le encomiende su superior jerárquico o le otorguen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 30.- Serán Agentes del Ministerio Público y estarán investidos de fe pública para todos los efectos legales los siguientes servidores públicos:

I.- Procurador;

II.- Subprocurador del Ministerio Público;

III.- Subprocurador Jurídico;

IV.- Visitador General;

V.- Director de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador; 

VI.- Director General de Averiguaciones Previas;

VII.- Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales;

VIII.- Director de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General;

IX.- Director de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales;

X.- Director General de Control de Procesos y Amparos;

(REFORMADA P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
XI.- Director de Amparos;

(REFORMADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
XII. Director de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados;

(REFORMADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
XIII. Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Inmobiliarios, Registrales y de Despojo de Inmueble; y

(ADICIONADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
XIV. Director de la Unidad Especializada Antisecuestros.

Además tendrán carácter de Ministerio Público los que determinen el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones legalmente aplicables.


CAPITULO V
ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA PROCURADURIA

Artículo 31.- La Subprocuraduría del Ministerio Público depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de realizar las acciones propias del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos con el auxilio de las instancias correspondientes, siendo competente para:

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
I. Coordinar y supervisar las actividades que realicen los Agentes del Ministerio Público en la averiguación previa, las que se relacionen con la consignación y durante el proceso; así como las investigaciones, imputaciones y todo lo relativo al sistema acusatorio;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
II. Expedir las bases o las instrucciones para que los agentes del Ministerio Público actúen en materia de conclusiones no acusatorias, retiro de la acusación o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado, antes de que se pronuncie sentencia; así como de criterios de oportunidad, solicitud de medidas cautelares, providencias precautorias, consentimiento del procedimiento abreviado y la suspensión del procedimiento a prueba;

III.- Coordinar, con base en los lineamientos que señale el Procurador, el intercambio de criterios de aplicación técnico penal con otras Procuradurías y órganos jurisdiccionales para mejorar la procuración e impartición de justicia en el Estado y promover la difusión para su debida observancia; 

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
IV Establecer con los Titulares de la Dirección General de Averiguaciones Previas, Dirección General de Control de Procesos y de Amparos, Dirección General del Sistema Penal Acusatorio y la Agencia Estatal de Investigaciones, métodos y lineamientos para mejorar la calidad técnica y jurídica de los partes informativos, actuaciones ministeriales y dictámenes periciales, con el fin de que las resoluciones que se dicten en las indagatorias estén apegadas a derecho y sean viables en los procedimientos y, en consecuencia, soporten los procesos, para que los fallos judiciales se dicten con pleno respeto a las garantías individuales y los derechos humanos;

V.- Determinar, previa obtención de los informes correspondientes, la cancelación en la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales, de las constancias de identificación policíaca, cuando se den los supuestos previstos por la ley; y

VI.- Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(REFORMADO, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
Artículo 32.- La Dirección General de Averiguaciones Previas depende de la Subprocuraduría del Ministerio Público y es la unidad administrativa responsable de investigar y perseguir los delitos con el auxilio de la Agencia Estatal de Investigaciones, y de integrar las averiguaciones previas ejerciendo, en su caso, la acción penal correspondiente, siendo competente para realizar las acciones referidas en los artículos 23 y 25 de esta Ley, las que le correspondan en materia de adolescentes infractores, y para las siguientes:

I.- Recibir de los Agentes del Ministerio Público Investigadores, en los términos de los acuerdos que al efecto emita el Procurador, las averiguaciones previas debidamente agotadas en las que se proponga el ejercicio de la acción penal, o el no ejercicio de la misma, haciendo el estudio respectivo para determinar lo procedente;

II.- Revisar y devolver a los Agentes del Ministerio Público Investigadores, las averiguaciones previas que estime incompletas y señalar las diligencias que deban practicarse o las pruebas que deban recabarse para su debida integración y perfeccionamiento;

III.- Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre Agentes del Ministerio Público investigadores, así como las diferencias de criterio que surjan entre ellos;

(REFORMADA P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
IV.- Instruir a los Agentes del Ministerio Público Investigadores, respecto de los casos en que por acuerdo del Procurador o del Subprocurador del Ministerio Público, deberán ejercitar acción penal directamente ante el órgano jurisdiccional;

V.- Aprobar las propuestas que formulen los Agentes del Ministerio Público Investigadores, dentro de aquellas averiguaciones en que la denuncia o querella se haya hecho por delitos de los considerados graves conforme al Código Penal vigente en el Estado, en que se pretenda dictar un auto de reserva de la averiguación previa;

VI.- Someter a la aprobación del Subprocurador del Ministerio Público, los criterios que deban observarse en los pliegos de consignación, de conformidad con los lineamientos que acuerde el Procurador;

VII.- Dictar las medidas idóneas para que las averiguaciones previas se lleven a cabo bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como para que el personal que le esté adscrito siga métodos científicos que garanticen el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;

VIII.- Poner en conocimiento del Subprocurador del Ministerio Público, sin demora, las detenciones o retenciones de personas, realizadas en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado;

IX.- Rendir, al Subprocurador del Ministerio Público, los informes correspondientes sobre los bienes recuperados e instrumentos del delito vinculados a las averiguaciones previas;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
X.- Establecer, en coordinación con la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos, los lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de ser necesario, a sus familiares o testigos; 

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
XI.- Remitir para su debida atención, al Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos que corresponda, a los menores, incapaces o a cualquier otra persona cuando de los casos en que intervenga se desprenda que es necesaria su atención;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
XII.- Establecer, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de ser necesario, a sus familiares;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
XIII.- Remitir para su debida atención, a la Dirección de Derechos Humanos, a los menores, incapaces o a cualquier otra persona cuando de los casos en que intervenga se desprenda que es necesaria su atención;

XIV.- Operar y ejecutar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, en materias de robo y tráfico de infantes;

XV.- Efectuar visitas de inspección a las Agencias del Ministerio Público para constatar el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de bienes recuperados e instrumentos del delito vinculados a las averiguaciones previas;

XVI.- Vigilar la operatividad funcional y calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal;

XVII.- Operar una base de datos para el adecuado control de las investigaciones realizadas, registro de bienes recuperados, pruebas recabadas y custodia de objetos; y

XVIII.- Las que le encomiende el Subprocurador del Ministerio Público o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

(REFORMADO P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
Artículo 33.- La Dirección de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales, la Dirección de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General y la Dirección de Agentes del Ministerio Público en Delitos Inmobiliarios Registrales y de Despojo de Inmueble, dependen de la Dirección General de Averiguaciones Previas y son las unidades administrativas responsables de auxiliar a ésta en la integración de las averiguaciones previas, siendo competentes para realizar las acciones referidas en los artículos 23 y 25 de esta Ley, así como las siguientes:

I.- Integrar a través de los Agentes del Ministerio Público Investigadores las averiguaciones previas en sus respectivas materias y, en su caso, ejercer la acción penal;

II.- Coadyuvar con el Director General de Averiguaciones Previas en la vigilancia de la secuela de las averiguaciones, girando las instrucciones conducentes hasta su consignación, así como revisar las averiguaciones previas antes de que se consignen o se decrete el inejercicio de la acción penal por los Agentes del Ministerio Público Investigadores y, en su caso, emitir su opinión;

III.- Practicar la supervisión que determine el Director General de Averiguaciones Previas en las Agencias del Ministerio Público Investigadoras o Conciliadoras, a fin de observar e inspeccionar las averiguaciones que en ella se ventilan y rendirle un informe de las mismas;

IV.- Revisar y devolver a los Agentes del Ministerio Público Investigadores, las averiguaciones previas que estime incompletas y señalar las diligencias que deban practicarse o las pruebas que deban recabarse para su debida integración y perfeccionamiento; 

V.- Vigilar la operatividad funcional y calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal; y

VI.- Las que le encomiende el Director General de Averiguaciones Previas o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables. 

Artículo 34.- La Dirección de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales depende de la Dirección General de Averiguaciones Previas y es la unidad administrativa responsable de auxiliar a ésta en la integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de asuntos viales, siendo competentes para realizar las acciones referidas en los artículos 23 y 25 de esta Ley, así como las siguientes:

I.- Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito en la materia de asuntos viales pronunciándose, mediante acuerdo, sobre el inicio o no inicio de la averiguación previa;

II.- Investigar los delitos del orden común en asuntos viales, con el auxilio de la Agencia Estatal de Investigaciones y las demás autoridades competentes, en los términos de las disposiciones legalmente aplicables, así como practicar las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa y para allegarse de las pruebas que considere pertinentes para la acreditación de los elementos que integran el cuerpo del delito, la probable responsabilidad de quienes en él hubieren intervenido y el monto de los daños y perjuicios causados, girando las cédulas citatorias y órdenes de comparecencia, búsqueda, localización así como de investigación y presentación que fueren necesarias;

III.- Revisar y devolver a los Agentes del Ministerio Público Investigadores, las averiguaciones previas que estime incompletas y señalar las diligencias que deban practicarse o las pruebas que deban recabarse para su debida integración y perfeccionamiento;

IV.- Ejercer la acción penal ante los jueces competentes por los delitos del orden común en asuntos viales y poner a disposición de éstos a los detenidos que hubiere, así como los objetos, instrumentos o productos relacionados con los hechos delictuosos en los casos que correspondan;

V.- Poner en conocimiento del Director General de Averiguaciones Previas, sin demora, las detenciones o retenciones de personas, realizadas en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado;

VI.- Vigilar la operatividad funcional y calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal; y

VII.- Las que le encomiende el Director General de Averiguaciones Previas o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 35.- La Dirección de Bienes Asegurados, Recuperados e Instrumentos del Delito depende de la Dirección General de Averiguaciones Previas y es la unidad administrativa responsable de la recepción, custodia, control, registro, clasificación, conservación, y devolución de los indicios, objetos, evidencias e instrumentos del delito allegados al Ministerio Público en el transcurso de las investigaciones ministeriales una vez concluidas éstas, siendo competente para:

I.- Recibir de las Agencias del Ministerio Público los bienes recuperados o instrumentos de delito relacionados con las averiguaciones previas y que en el lapso de tres meses desde su recepción en la Agencia, no hayan sido remitidos a otro órgano de autoridad competente, salvo casos de excepción en relación a los cuales las Agencias deberán rendir un informe que lo justifique;

II.- Llevar el control, registro y custodia de los bienes recuperados e instrumentos del delito relacionados con las averiguaciones previas;

III.- Informar, previo acuerdo con el Director General de Averiguaciones Previas, a las autoridades sanitarias, o a cualquier otra que resulte competente para que, en el ámbito de sus atribuciones, autoricen o realicen la destrucción de aquellos bienes recuperados e instrumentos del delito recibidos, que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación y que no siendo aptos para su consumo, puedan resultar nocivos a la salud o al medio ambiente;

IV.- Mantener debidamente identificados los bienes recuperados e instrumentos de delito, con las averiguaciones previas a las que estén vinculados;

V.- Requerir de las Agencias del Ministerio Público y demás dependencias correspondientes de la Procuraduría, en caso de ser necesario para el cabal cumplimiento de sus funciones, informes sobre los bienes o instrumentos de delito relacionados con las averiguaciones previas, su estado y situación jurídica, así como la documentación vinculada a los mismos;

VI.- Efectuar visitas de inspección a las Agencias del Ministerio Público para constatar el cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de bienes recuperados e instrumentos del delito vinculados a las averiguaciones previas;

VII.- Hacer entrega a las Agencias del Ministerio Público de los bienes recuperados o instrumentos de delito que obren en su poder, y así lo soliciten conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento;

(REFORMADA, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
VIII.- Informar al Director General de Averiguaciones Previas de aquellos casos en que transcurridos sesenta días naturales desde la recepción en la Dirección de los bienes recuperados e instrumentos del delito, las Agencias del Ministerio Público, no hubiesen solicitado la devolución de los mismos, para que éste ordene a tales Agencias que realicen la debida notificación a sus posibles propietarios con todas las formalidades legales requeridas, bajo el apercimiento de que de no reclamados en un lapso de sesenta días naturales a partir de la notificación, éstos causarán abandono a favor del Ejecutivo del Estado para ser vendidos a través de las instancias y procedimientos correspondientes, y el valor obtenido se destinará al mejoramiento del sistema integral de procuración de justicia, con deducción de los gastos realizados;

IX.- Operar una base de datos para el adecuado control de los bienes recuperados e instrumentos de delito vinculados a las averiguaciones previas;

X.- Informar al Director General de Averiguaciones Previas, las irregularidades que se detecten con motivo del ejercicio de sus funciones; y

XI.- Las que le encomiende el Director General de Averiguaciones Previas o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 36.- La Dirección General de Control de Procesos y Amparos depende de la Subprocuraduría del Ministerio Público, y es la unidad administrativa responsable de coordinar las acciones de los Agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales y de representar a la Institución ante los órganos de control constitucional, siendo competente para realizar las acciones a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, y para las siguientes:

I.- Dirigir y vigilar a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales;

II.- Dirigir y vigilar las acciones requeridas para la representación de la Institución frente a los órganos de control constitucional en los términos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables;

III.- Tener a su cargo la actuación procesal del Ministerio Público en la Primera Instancia de los procedimientos penales; 

IV.- Autorizar a los Agentes del Ministerio Público para que actúen en materia de sobreseimiento de los procesos penales en los casos en que proceden legalmente;

V.- Remitir al Procurador los informes, documentos y constancias necesarios, cuando se estime que debe iniciarse una averiguación previa por la comisión de un delito diverso o en contra de personas distintas a los procesados;

VI.- Coordinar y vigilar la ejecución de la órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, arresto, presentación, cateo y demás mandamientos que ordene la autoridad judicial, así como vigilar su cumplimiento;

VII.- Vigilar la operatividad funcional y el desempeño con calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal;
VIII.- Concurrir a las visitas de reclusorios que practiquen los Jueces ante los que actúan los Agentes del Ministerio Público adscritos, informando al Procurador sobre los resultados de las mismas;

IX.- Expedir los lineamientos para la actuación del Ministerio Público en los procesos que son de la competencia de los Jueces Menores;

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
X.- Formular pedimentos de cumplimientos de mandamientos judiciales en el extranjero, apoyándose en la Dirección de Extradiciones y Asuntos Internacionales;

XI.- Operar y ejecutar bases, convenios u otros instrumentos de coordinación o colaboración celebrados por la Institución en materia de derecho familiar y de procesos penales, incluyendo lo relativo al cumplimiento de mandamientos judiciales;

XII.- Mantener comunicación con el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial de la Federación, y demás autoridades competentes en los asuntos de su competencia;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
XIII.- Establecer, en coordinación con la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos, lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de así ser necesario, a sus familiares o testigos;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
XIV.- Remitir para su debida atención, al Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos que corresponda a los menores, incapaces o a cualquier otra persona cuando de los casos en que intervenga se desprenda que es necesaria su atención;

XV.- Implementar y mantener actualizado un sistema de compilación de tesis judiciales dictadas en materia de amparo contra actos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Poder Judicial Estatal; y en general, de todos aquellos criterios judiciales que sean relevantes;

XVI.- Proponer al Procurador, en los casos que corresponda, la denuncia de contradicción de tesis que provengan de los juicios de amparo, ante las autoridades competentes; y

XVII.- Las que le encomiende el Subprocurador del Ministerio Público o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 37.- La Dirección de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados depende de la Dirección General de Control de Procesos y Amparos y es la unidad administrativa responsable de coordinar las acciones de los Agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales, siendo competente para realizar las acciones a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, y para las siguientes:

I.- Coordinar y vigilar a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales;

II.- Intervenir en los procesos penales cuya atención y tramitación le correspondan, aportando las pruebas pertinentes y promoviendo las diligencias orientadas al debido esclarecimiento de los hechos, así como acreditando los elementos que integran el cuerpo del delito, la responsabilidad penal de los inculpados y la reparación de los daños y perjuicios; y

III.- Las que le encomiende el Director General de Control de Procesos y de Amparos o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 38.- La Dirección de Amparos depende de la Dirección General de Control de Procesos y Amparos, y es la unidad administrativa responsable de ejercer las acciones necesarias para la debida representación de la Institución frente a los órganos de control constitucional, siendo competente para:

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
I.- Acreditar en los términos del párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Amparo, a los delegados en los juicios de garantías en que se señalen como autoridad responsable al Procurador, Subprocurador del Ministerio Público, Director General de Control de Procesos y Amparos, Director General de Averiguaciones Previas, Director de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales, Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales, Director de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General, Director de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados, Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Inmobiliarios, Registrales y de Despojo de Inmueble, Director de la Unidad Especializada Antisecuestros, Director General del Sistema Penal Acusatorio, Directores de Investigación, Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa, Director de Atención Ciudadana, Director de Justicia Penal Alternativa, Director de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos y Agentes del Ministerio Público; para que concurran a las audiencias a efecto de que en ellas rinda pruebas, alegatos o haga promociones, a excepción de aquellas relativas a recursos de inconformidad interpuestos contra inejercicios de la acción penal; tal acreditación podrá recaer en servidores públicos que sean profesionistas del derecho y laboren en la Dirección;

II.- Gestionar, para los efectos de la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo, con el Delegado de la Procuraduría General de la República o con los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a los Juzgados de Distrito, la interposición de los recursos que señale la Ley referida en los juicios de amparo penales en que se reclamen resoluciones de Tribunales locales, cuando se estime que la sentencias dictadas en audiencias constitucionales o resoluciones de incidentes de suspensión, causen agravio a los intereses de la representación social;

III.- Vigilar que los informes que se rindan en los juicios de amparo en que se señalen como autoridades responsables a las mencionadas en la fracción I de este artículo, se formulen en tiempo y forma y que se anexen los documentos o copias certificadas necesarias para justificar la legalidad o constitucionalidad de los actos reclamados;

IV.- Apoyar, por conducto de los Agentes del Ministerio Público adscritos, para que en los informes que se rindan en los juicios de amparo en que se señalen como actos reclamados órdenes de aprehensión, autos de formal prisión o de sujeción a proceso, o algún otro, se anexen las copias certificadas necesarias para justificar la legalidad de tales actos reclamados;

V.- Representar al Procurador, como Delegados, en los juicios de amparo directo en que se señale a aquél como autoridad responsable y que se promuevan contra las sentencias de segunda instancia dictadas en procesos penales;

VI.- Recopilar los criterios de los Tribunales Federales en relación a la materia penal y ponerlos en conocimiento del Director General de Control de Procesos y Amparos;

VII.- Informar oportunamente al Director General de Control de Procesos y Amparos y al Director General de Averiguaciones Previas de las fallas en la integración de averiguaciones o en el desarrollo de los procesos o alguna otra causa, que se traduzcan en la concesión de amparos;

VIII.- Vigilar la operatividad funcional y el desempeño con calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público del Estado que intervengan en los Juicios de Amparo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal;

IX.- Coordinar la intervención del Ministerio Público del Estado, con la Procuraduría General de la República, respecto a los juicios de amparo en los que el primero sea señalado como autoridad responsable, conforme a los convenios de colaboración institucional; y

X.- Las que le encomiende el Director General de Control de Procesos y de Amparos, o le otorgue esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
Artículo 38 Bis.- La Dirección de Extradiciones y Asuntos Internacionales depende de la Dirección General de Control de Procesos y Amparos y es la unidad administrativa responsable de realizar las gestiones necesarias para dar seguimiento y cabal cumplimiento a los compromisos de carácter internacional asumidos por la Federación o el Estado, dentro de sus respectivas competencias, en materia de extradiciones y procuración de justicia, así como representar a la Institución en el ámbito internacional, siendo competente para: 

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
I. Auxiliar a las unidades administrativas de la Procuraduría en la práctica de diligencias, obtención e intercambio de información en el extranjero.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
II. Colaborar con las unidades administrativas de la Procuraduría que así lo requieran en la formulación de pedimentos de cumplimientos de mandamientos judiciales en el extranjero.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
III. Apoyar, facilitar y coadyuvar con las notificaciones de comparecencia por delitos de extranjeros en el Estado o de mexicanos en el extranjero que sean requeridos por autoridad competente para el desahogo de diligencias en los procesos instaurados.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
IV. Solicitar, o en su caso brindar, al Ministerio Público de la Federación, el auxilio necesario para la práctica de diligencias que así lo requieran.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
V. Desahogar las consultas jurídicas que le sean formuladas por las unidades administrativas de la Procuraduría, en materia de extradiciones y de asuntos internacionales vinculados con la procuración de justicia.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
VI. Realizar, en coordinación con la Dirección de Estudios y Asuntos Legislativos, el análisis jurídico de la legislación nacional y extranjera en las materias penal y procesal penal, así como de los instrumentos jurídicos internacionales relativos al desahogo de los procedimientos de extradición.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
VII. Coadyuvar en los términos de las leyes aplicables en el trámite y resolución de cualquier solicitud de extradición en la que el Estado tenga interés jurídico.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
VIII. Participar en las reuniones entre Procuradurías celebradas en México o en el extranjero en materia de asuntos internacionales; y

(ADICIONADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
IX. Las demás que le encomiende el Director General de Control de Procesos y Amparos o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 38 Bis 1. La Dirección General del Sistema Penal Acusatorio depende de la Subprocuraduría del Ministerio Público y es la unidad administrativa responsable de investigar y perseguir los delitos bajo el sistema penal acusatorio, con el auxilio de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizando, en su caso, las imputaciones y acusaciones que correspondan, siendo competente para realizar las acciones referidas en los artículos 23 y 25 de esta Ley, las que le correspondan en materia de adolescentes infractores, y para las siguientes:

I. Recibir de los Agentes del Ministerio Público a su mando, en los términos de los acuerdos que al efecto emita el Procurador, las carpetas de investigación debidamente agotadas en las que se proponga el no ejercicio de la misma, haciendo el estudio respectivo para determinar lo procedente;

II. Revisar y devolver a los Agentes del Ministerio Público a su mando, las carpetas de investigación que estime incompletas y señalar las diligencias que deban practicarse o los medios de pruebas que deban recabarse para su debida integración y perfeccionamiento;

III. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre Agentes del Ministerio Público, así como las diferencias de criterio que surjan entre ellos;

IV. Instruir a los Agentes del Ministerio Público, respecto de los casos en que por acuerdo del Procurador o del Subprocurador del Ministerio Público, deberán imputar o acusar directamente ante el órgano jurisdiccional;

V. Someter a la aprobación del Subprocurador del Ministerio Público, los criterios que deban observarse en las solicitudes de medidas cautelares y acusaciones, de conformidad con los lineamientos que acuerde el Procurador;

VI. Dictar las medidas idóneas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como para que el personal que le esté adscrito siga métodos científicos que garanticen el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;

VII. Poner en conocimiento del Subprocurador del Ministerio Público, sin demora, las detenciones o retenciones de personas, realizadas en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado;

VIII. Rendir, al Subprocurador del Ministerio Público, los informes correspondientes sobre los bienes recuperados e instrumentos del delito vinculados a las carpetas de investigación;

IX. Establecer, en coordinación con la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos, lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de ser necesario, a sus familiares o testigos; 

X. Remitir para su debida atención, al Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos que corresponda, a los menores, incapaces o a cualquier otra persona cuando de los casos en que intervenga se desprenda que es necesaria su atención;

XI. Establecer, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de ser necesario, a sus familiares o testigos;

XII. Remitir para su debida atención, a la Dirección de Derechos Humanos, a los menores, incapaces o a cualquier otra persona cuando de los casos en que intervenga se desprenda que es necesaria su atención;

XIII. Supervisar el correcto funcionamiento de las Agencias del Ministerio Público cuando realicen las acciones correspondientes a adolescentes infractores, procurando en todo caso que quienes las realizan sean especialistas en dicha materia;

XIV. Operar y ejecutar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, en materias de robo y tráfico de infantes;

XV. Vigilar la operatividad funcional y calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal;

XVI. Operar una base de datos para el adecuado control de las investigaciones realizadas, registro de bienes recuperados, pruebas recabadas y custodia de objetos; 

XVII. Dirigir y vigilar las acciones requeridas para la representación de la Institución frente a los órganos de control constitucional en los términos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables;

XVIII. Tener a su cargo la actuación procesal del Ministerio Público en el sistema procesal penal acusatorio; 

XIX. Coordinar y vigilar la ejecución de los mandamientos que ordene la autoridad judicial, así como vigilar su cumplimiento;

XX. Vigilar la operatividad funcional y el desempeño con calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal;

XXI. Concurrir a las visitas de reclusorios que practiquen los Jueces ante los que actúan los Agentes del Ministerio Público, informando al Procurador sobre los resultados de las mismas; y

XXII. Las que le encomiende el Subprocurador del Ministerio Público o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 38 Bis 2. Las Direcciones de Investigación, dependen de la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio y son las unidades administrativas responsables de auxiliar a ésta en las investigaciones de los delitos, siendo competentes para realizar las acciones referidas en los artículos 23 y 25 de esta Ley, así como las siguientes:

I. Realizar, a través del personal a su cargo, las investigaciones en sus respectivas áreas y, en su caso, realizar la imputación o acusación, según corresponda;

II. Coadyuvar con el Director General del Sistema Penal Acusatorio en la vigilancia de la secuela de las investigaciones, girando las instrucciones conducentes hasta la sentencia;

III. Revisar las carpetas de investigación antes de que se impute o se decrete el inejercicio de la acción penal por los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a la fracción IV del artículo anterior y, en su caso, emitir su opinión;

IV. Practicar la supervisión que determine el Director General del Sistema Penal Acusatorio en las Agencias del Ministerio Público a su cargo, a fin de observar e inspeccionar las investigaciones que en ella se ventilan y rendirle un informe de las mismas;

V. Revisar y devolver a los Agentes del Ministerio Público a su mando, las carpetas de investigación que estime incompletas y señalar las diligencias que deban practicarse o los medios de prueba que deban recabarse para su debida integración y perfeccionamiento;

VI. Vigilar la operatividad funcional y calidad jurídica de los Agentes del Ministerio Público a su cargo, conforme a sus facultades y dentro del marco legal; y

VII. Las que le encomiende el Director General del Sistema Penal Acusatorio o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables. 

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
Artículo 39.- La Subprocuraduría Jurídica depende directamente del Procurador, y es la unidad administrativa responsable de realizar las acciones necesarias para la obtención de una óptima procuración de justicia, dirigiendo las acciones necesarias para el debido respeto a los derechos humanos, proponiendo las reformas legislativas necesarias, brindando orientación social en materia de procuración de justicia a la comunidad, capacitando al personal de la Procuraduría e impulsando el uso de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos, siendo competente para:

I.- Dirigir las acciones necesarias para promover el debido respeto a los derechos humanos en la Institución; 

II.- DEROGADA. P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011.

III.- DEROGADA. P.O. 29 DE MARZO DE 2010

IV.- DEROGADA. P.O. 29 DE MARZO DE 2010

V.- DEROGADA. P.O. 29 DE MARZO DE 2010

VI.- Representar al Procurador o a cualquier otro servidor público de la Procuraduría, en los juicios no penales en los que ésta sea parte y en los que se promuevan en contra de sus servidores públicos que deriven de actos realizados en representación de la Institución, con las excepciones que marque la ley;

VII.- Presentar denuncias o querellas y otorgar perdón, así como promover demandas e intervenir en los juicios de cualquier naturaleza en contra de personas físicas o morales, en defensa de los intereses que representa la Procuraduría;

VIII.- Asesorar al personal de la Procuraduría en el orden técnico-jurídico, respecto a los asuntos que lo requieran, y cualquier otro que le sea encomendado por el Procurador;

IX.- Presentar a la consideración del Procurador, los anteproyectos de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos administrativos y en general cualquier clase de ordenamiento jurídico para asegurar que la justicia en el Estado sea pronta, completa e imparcial;

X.- Coordinarse con otras Procuradurías y órganos jurisdiccionales, conforme a los lineamientos que señale el Procurador, para la realización de estudios jurídicos que tiendan al mejoramiento de la procuración e impartición de la justicia;

XI.- Dirigir las acciones necesarias para prevenir la delincuencia, orientando y fomentando la participación ciudadana y brindando el debido servicio a la comunidad en las tareas propias de la Institución;

XII.- Promover y facilitar el uso, en los términos de las normas legalmente aplicables, de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos;

XIII.- Elaborar, para la aprobación del Procurador, los lineamientos, bases y demás criterios relativos al servicio de carrera y capacitación del personal de la Procuraduría conforme a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones legalmente aplicables; 

XIV.- Aprobar las convocatorias para el ingreso y ascenso del personal de la Procuraduría;

XV.- Realizar y aplicar estudios, propuestas y lineamientos de política criminológica y en materia de procuración de justicia que permitan una mejora continua en el cumplimiento de las funciones de la Institución;

XVI.- Desarrollar y someter a la aprobación del Procurador los Manuales de Organización y Procedimientos de la Procuraduría y definir las normas de control y evaluación técnico jurídicas de las unidades administrativas de la Institución; y

XVII.- Las que le encomiende el Procurador o le otorgue esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(REFORMADO, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
Artículo 40.- La Dirección de Derechos Humanos depende de la Subprocuraduría Jurídica y es la unidad administrativa responsable de realizar las acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos en la Institución, siendo competente para:

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
I. Establecer, en coordinación con el Instituto de Formación Profesional y otras instituciones competentes, los programas de orientación y capacitación en materia de derechos humanos que se impartan a los servidores públicos de la Procuraduría para promover entre ellos el respeto absoluto a los derechos humanos.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
II. Establecer, en coordinación con la Dirección de Orientación Social, los programas de orientación y difusión en materia de derechos humanos y de atención a ofendidos por delitos, que se impartan a la ciudadanía.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
III. Difundir, en coordinación con la Dirección de Extradiciones y Asuntos Internacionales, entre los servidores públicos de la Procuraduría, el contenido de los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
IV. Realizar programas de difusión y orientación mediante conferencias, cursos, seminarios y eventos que tiendan a fortalecer el respeto absoluto de los derechos humanos, dirigidos a los servidores públicos de la Procuraduría y a la comunidad en general.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
V. Establecer los vínculos interinstitucionales con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y cualquier otra dependencia pública o privada en materia de derechos humanos.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
VI. Proponer al Subprocurador Jurídico, la celebración de convenios y bases de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para la capacitación y difusión general del respeto a los derechos humanos.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para el respeto de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte, con la participación de las demás unidades administrativas competentes de la Institución.

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
VIII. Establecer y coordinar, con el resto de las unidades administrativas de la Procuraduría, medidas generales de prevención a violaciones de los derechos humanos, vigilando su cumplimiento y proporcionándoles orientación en la materia; 

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
IX. Instalar, en coordinación con las demás unidades administrativas de la Procuraduría, módulos para la protección y promoción de los derechos humanos;

(REFORMADA, P.O. 29 DE MARZO DE 2010)
X. Las que le encomiende el Subprocurador Jurídico y le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 41.- DEROGADO. P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)

Artículo 42.- DEROGADO. P.O. 29 DE MARZO DE 2010.

Artículo 43.- La Dirección de Estudios y Asuntos Legislativos depende de la Subprocuraduría Jurídica y es la unidad administrativa responsable de realizar los estudios jurídicos y propuestas en materia legislativa que permitan una mejor procuración de justicia siendo competente para:

I.- Redactar, y presentar a consideración del Subprocurador Jurídico, anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos administrativos, y en general, cualquier clase de ordenamiento jurídico tendiente el mejoramiento de la procuración e impartición de justicia; 

II.- Formular, en coordinación con el Instituto de Formación Profesional, los estudios y recomendaciones que propicien la actualización y perfeccionamiento del personal de la Procuraduría en materia de derecho penal y de sus disciplinas auxiliares; 

III.- Llevar el catálogo de las leyes, decretos, reglamentos, Periódico Oficial del Estado, Diario Oficial de la Federación, circulares y acuerdos del Ejecutivo; y difundir entre las unidades administrativas de la Procuraduría lo que según sus ámbitos competenciales interese; 

IV.- Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para resolver las consultas que formulen los servidores públicos de la Procuraduría y, en general, para optimizar la procuración y administración de justicia; y 

V.- Las que le encomiende el Subprocurador Jurídico o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 44.- La Dirección de Orientación Social depende de la Subprocuraduría Jurídica y es la unidad administrativa responsable de orientar y difundir en la comunidad las tareas propias de la Institución buscando la participación ciudadana en ellas, así como la prevención del delito y fomentar el uso de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos, siendo competente para:

I.- Desarrollar y aplicar las políticas, programas y acciones de la Procuraduría en materia de prevención del delito promoviendo la participación de los sectores social y privado;

II.- Elaborar, en coordinación con las demás unidades administrativas de la Procuraduría, el material dedicado a la prevención del delito, con base en las sugerencias e investigaciones que realicen las instituciones públicas y privadas, así como distribuir el mismo;

III.- Promover y asesorar, en el ámbito de su competencia, a los comités y organizaciones vecinales respecto a programas y acciones en materia de seguridad y vigilancia;

IV.- Proponer criterios de colaboración con las instituciones educativas para la implantación de programas de prevención del delito en los planes de estudio correspondientes;

V.- Realizar las acciones que le correspondan en materia de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables;

VI.- Certificar los convenios que se logren a través de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables;

VII.- Preparar la exposición de temas preventivos de delitos en escuelas, empresas y organismos de participación comunitaria, con el apoyo de profesionales en las áreas de psicología, trabajo social y demás que se requieran;

VIII.- Promover, apoyar y difundir acciones para el auxilio y tratamiento de personas con problemas de farmacodependencia y alcoholismo, en coordinación con otras autoridades competentes e instituciones privadas;

IX.- Promover la comunicación e intercambio de experiencias con instituciones nacionales y extranjeras en materia de prevención del delito, con sujeción a los lineamientos institucionales correspondientes;

X.- Proporcionar orientación jurídica a los miembros de la comunidad para el mejor ejercicio de sus derechos;

XI.- Promover e impulsar acciones institucionales a efecto de facilitar a la comunidad el acceso a los servicios de la Procuraduría, vinculándola con grupos organizados y representativos de los sectores social y privado;

XII.- Recabar información sobre la opinión de la ciudadanía relativa a los servicios prestados por la Procuraduría y hacerlos del conocimiento del Subprocurador Jurídico;

XIII.- Enviar los dictámenes de trabajo social o psicosociales que le sean solicitados por otras unidades administrativas de la Procuraduría, para el mejor desempeño de las funciones del Ministerio Público;

XIV.- Desarrollar y aplicar las políticas, programas, proyectos y acciones de la Procuraduría, en materia de servicios a la comunidad y participación social;

REFORMADA, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
XV.- Promover la participación de la comunidad en las tareas que lleve a cabo la Procuraduría para mejorar su desempeño, organizando al efecto los programas y cursos correspondientes; 

REFORMADA, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
XVI.- Prestar servicios en materia de métodos alternos en los casos que éstos sean procedentes de conformidad con las disposiciones en materia de adolescentes infractores; y

(ADICIONADA, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
XVII.- Las que le encomiende el Subprocurador Jurídico o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 45.- El Instituto de Formación Profesional depende de la Subprocuraduría Jurídica y es la unidad administrativa responsable de brindar al personal de la Institución la capacitación requerida para el cabal desempeño de sus funciones, así como de constatar que quienes pretenden ingresar a la misma, cuentan con los conocimientos y habilidades requeridos, siendo competente para:

I.- Elaborar, y someter a la aprobación del Subprocurador Jurídico, los planes y programas de estudio para la formación inicial, actualización y especialización del personal de la Procuraduría;

II.- Formular y remitir al Subprocurador Jurídico los lineamientos, bases y demás criterios relativos al servicio de carrera y aquellos que regulen y desarrollen la formación inicial, actualización y especialización de los servidores públicos de la Procuraduría;

III.- Impartir los cursos necesarios para la formación inicial, actualización y especialización del personal de la Procuraduría conforme a los planes y programas aprobados;

IV.- Redactar y someter a la aprobación del Subprocurador Jurídico las convocatorias para el ingreso y ascenso del personal de la Procuraduría;

V.- Elaborar el programa anual de actividades académicas que desarrollará el Instituto;

VI.- Llevar a cabo acciones coordinadas con los Subprocuradores, para que en los programas de capacitación exista uniformidad en cuanto a la exposición académica de los criterios técnico-penales que se deben seguir en la Procuraduría;

VII.- Estar en permanente comunicación con los Directores de las otras unidades administrativas de la Procuraduría para recabar información sobre las necesidades de capacitación del personal;

VIII.- Proponer, desarrollar y supervisar ciclos de conferencias sobre temas de interés general a los servidores públicos de la Procuraduría; 

IX.- Proponer la celebración de convenios, bases y otros instrumentos de coordinación con instituciones similares, del país o del extranjero, para la adecuada formación profesional de los integrantes de la Procuraduría; 

X.- Fungir, a través de su Director, como Secretario Técnico del Consejo de Profesionalización;

XI.- Llevar a cabo, conforme a la normatividad aplicable, los concursos de ingreso y ascenso de los servidores públicos de la Procuraduría; 

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
XII. Dirigir administrativamente el personal de la Biblioteca de la Procuraduría;

(ADICIONADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
XIII. Auxiliar a la Visitaduría General en la aplicación de los exámenes relacionados con los procesos de evaluación al desempeño que se refiere el artículo 93 de esta Ley; y 

(RECORRIDA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
XIV. Las que le encomiende el Subprocurador Jurídico o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 46.- La Agencia Estatal de Investigaciones depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de auxiliar al Ministerio Público en la investigación, persecución y esclarecimiento de los hechos delictuosos, realizando, de manera coordinada y bajo principios científicos, las acciones de criminalística pericial y policiales requeridas para tal efecto, siendo competente para:

I.- Proponer al Procurador las políticas generales de actuación de la Agencia, vigilando que sus miembros actúen permanentemente bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, según los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

II.- Dirigir y coordinar los servicios de la Agencia para cumplir con las órdenes del Procurador y de las unidades administrativas a cargo de la investigación y persecución de los delitos;

III.- Instruir y supervisar a los elementos de la Agencia y demás corporaciones policiales que le auxilien, en los términos de ley, sobre los elementos o indicios que deben ser investigados o recabados, así como de otras acciones de investigación que fueren necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado;

IV.- Dirigir, coordinar y supervisar la operación de una base de datos para el adecuado control de las investigaciones realizadas, pruebas recabadas, registro de bienes u objetos recuperados, y casillero de identificación personal de detenidos;

V.- Dirigir el funcionamiento de los servicios periciales de la Procuraduría, coordinando y supervisando la emisión de los dictámenes que en las diversas especialidades soliciten las demás unidades administrativas de la Procuraduría o las autoridades judiciales;

VI.- Dirigir el funcionamiento de la Policía Ministerial coordinando y supervisando su actuación;

VII.- Dictar las medidas idóneas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como para que su personal siga métodos científicos que garanticen el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;

VIII.- Vigilar que los elementos de la Agencia no distraigan de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución;

IX.- Ordenar el arresto hasta por treinta y seis horas del personal de la Policía Ministerial que merezca tal sanción;

X.- Informar al Procurador, y a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran los elementos de la Agencia en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento;

XI.- Ser el enlace con otras instituciones o corporaciones policiales de la Procuraduría General de la República, y de las procuradurías de justicia del Distrito Federal y de otras entidades federativas, a efecto de implementar acciones policiales y operativos conjuntos;

XII.- Determinar la asignación de recursos materiales relativos al armamento, municiones, parque vehicular y demás equipo policial, destinados al desarrollo de las actividades de la Agencia;

XIII.- Proponer al Consejo de Profesionalización, programas de ingreso, selección, formación inicial, especialización y actualización que requieran los elementos de la Agencia;

XIV.- Coordinar con la Dirección General de Administración, la actualización de los registros únicos de los Agentes de la Policía y el registro de autorizaciones individuales de portación de armas de fuego, de conformidad con las disposiciones legalmente aplicables;

XV.- Participar en coordinación con las unidades administrativas competentes, en la atención de los asuntos jurídicos que incidan en la Agencia, así como en la asesoría legal a las unidades administrativas y al personal sustantivo de ésta, que por sus funciones lo requiera;

XVI.- Llevar el control de radiocomunicación de la Agencia y de su personal en cuanto a los servicios que presta, así como canalizar a las instancias pertinentes la información respectiva;

XVII.- Llevar a cabo con los elementos de Agencia, las investigaciones de hechos delictivos de especial importancia o gravedad, en los términos de las instrucciones que al efecto emita el Procurador;

XVIII.- Vigilar que se atiendan de inmediato y con eficacia, las llamadas de auxilio de la comunidad; 

XIX.- Proponer al Procurador los manuales y procedimientos sistemáticos operativos para la debida actuación de los integrantes de la Agencia; y

XX.- Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 47.- La Dirección de Análisis e Información depende de la Agencia Estatal de Investigaciones y es la unidad administrativa responsable de recopilar y analizar la información necesaria para, previo diagnóstico y pronóstico de la misma, definir las líneas de acción criminalísticas y policiales pertinentes para auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, siendo competente para:

I.- Establecer líneas de investigación policial a partir del análisis de la información de la estructura y los modos de operación de las organizaciones criminales y emitir consignas policiales para su desarrollo en cumplimiento de los mandamientos ministeriales o judiciales;

II.- Diseñar y proponer al Director General de la Agencia el programa de desarrollo estratégico que permita auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos;

III.- Crear y dirigir técnicas, métodos y estrategias de investigación policial que permitan recabar las pruebas necesarias para auxiliar al Ministerio Público en sus facultades constitucionales y legales;

IV.- Proponer al Ministerio Público el desahogo o promoción de diligencias probatorias que deriven de su investigación y conduzcan al esclarecimiento de los hechos materia de la investigación;

V.- Auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos realizando la recopilación sustantiva de la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación;

VI.- Suministrar información y medios de prueba a las unidades administrativas de la Procuraduría encargadas de la investigación y persecución de los delitos así como auxiliarlas en la realización de técnicas especiales legalmente previstas en contra de la delincuencia organizada;

VII.- Recabar de registros, bancos de datos y otras fuentes, la información necesaria para auxiliar con eficiencia y eficacia al Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones;

VIII.- Diseñar y aplicar los métodos de análisis y clasificación de información táctica que permita combatir a la delincuencia con mayor eficiencia y eficacia;

IX.- Integrar la información estadística sobre la incidencia delictiva y operación de la Agencia para mejorar su funcionamiento;

X.- Diseñar, dirigir y operar los sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de información policial, para conformar bancos de datos que sustenten el desarrollo de acciones contra la delincuencia;

XI.- Establecer y operar métodos de comunicación y redes de información policial para el acopio y clasificación oportuna de los datos que requiera la Agencia y demás unidades administrativas de la Procuraduría, de conformidad con las normas y políticas institucionales;

XII.- Implementar mecanismos y acciones para optimizar la disciplina del personal de la Agencia;

XIII.- Proporcionar, previa autorización del Director General de la Agencia, la información policial a autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, de conformidad con la normatividad y los convenios celebrados por la Procuraduría;

XIV.- Programar, para la autorización del Director General de la Agencia, la dotación de recursos materiales relativos al armamento, municiones, parque vehicular y demás equipo policial destinados al desarrollo de las actividades de la Agencia;

XV.- Proponer la capacitación y actualización científica o técnica del personal de la Institución;

XVI.- Analizar e identificar las estructuras y los modos de operación de las organizaciones criminales;

XVII.- Coordinar los servicios técnicos y de apoyo logístico que requieran las unidades administrativas y operativas de la Agencia;

XVIII.- Elaborar las propuestas de procedimientos para el trámite y manejo de documentación e información dentro de la Agencia, a fin de evitar fugas de información;

XIX.- Planear, coordinar y dirigir la operación de un grupo de elementos de la Agencia destinados a la reacción inmediata para atender situaciones de emergencia o de gravedad, de conformidad con las instrucciones que emita el Procurador;

XX.- Elaborar y proponer al Director General de la Agencia los manuales y procedimientos sistemáticos operativos para la debida actuación de los integrantes de la Agencia;

XXI.- Vigilar que los elementos de la Dirección no distraigan de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución; 

XXII.- Informar al Director General de la Agencia, y a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran el personal de la Dirección en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento; y

XXIII.- Las que le encomiende el Director General de la Agencia o le otorguen esta Ley, su Reglamento, y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 48.- La Dirección de Criminalística y Servicios Periciales depende de la Agencia Estatal de Investigaciones y es la unidad administrativa responsable de auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, encargándose de buscar, obtener, preservar y analizar, conforme a los principios técnico-científicos apropiados, los indicios y pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y de la probable responsabilidad de los inculpados, así como de emitir los dictámenes pertinentes, siendo competente para:

I.- Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los servicios periciales de la Procuraduría;

II.- Dirigir, coordinar y vigilar a los peritos y criminalistas de la Dirección, así como todas las actividades que éstos realicen;

III.- Emitir los criterios que deben observar los peritajes;

IV.- Elaborar programas para hacer eficientes las actividades de la Policía Ministerial en la investigación de delitos y persecución de los delincuentes;

V.- Auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda, obtención y preservación de indicios y pruebas tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad de los inculpados;

VI.- Dirigir, coordinar y supervisar el servicio médico forense correspondiente a la Procuraduría; 

VII.- Supervisar que los dictámenes periciales cumplan con las normas respectivas;

VIII.- Mantener debidamente actualizado el casillero de identificación personal de los detenidos, con la clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica, de retrato hablado y de modo de proceder, así como la demás que la técnica imponga para la identificación;

IX.- Cancelar, previa orden del Director General de la Agencia, las constancias de identificación policiaca, cuando no se ejercite acción penal en contra del detenido, se dicte auto de libertad o sentencia absolutoria; lo anterior una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones respectivas;

X.- Vigilar que se lleve la estadística de todos los servicios prestados por la Dirección;

XI.- Emitir los dictámenes, que en las diversas especialidades soliciten las demás unidades administrativas de la Procuraduría o las autoridades judiciales;

XII.- Promover la cooperación en la materia con las Procuradurías General de la República, del Distrito Federal y de otras entidades federativas;

XIII.- Proponer el personal y equipo adecuado para la prestación de los servicios periciales;

XIV.- Planear, atendiendo a los avances científicos y tecnológicos de los servicios periciales, en coordinación con las unidades administrativas que el Procurador designe, las propuestas sobre adquisición de nuevos equipos periciales;

XV.- Proponer la capacitación y actualización científica o técnica del personal especializado en materia pericial y criminalística;

XVI.- Vigilar que los elementos de la Dirección no distraigan de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución; 

XVII.- Informar al Director General de la Agencia, y a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran el personal de la Dirección en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento; y

XVIII.- Las que le encomiende el Director General de la Agencia o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 49.- La Dirección de Despliegue Policial depende de la Agencia Estatal de Investigaciones y es la unidad administrativa responsable de auxiliar al Ministerio Público, a través de la Policía Ministerial, en la investigación, persecución y esclarecimiento de los hechos delictuosos, buscando las pruebas que determinen la responsabilidad de los que en ellos participaron y ejecutando los mandamientos judiciales y ministeriales, de manera especializada, según sean los tipos de delitos o las zonas geográficas del Estado donde presuntamente se cometieron, siendo competente para:

I.- Dirigir, coordinar y vigilar a los elementos de la Policía Ministerial, así como todas las actividades que éstos realicen;

II.- Elaborar programas para hacer eficientes las actividades de la Policía Ministerial en la investigación de delitos y persecución de los delincuentes;

III.- Instruir a los elementos de la Policía Ministerial, sobre las acciones que les ordene el Ministerio Público y vigilar que los mismos realicen las investigaciones y se recaben todas las pruebas para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados;

IV.- Instruir y supervisar a los elementos de la Policía Ministerial, sobre los elementos o indicios que deben ser investigados o recabados, así como de otras acciones de investigación que fueren necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado;

V.- Cuidar que los elementos de la Policía Ministerial ejecuten con toda oportunidad las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, cateo y arresto que emitan los órganos jurisdiccionales y apoyar al Ministerio Público en el cumplimiento de las órdenes y diligencias que éste le asigne;

VI.- Vigilar que se lleve la estadística de todos los servicios prestados por la Dirección;

VII.- Establecer sistemas para que en la Policía Ministerial se cumpla con la disciplina que debe imperar en toda Institución policíaca;

VIII.- Supervisar que los elementos de la Policía Ministerial al realizar sus funciones, lo hagan con apego al principio de legalidad y respeto absoluto a los derechos humanos;

IX.- Formular la relación de los elementos de la Policía Ministerial que se hayan hecho merecedores a condecoraciones, estímulos y gratificaciones, en los términos de las disposiciones legalmente aplicables;

X.- Ordenar el arresto de hasta por treinta y seis horas del personal de la Policía Ministerial que merezca tal sanción e informarlo al Director General de la Agencia;

XI.- Vigilar que durante el desarrollo de las investigaciones, los elementos de la Policía Ministerial se apeguen a los principios de actuación que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y las demás disposiciones legalmente aplicables;

XII.- Proponer la capacitación, actualización científica o técnica y el adiestramiento del personal de la Policía Ministerial;

XIII.- Vigilar que los elementos de la Policía Ministerial asistan a los cursos de capacitación y adiestramiento que establezca la Procuraduría;

XIV.- Llevar el control de radiocomunicación de la Policía Ministerial y del personal de la misma en cuanto a los servicios que presta, así como canalizar a las instancias pertinentes la información respectiva;

XV.- Coordinar el servicio de seguridad a las personas prestado por los Agentes de la Policía Ministerial, en los términos de las instrucciones que al efecto emita el Procurador;

XVI.- Vigilar que los elementos de la Dirección no distraigan de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución;

XVII.- Informar al Director General de la Agencia, y a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran el personal de la Dirección en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento; y

XVIII.- Las que le encomiende el Director General de la Agencia o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 50.- La Dirección General de Administración depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de administrar los recursos y servicios necesarios para el cabal desarrollo de las funciones propias de la Institución, siendo competente para:

I.- Gestionar el abastecimiento de los recursos financieros, materiales y humanos que requieran las unidades administrativas de la Procuraduría;

II.- Establecer, controlar y evaluar, programas para la conservación y el mantenimiento de bienes de la Institución así como el programa interno de protección civil para su personal;

III.- Desarrollar los sistemas para que las unidades administrativas de la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan resguardar, material y electrónicamente, la información de la Procuraduría en el Archivo General de la misma;

IV.- Desarrollar las normas de control y evaluación administrativas y financieras de las unidades administrativas de la Procuraduría;

V.- Registrar, controlar y mantener actualizado el inventario de bienes de la Institución; 

VI.- Participar en los convenios y contratos en que intervenga la Procuraduría y que afecten su presupuesto, así como en los demás instrumentos jurídicos que impliquen actos de administración conforme a los lineamientos que fije el Procurador;

VII.- Administrar los recursos humanos de la Institución;

VIII.- Tramitar ante las instancias competentes del Gobierno del Estado, todo lo relativo a los procedimientos y trámites administrativos para efecto de los nombramientos, contrataciones, promociones, ascensos, servicio civil, renuncias, remociones, cambios de adscripción, licencias, vacaciones, bajas, liquidaciones y pagos de cualquier remuneración al personal de la Procuraduría;

IX.- Instrumentar la política de desarrollo laboral y humano del personal de la Procuraduría;

X.- Estudiar y analizar permanentemente la estructura organizacional y proponer al Procurador las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la Institución;

XI.- Definir los puestos tipos, y establecer los perfiles y requerimientos de los mismos;

XII.- Gestionar ante las instancias correspondientes, y conforme a las normatividad pertinente, la aplicación de las evaluaciones para el ingreso, ascenso y permanencia del personal de la Procuraduría;

XIII.- Expedir las constancias de nombramientos de los servidores públicos;

XIV.- Expedir y cancelar los documentos de identificación para el personal de la Procuraduría;

XV.- Planear y programar, en coordinación con los titulares de cada área, la asistencia, licencias, permisos y vacaciones del personal de la Institución, y llevar su registro y control general;

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
XVI. AUXILIAR A LA VISITADURÍA GENERAL PARA VERIFICAR SI EL PERSONAL QUE PRETENDE INGRESAR LA PROCURADURÍA HA SIDO SANCIONADO ANTERIORMENTE POR INCURRIR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL COMO SERVIDOR PÚBLICO;

XVII.- Solicitar, ante las autoridades competentes, la licencia colectiva de portación de armas, en los términos de las disposiciones legalmente aplicables, registrando, asignando y controlando la portación individual de las mismas al personal correspondiente;

XVIII.- Dirigir el sistema de planeación de la Institución;

XIX.- Establecer el control y seguimiento interinstitucional de los programas y proyectos de la Procuraduría;

XX.- Ser el enlace de la Procuraduría con los demás órganos del Gobierno del Estado competentes para la definición de procedimientos y técnicas administrativas, brindando la asesoría requerida a las unidades administrativas de la Procuraduría que lo requieran;

XXI.- Formular y someter a la consideración del Procurador el anteproyecto de presupuesto anual de la Procuraduría;

XXII.- Vigilar el ejercicio del presupuesto de la Procuraduría, autorizar las erogaciones y llevar la contabilidad general de la Institución;

XXIII.- Vigilar que las unidades administrativas de la Procuraduría cumplan con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que emitan los órganos de Gobierno del Estado o el Procurador;

XXIV.- Dirigir el proceso interno de programación, presupuestación y evaluación presupuestal de la Procuraduría;

XXV.- Desarrollar, implementar, mantener y controlar la plataforma tecnológica de la Procuraduría;

XXVI.- Dirigir la administración de los servicios de telecomunicaciones e infraestructura electrónica que requiera la Procuraduría; y

XXVII. Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 51.- La Dirección de Planeación, Control y Seguimiento Interinstitucional depende de la Dirección General de Administración, y es la unidad administrativa responsable de la planeación, análisis, revisión, desarrollo y promoción de los programas y proyectos de la Institución, siendo competente para:

I.- Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de planeación de la Institución;

II.- Definir y aplicar los controles apropiados que permitan conocer las distintas fases en que se encuentren los trabajos de las unidades administrativas de la Procuraduría conforme al sistema de planeación de la misma;

III.- Implementar los programas de actividades de la Procuraduría para el cumplimiento de los programas y proyectos de la Institución;

IV.- Realizar el análisis y elaborar los informes sobre resultados de los programas y proyectos de la Institución;

V.- Vigilar, coordinadamente con los titulares de las diversas unidades de la Procuraduría, el cumplimiento de los programas y proyectos de la Institución;

VI.- Participar, por indicaciones del Director General de Administración, como enlace entre la Procuraduría y las instancias estatales y federales que participen en el desarrollo y seguimiento de programas y proyectos;

VII.- Brindar a las unidades administrativas de la Procuraduría, la asesoría requerida en materia de procedimientos y técnicas administrativas conforme a los lineamientos de la propia Dirección General de Administración y del Gobierno del Estado; 

VIII.- Implantar las normas, sistemas y procedimientos necesarios para el control y evaluación administrativa y financiera de la Procuraduría;

IX.- Establecer, de acuerdo con las normas aplicables, las directrices y criterios técnicos para el proceso interno de programación, presupuestación y evaluación presupuestal de la Procuraduría, y vigilar su aplicación;

X.- Participar, por indicaciones del Director General de Administración, en los convenios y contratos en que intervenga la Procuraduría y que afecten su presupuesto, así como en los demás instrumentos jurídicos que impliquen actos de administración conforme a los lineamientos que fije el Procurador;

XI.- Participar en el diseño de instrumentos de presupuestación y de planeación, en los términos de la legislación aplicable; y

XII.- Las que le encomiende el Director General de Administración o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 52.- La Dirección de Informática depende de la Dirección General de Administración y es la unidad administrativa responsable de la planeación, análisis, revisión, desarrollo, promoción y vigilancia de los servicios de telecomunicaciones, informática, infraestructura electrónica y de la plataforma tecnológica requerida por la Institución, siendo competente para:

I.- Desarrollar, implementar y administrar los sistemas de telecomunicaciones, informática e infraestructura electrónica para las diferentes áreas de la Procuraduría, vigilando su adecuado uso mediante supervisión, asesoría, y mantenimiento;

II.- Proporcionar la asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos que los servidores públicos y unidades administrativas de la Procuraduría le requieran en materia de adquisición, instalación, mantenimiento, desarrollo y operación de servicios de telecomunicaciones, informática e infraestructura electrónica; 

III.- Brindar la capacitación requerida por el personal de la Procuraduría para el óptimo uso de los equipos de informática existentes; 

IV.- Procesar la información de la página electrónica de la Institución en coordinación con las distintas unidades administrativas;

V.- Reunir, formular, procesar y generar la información estadística que requiera la Procuraduría;

VI.- Proponer al Director General de Administración las medidas técnicas y administrativas que estime convenientes, para la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, informática, e infraestructura electrónica de la Procuraduría; y

VII.- Las que le encomiende el Director General de Administración o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(REFORMADO, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
ARTÍCULO 53.- La Visitaduría General depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de vigilar la legalidad de las actividades desarrolladas por las dependencias de la Procuraduría, de dar trámite a los procedimientos de responsabilidad administrativa y de remoción correspondientes y de dirigir las actividades del Centro de Control de Confianza, siendo competente para:

I.- Practicar, dirigir y supervisar visitas ordinarias y extraordinarias de evaluación a las Agencias del Ministerio Público, y demás unidades administrativas de la Procuraduría, así como a los Agentes del Ministerio Público Adscritos, a fin de observar e inspeccionar la debida legalidad de los asuntos tramitados, y de levantar las actas administrativas correspondientes; 

II.- Someter a consideración del Procurador el proyecto del Programa Anual de Visitas Ordinarias a las unidades administrativas de la Institución; 

III.- Practicar, dirigir y supervisar las visitas extraordinarias que determine el Procurador a las Agencias del Ministerio Público, y demás unidades administrativas de la Procuraduría a fin de observar e inspeccionar los asuntos que en ellas se ventilan y levantar las actas administrativas correspondientes; 

IV.- Remitir al Procurador las actas administrativas levantadas por motivo de las visitas practicadas a las Agencias del Ministerio Público, y demás unidades administrativas de la Procuraduría; 

V.- Atender al público y proporcionarle orientación sobre el sistema de responsabilidades en el servicio público conforme a la normatividad vigente; 

VI.- Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos de la Procuraduría; 

VII.- Buscar la conciliación entre el servidor público y el quejoso o denunciante para la obtención de lo que en derecho proceda, siempre y cuando la acción u omisión reclamada no sea de imposible reparación, no se hayan causado daños económicos y no sea de las sancionadas como faltas graves en el artículo 72 de esta Ley;

VIII.- Formar los expedientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones ya sea por las quejas o denuncias recibidas, por irregularidades detectadas en las visitas ordinarias o extraordinarias realizadas, o de manera oficiosa cuando se considere que existen elementos suficientes para que así sea; 

IX.- Instruir y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos de la Procuraduría, conforme al procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, para lo cual podrá dictar acuerdos, realizar notificaciones, y cualquier otra acción necesaria; 

X.- Turnar los asuntos a que se refiere la fracción anterior al Procurador, para que pronuncie la resolución correspondiente;

XI.- Substanciar los recursos que se interpongan contra las resoluciones a que se refiere la fracción anterior y turnarlos al Procurador para que emita la resolución correspondiente; 

XII.- Desarrollar y mantener actualizado el sistema de registro sobre sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos de la Procuraduría, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; 

XIII.- Realizar las funciones de enlace con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y demás comisiones, departamentos o áreas de los Poderes Ejecutivo o Legislativo en los diferentes niveles de Gobierno, que realicen actividades de protección a los derechos humanos en todo lo relativo a quejas, recomendaciones, propuestas de conciliación, y denuncias que impliquen una probable responsabilidad administrativa o penal de los servidores públicos de la Procuraduría, remitiendo copia de la misma a la Dirección de Derechos Humanos; 

XIV.- Dar seguimiento y atención a las visitas, quejas, recomendaciones, propuestas de conciliación, denuncias, y solicitudes de información, que formulen la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos relativas a las unidades administrativas de la Procuraduría; 

XV.- Solicitar los informes necesarios a las unidades administrativas a fin de dar respuesta oportuna a las comunicaciones que, por presuntas violaciones, remitan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Procuraduría y comunicar al Procurador sobre las omisiones, deficiencias y retardos, en la integración de los mismos; 

XVI.- Supervisar que se contesten oportunamente por los servidores públicos de la Procuraduría, los informes solicitados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que se acompañen las copias certificadas correspondientes; asimismo, en su caso, que se cumplan con las recomendaciones que dichas instituciones emitan; 

XVII.- Establecer mecanismos de consulta, así como de solicitud de información a los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría, en relación con la atención a las quejas y cumplimiento de las propuestas de conciliación y recomendaciones en materia de derechos humanos; 

XVIII.- Supervisar el avance de las propuestas de conciliación y recomendación formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y vigilar su cumplimiento; 

XIX.- Instrumentar los mecanismos necesarios para que se realice el registro de las quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos; 

XX.- Decretar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos de la Institución cuando existan elementos que permitan presumir que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, mismo que se sujetará a los términos y formalidades establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; y en su caso, cuando se estime que con tal conducta se ha cometido un delito, hacerlo del conocimiento del superior jerárquico del servidor público y del Director General de Averiguaciones Previas, para los efectos legalmente correspondientes; 

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
XXI. Verificar, con el auxilio de la Dirección General de Administración, si el personal que pretende ingresar a la Procuraduría ha sido sancionado anteriormente por incurrir en la responsabilidad administrativa o penal como servidor público;

XXII.- Verificar y supervisar que se cumplan los procedimientos que establece la normatividad de la Procuraduría para el otorgamiento de armas de cargo y patrullas, así como, en su caso, para la devolución de las mismas, conforme a los registros que para tal efecto tenga la Dirección General de Administración; 

XXIII.- Vigilar que en el desarrollo de la averiguación previa y del proceso penal, se cumplan los criterios y lineamientos institucionales de procuración de justicia; 

XXIV.- Vigilar el cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta, completa e imparcial impartición de justicia e informar al Procurador sobre las irregularidades detectadas; 

XXV.- Supervisar, con auxilio del personal que le esté adscrito, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en los lugares de detención preventiva; 

XXVI.- Sugerir a las Subprocuradurías las medidas legalmente adecuadas para el mejor funcionamiento de las Agencias del Ministerio Público y demás unidades administrativas de la Procuraduría; 

XXVII.- Diseñar, en colaboración con la Subprocuraduría Jurídica, las normas, sistemas y procedimientos necesarios para el control y evaluación de las actividades realizadas por las Agencias del Ministerio Público y demás unidades administrativas de la Procuraduría, y las correspondientes a los Agentes del Ministerio Público Adscritos;

XXVIII.- Expedir certificaciones de documentos que obren en sus archivos así como certificar o cotejar los que se presenten para la integración de los expedientes, conforme a lo establecido en la legislación correspondiente; 

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
XXIX. Aplicar, con el auxilio de las unidades administrativas de la Procuraduría, los exámenes relativos a los procesos de evaluación del desempeño del personal de carrera de la Procuraduría;

(REFORMADO, 13 DE MARZO DE 2007)
XXX.- Integrar la documentación y expedir las copias certificadas que deban ser enviadas al Director General de Averiguaciones Previas, en aquellos casos en que con motivo de sus funciones, apareciere la probable comisión de un delito por parte de servidores públicos de la Procuraduría, remitiendo copia al superior jerárquico correspondiente;

(ADICIONADO, 13 DE MARZO DE 2007)
XXXI.- Substanciar los procedimientos para la remoción del personal de servicio de carrera de la Procuraduría otorgando el derecho de audiencia correspondiente al interesado e informando de ello al Procurador, o a quien éste designe, para que resuelva lo conducente; y

(ADICIONADO, 13 DE MARZO DE 2007)
XXXII.- Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
El Centro de Control de Confianza depende directamente de la Visitaduría General y es responsable de realizar los procesos de análisis de información y evaluación de carácter patrimonial, social, psicológico, poligráfico, médico y toxicológico, sobre el ingreso o permanencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

(REFORMADO, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
Artículo 54.- La Dirección de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de someter a su consideración los proyectos de resolución a los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones de inejercicio de la acción penal dictadas por el órgano investigador, así como los de formulación de agravios o desistimiento en los recursos de apelación; y los que se deban presentar en los asuntos del orden penal, de adolescentes infractores, civil y familiar de segunda instancia, siendo competente para: 

I.- Coordinar y supervisar las actividades de los Agentes del Ministerio Público Auxiliares;

II.- Someter a la aprobación del Procurador las propuestas sobre desistimiento de la acción penal y sobre la revocación del inejercicio de la acción penal;

III.- Someter a la aprobación del Procurador las propuestas de resolución de los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones de inejercicio de la acción penal dictadas por el órgano investigador, así como los de formulación de agravios o desistimiento en los recursos de apelación y denegada apelación que se deban presentar en los asuntos del orden penal, civil y familiar de segunda instancia; 

IV.- Presentar proyecto de dictamen para la aprobación del Procurador, en los siguientes casos:

a) Cuando el Ministerio Público omita presentar conclusiones;

b) Cuando se presenten conclusiones no acusatorias;

c) Cuando se presenten conclusiones contrarias a las constancias procesales;

d) Cuando las conclusiones del Ministerio Público no reúnan los requisitos que señala el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado;

e) Cuando proceda modificar las conclusiones por causas supervenientes y en beneficio del procesado;

f) Cuando se presente el desistimiento de recursos; y

g) Cuando se presente la continuación del proceso para los efectos del Artículo 217 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

V.- Formular los informes previos y justificados, en los juicios de amparos promovidos contra actos del Procurador consistentes en la confirmación de inejercicios y con motivo de resoluciones dictadas en segunda instancia de los procedimientos penales; así como en la presentación de las promociones y los recursos que deban interponerse; 

VI.- Informar oportunamente, según sea el caso, a la Dirección General de Averiguaciones Previas o a la Dirección General de Control de Procesos y Amparos de las fallas en la integración de averiguaciones o en el desarrollo de los procesos, que se traduzcan en resoluciones desfavorables en segunda instancia en casos relevantes; 

VII.- Poner en conocimiento del Procurador y del Subprocurador del Ministerio Público las contradicciones de criterios que se contienen en las resoluciones dictadas por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;

VIII.- Vigilar que en los procedimientos de segunda instancia en asuntos del orden penal, civil, familiar y en aquellos en que deba intervenir el Procurador, se desahoguen oportunamente las vistas, se formulen o contesten agravios y en general, se lleven adecuadamente y con las formalidades legales, compareciendo a las audiencias en representación del Procurador;

(REFORMADA, P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
IX.- Intervenir por sí o a través de sus Agentes, en los asuntos del orden penal, de justicia para adolescentes, civil o familiar que determine el Procurador; y

X.- Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 55.- La Secretaría Particular depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades, mediante la organización de sus actividades, la tramitación oportuna de su correspondencia, la atención profesional a los ciudadanos que acuden a las instalaciones de su oficina, y la comunicación con otras autoridades federales estatales y municipales, siendo competente para:

I.- Dirigir las labores de la oficina del Procurador en el orden administrativo, necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones de la Institución, de acuerdo con las instrucciones y determinaciones de su titular;

II.- Programar la agenda del Procurador para el desarrollo de la audiencia pública;

III.- Colaborar en la atención a la audiencia pública, según instrucciones directas del Procurador;

IV.- Dar el debido seguimiento a los acuerdos tomados por el Procurador en relación a la audiencia pública atendida;

V.- Dar cuenta al Procurador de toda la correspondencia y ocursos que se dirijan a aquél, para que se determine lo que en derecho proceda;

VI.- Remitir, previo acuerdo del Procurador, la correspondencia a los servidores públicos de la Institución o de otras dependencias;

VII.- Llevar el control y archivo de los acuerdos que emita el Procurador;

VIII.- Vigilar que los acuerdos que emita el Procurador, se hagan llegar a las unidades administrativas de la Institución;

IX.- Controlar todas las comunicaciones que lleguen de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría del Distrito Federal y de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas, en que se remitan constancias de las firmas autorizadas por tales instituciones, para poder diligenciar en el Estado la ejecución de órdenes de aprehensión o de auxilio en la investigación de delitos; y

X.- Las demás que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 56.- La Secretaría Técnica depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades, representándolo en aquellas instancias que especialmente se le encomienden, dando el debido seguimiento a sus determinaciones, y brindando el apoyo técnico y operativo a las demás unidades administrativas de la Institución que para tal fin lo requieran, siendo competente para:

I.- Representar al Procurador en los actos y eventos en que sea comisionado por acuerdo expreso de éste;

II.- Analizar, proponer y ejecutar acuerdos y convenios de colaboración en materia de procuración de justicia con la Procuraduría General de Justicia de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal;

III.- Fungir como enlace de la Procuraduría en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y sus instituciones integrantes, así como en los demás órganos consultivos de la Procuraduría, asistiendo, por encargo del Procurador, a las sesiones correspondientes;

IV.- Dar seguimiento a los acuerdos que celebre la Procuraduría para la colaboración en materia de procuración de justicia e instrumentar las acciones necesarias para su debido cumplimiento;

V.- Ofrecer apoyo técnico jurídico a los programas y proyectos de coordinación establecidos por la Procuraduría con otras dependencias o instituciones públicas y privadas en materia de procuración de justicia;

VI.- Recabar información relativa a los proyectos de colaboración en materia de procuración de justicia que realizan otras dependencias, organismos e instituciones públicas;

VII.- Apoyar la implementación de diversas herramientas de colaboración, con el objeto de mejorar el cumplimiento de las responsabilidades de la Procuraduría;

VIII.- Coadyuvar con las diferentes unidades administrativas de la Procuraduría para la elaboración de mecanismos idóneos tendientes a la implementación y ejecución de los acuerdos celebrados por ésta con las distintas dependencias e instituciones públicas y privadas; y

IX.- Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
Artículo 56 Bis. La Unidad Especializada Antisecuestros depende directamente del Procurador y es un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones. Tiene por objeto Ilevar a cabo toda investigación e intervención para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro o sus equiparables, así como para dar seguimiento al juicio respectivo, con las atribuciones y obligaciones que para el Ministerio Público y la Policía establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, así como las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones aplicables.


(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 56 Bis 1. La Dirección General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa depende directamente del Procurador y es la unidad administrativa responsable de brindar una atención integral al ciudadano, difundiendo los beneficios de los métodos alternos a la solución de conflictos, así como la orientación, protección y apoyo a víctimas y ofendidos de delito y testigos, siendo competente para:

I. Promover el trato digno y respetuoso al ciudadano;

II. Vigilar que se oriente y asesorare al ciudadano en relación a las peticiones que formule;

III. Dirigir las acciones necesarias para promover la mediación, conciliación y justicia restaurativa como mecanismos alternativos para la solución de conflictos;

IV. Supervisar la atención a las víctimas y ofendidos por delitos y a los testigos;

V. Coordinar, supervisar y evaluar el adecuado funcionamiento de las Direcciones a su cargo; y

VI. Las que le encomiende el Procurador y le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 56 Bis 2. La Dirección de Atención Ciudadana depende de la Dirección General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa y es la unidad administrativa responsable de ser el primer contacto con el  ciudadano, siendo competente para canalizarlo a la instancia de atención correspondiente y las siguientes:

I. Recibir las denuncias, querellas y partes policiales de los delitos que serán investigados y procesados conforme al  Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, iniciando la carpeta de investigación; 

II. Enviar a los Agentes del Ministerio Público y a los Delegados del Ministerio Público correspondientes, los asuntos que serán investigados y procesados conforme al Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León;

III. Promover la mediación, conciliación y justicia restaurativa como mecanismos alternativos para la solución de conflictos;

IV. Supervisar los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa cuando no sea posible la intervención de un Facilitador;

V. Supervisar la elaboración de los acuerdos reparatorios en los casos que se haya llevado a cabo un proceso de mediación, conciliación o justicia restaurativa y llevar su registro;

VI. Canalizar a las instancias correspondientes los asuntos que por su naturaleza no ameriten una investigación por parte del Ministerio Público;

VII. Levantar las actas circunstanciadas conforme lo dispone el Código Procesal Penal para el Estado;

VIII. Vigilar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Código Procesal Penal del Estado para los criterios de oportunidad;

IX. Enviar a la Dirección de Investigación que corresponda, la información necesaria para el desarrollo de la carpeta de investigación; y

X. Las que le encomiende el Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa y le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 56 Bis 3. La Dirección de Justicia Penal Alternativa depende de la Dirección General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa y es la unidad administrativa responsable de fomentar el uso de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos, siendo competente para:

I. Realizar las acciones que le correspondan en materia de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables; y

II. Certificar los convenios que se logren a través de métodos alternos para la prevención y solución de conflictos conforme a la Ley de la materia y demás disposiciones legalmente aplicables;

III. Prestar servicios en materia de métodos alternos en los casos que éstos sean procedentes de conformidad con las disposiciones en materia de adolescentes infractores; y

IV. Las que le encomiende el Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Artículo 56 Bis 4. La Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos depende de la Dirección General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa y es la unidad administrativa responsable de brindar la debida atención a víctimas y ofendidos por delitos y testigos, siendo competente para:

I. Proponer al Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa la celebración de convenios con instituciones de asistencia médica y social, públicas y privadas, para brindar la debida atención a las víctimas y ofendidos por delitos y en su caso, a los testigos.

II. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para el respeto de los instrumentos internacionales en materia de atención a víctimas y ofendidos por delitos, de los que México sea parte, con la participación de las demás unidades administrativas competentes de la Institución.

III. Establecer, en coordinación con las demás unidades administrativas de la Procuraduría, lineamientos para brindar apoyo jurídico, médico y psicológico a las víctimas y ofendidos por delitos y en caso de así ser necesario a sus familiares o testigos.

IV. Proporcionar orientación y asesoría jurídica, así como atención médica y psicológica a las víctimas y ofendidos por delitos y en caso de ser necesario, a sus familiares o testigos.

V. Coordinarse con las áreas competentes de la Institución para promover que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y prejuicios a las víctimas y ofendidos por delitos, de conformidad con las disposiciones legalmente aplicables.

VI. Canalizar a las víctimas y ofendidos por delitos o testigos, así como a otras personas cuando resulte necesario, a las dependencias y entidades que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, vigilando su debida atención.

VII. Las que le encomiende el Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa y le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

CAPITULO VI
PERSONAL DE LA PROCURADURIA 

SECCION I
NOMBRAMIENTO, REMOCION Y SUPLENCIA DE LOS
SERVIDORES PIBLICOS DE LA PROCURADURIA


Artículo 57.- El Procurador será nombrado y removido en los términos que establezca la Constitución Política del Estado y deberá reunir para su designación los requisitos que en la misma se prevén.

Artículo 58.- Los Subprocuradores serán nombrados por el Gobernador del Estado y deberán reunir los mismos requisitos exigidos para el Procurador General de Justicia, con excepción de lo que respecta a la edad mínima, que no podrá ser menor de treinta años, al día de la designación o nombramiento.

(REFORMADO, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
Artículo 59. El Visitador General, los Directores Generales, los Directores, los miembros de la Unidad Especializada Antisecuestros y los Secretarios Particular y Técnico serán nombrados y removidos por el Procurador.

(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011)
Para ser nombrado Visitador General, Director de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, Director General de Averiguaciones Previas, Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales, Director de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General, Director de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales, Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Inmobiliarios, Registrales y de Despojo de Inmueble, Director General de Control de Procesos y Amparos, Director de Amparos, Director de Agentes del Ministerio Público Adscritos a los Juzgados, Director de la Unidad Especializada Antisecuestros, Director General del Sistema Penal Acusatorio, Directores de Investigación, Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa, Director de Atención Ciudadana, Secretario Particular y Secretario Técnico deberán reunirse los mismos requisitos que para ser Agente del Ministerio Público.

ADICIONADO (P.O. 2 DE NOVIEMBRE DE 2005)
Para ser nombrado Director de Criminalística y Servicios Periciales se deberá contar con la Licenciatura en Criminología, o profesión afín, o bien tener amplia experiencia en el ramo.

Artículo 60.- El personal restante de la Procuraduría será nombrado y removido por el Procurador o por quien éste designe, de acuerdo con las normas legalmente aplicables y de manera coordinada con las instancias competentes del Gobierno del Estado.

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
Artículo 61.- El Procurador o quien éste designe, suspenderá, cesará o removerá de su cargo a los Agentes, Secretarios, Delegados y Escribientes del Ministerio Público, así como a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, y demás personal de la Procuraduría, por pérdida de confianza, ineptitud, mala conducta, responsabilidad oficial o por incumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en la presente Ley, conforme a las disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 62.- El Procurador podrá cambiar la adscripción del personal de la Institución sin perjuicio de las normas aplicables en materia de trabajadores al servicio del Estado.

Artículo 63.- Los servidores públicos y trabajadores de la Procuraduría antes de tomar posesión de su cargo otorgarán la protesta de ley. Ante el Gobernador del Estado, los Subprocuradores; y ante el Procurador, los Directores Generales, Directores, el Visitador, los Secretarios Técnico y Particular, y los Agentes, Secretarios y Delegados del Ministerio Público.

Artículo 64.- Los servidores públicos de la Institución serán sustituidos, cuando la ausencia no exceda de treinta días, de la siguiente manera:

I.- El Procurador: Por el Subprocurador del Ministerio Público y a falta o excusa de éste, por el Subprocurador Jurídico;

II.- El Subprocurador del Ministerio Público: Por el Subprocurador Jurídico y éste por aquél; a su falta o excusa, por quien designe el Gobernador del Estado;

III.- El Visitador General: Por el Director de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador y éste por aquél; a su falta o excusa, por quien designe el Procurador;

IV.- El Director General de Averiguaciones Previas: Por el Director General de Control de Procesos y Amparos, y éste por aquél; a su falta o excusa, por quien designe el Procurador;

V.- El Director de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales: Por el Director de Agentes del Ministerio Público de Protección de la Familia y Delitos en General o por el Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales; a falta o excusa de ambos, por el Director General de Averiguaciones Previas;

VI.- El Director de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General: Por el Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales, y éste por aquel; a su falta o excusa, por el Director General de Averiguaciones Previas;

VII.- El Director de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados: Por el Director de Amparos, y éste por aquél; a su falta o excusa, por el Director General de Control de Procesos y Amparos;

VIII.- El Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones: Por el Director de Análisis e Información, por el Director de Despliegue Policial, o por el Director de Criminalística Pericial; a falta o excusa de éstos, por quien determine el Procurador;

IX.- El Director de Criminalística y Servicios Periciales: Por el Director de Despliegue Policial o el Director de Análisis e Información; a falta o excusa de ambos, por el Director General de la Agencia;

X.- El Director de Despliegue Policial: Por el Director de Análisis e Información o el Director de Criminalística y Servicios Periciales; a falta o excusa de ambos, por el Director General de la Agencia;

XI.- El Director de Análisis e Información: Por el Director de Criminalística y Servicios Periciales o por el Director de Despliegue Policial; a falta o excusa de ambos, por el Director General de la Agencia;

(REFORMADA P.O. 07 DE JULIO DE 2008)
XII.- Los Agentes del Ministerio Público, Investigadores y Adscritos a los Juzgados del Quinto Distrito Judicial en adelante, por sus Secretarios o Delegados o por el Síndico del Ayuntamiento del lugar, en ausencia de los tres primeros;

(REFORMADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
XIII. El Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Inmobiliarios, Registrales y de Despojo de  Inmueble será sustituido por el Director de Agentes del Ministerio Público en Delitos Patrimoniales o el Director de Agentes del Ministerio Público de Protección a la Familia y Delitos en General; 

(REFORMADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
XIV. El Director de la Unidad Especializada Antisecuestros por el Director General de Averiguaciones Previas, a falta o excusa de ambos por quien designe el Procurador; y 

(ADICIONADA, P.O. 18 DE MARZO DE 2010)
XV. El personal restante, por quien designe el superior jerárquico. 

Cuando la falta exceda de treinta días, se designará a la persona que interinamente debe suplir al servidor público, y si es absoluta, se cubrirá mediante nuevo nombramiento. En ambos casos, la designación se hará por el Gobernador o el Procurador, según a quien corresponda hacer el nombramiento de conformidad con lo establecido por la Ley.


SECCION II
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, Y EXCUSAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA


Artículo 65.- El Procurador, Subprocuradores, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Departamento, titulares de área y los Agentes, Delegados, Secretarios y Escribientes del Ministerio Público, así como los Agentes de la Policía Ministerial y Peritos de la Procuraduría no podrán:

I.- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en dependencias o entidades públicas federales, del Distrito Federal, estatales o municipales, ni trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Institución, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma;

II.- Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado; 

III.- Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado;

IV.- Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador; y

V.- Desempeñar funciones electorales federales, estatales o municipales.

En caso de incumplir con estas prohibiciones se estará a lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de esta Ley.

Artículo 66.- El Procurador, los Subprocuradores, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Agentes, Delegados y Secretarios del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos no son recusables, pero deben excusarse en los negocios en que intervengan cuando exista alguna causal de las previstas para el caso de los Magistrados o Jueces del orden común, dentro del término de veinticuatro horas de que tengan conocimiento del impedimento; de no hacerlo, serán sancionados en los términos de la legislación vigente.

Artículo 67.- El Gobernador del Estado calificará las excusas del Procurador y éste las de los Subprocuradores, Directores Generales y Directores. 

Los titulares de las diversas unidades administrativas calificarán las excusas de su personal. El servidor público que califique la excusa, en caso de ser procedente, designará de inmediato al que deba sustituir al impedido.

SECCION III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA

Artículo 68.- En el ejercicio de sus funciones, toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la Procuraduría, observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidor público y actuará con la diligencia necesaria para la pronta, completa e imparcial procuración de justicia, rigiéndose por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

Artículo 69.- Los servidores públicos de la Procuraduría tendrán los siguientes derechos:

I.- Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas, nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio;

II.- Sugerir al Consejo de Profesionalización las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento del servicio de carrera;

III.- Percibir prestaciones acordes con las características del servicio, de conformidad con el presupuesto de la Procuraduría y demás normas aplicables;

IV.- Gozar anualmente de los períodos de vacaciones legalmente previstos de acuerdo a las necesidades de la prestación del servicio de la Institución;

V.- Contar con permisos y licencias sin goce de sueldo en los términos de las disposiciones legalmente aplicables; 

VI.- Disfrutar de los beneficios que establezcan las disposiciones legalmente aplicables una vez terminado, de manera ordinaria, el servicio de carrera;

VII.- Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten, de acuerdo con las normas legalmente aplicables y la disponibilidad presupuestal;

VIII.- Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;

IX.- Tener un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;

X.- Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno;

XI.- Contar con la oportuna atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber;

XII.- Ser asesorado en los casos que deba comparecer ante un órgano público por motivo del ejercicio de sus funciones; y

XIII.- Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 70.- Los servidores públicos de la Procuraduría tendrán las siguientes obligaciones:

I.- Conducirse, incluso fuera de su horario de trabajo, con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;

II.- No retrasar ni perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público del Estado;

III.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo;

IV.- Abstenerse de ejercer empleo, cargo o comisión y demás actividades a que se refiere el artículo 65 de esta Ley;

V.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;

VI.- Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su disposición;

VII.- Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;

VIII.- Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus obligaciones, siempre y cuando sean conforme a derecho;

IX.- Usar y conservar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones;

X.- Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones de cualquier tipo, distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción;

XI.- Preservar el secreto de la información que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes, aún después de haber culminado su encargo laboral en la Institución; de no ser así, la conducta será considerada como revelación de secretos con las consecuencias penales correspondientes;

XII.- Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de la realización de este tipo de actos deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;

XIII.- Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por la ley;

XIV.- Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado;

XV.- Someterse a los procesos de evaluación al desempeño de conformidad con las disposiciones legalmente aplicables; y

XVI.- Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente en los términos de esta Ley.


SECCION IV
CAUSAS DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA


Artículo 71.- Todo servidor público de la Procuraduría que incumpla con las obligaciones derivadas de esta Ley, su Reglamento y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León podrá ser sancionado por la Visitaduría General, de oficio o por queja recibida, conforme al procedimiento legalmente previsto para tal efecto.

En todos los casos la Visitaduría General deberá mantener informado al Consejo de Profesionalización a que se refiere el artículo 91 de esta Ley, para que éste proceda según las disposiciones vigentes, en lo que al Servicio de Carrera corresponda.

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
Artículo 72.- Procederá la remoción de los miembros del servicio de carrera en los casos de infracciones graves. En todo caso, se impondrá la remoción por el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones IV, X, XI, XII, XIII, XIV o XV del artículo 70 de esta Ley.

Artículo 73.- Las sanciones impuestas conforme a las disposiciones de esta Ley no eximen al servidor público de la responsabilidad penal o civil en que pudiese haber incurrido por sus actos.


CAPITULO VII
SERVICIO DE CARRERA EN LA PROCURADURIA

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 74.- Los Agentes, Delegados, Secretarios y Escribientes del Ministerio Público, así como los Agentes de la Policía Ministerial y Peritos de la Agencia Estatal de Investigación, lo serán de carrera, y salvo casos especiales, también podrán serlo por designación especial.

Artículo 75.- Para los efectos de esta Ley, se entiende que son por designación especial aquellos Agentes, Delegados, Secretarios y Escribientes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos de la Agencia Estatal, nombrados directamente por el Procurador, dispensándolos de presentar los concursos de ingreso, por su amplia experiencia profesional o porque la atención a circunstancias especiales así lo requiere.

Los nombrados con fundamento en el párrafo anterior deberán reunir en lo conducente los requisitos establecidos en esta Ley y en cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento.

Artículo 76.- El Servicio de Carrera comprende lo relativo a:

a) Agente del Ministerio Público;

b) Delegado del Ministerio Público;

c) Secretario del Ministerio Público;

d) Escribiente;

e) Agente de la Policía Ministerial; y

f) Perito.

Artículo 77.- El servicio de carrera se sujetará a las bases siguientes:

I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio:

a). El ingreso comprenderá los requisitos y procedimientos de evaluación inicial, selección, formación inicial, y adscripción;

b). El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de actualización, especialización, estímulos y reconocimientos, cambios de adscripción, ascensos, desarrollo humano y evaluaciones al desempeño;

c). La terminación comprenderá las causas y procedimientos de separación del servicio de carrera;

II.- Se conformará por las ramas ministerial, policial y pericial.


SECCION II
REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO DE CARRERA


Artículo 78.- Para ingresar como Agente, Delegado, Secretario o Escribiente del Ministerio Público, Agente de la Policía Ministerial o Perito se requiere:

a. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b. Acreditar buena conducta y reconocida solvencia moral, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso o por delito culposo calificado como grave por el Código Penal vigente en el Estado, ni estar sujeto a proceso penal;

c. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público;

d. Aprobar el proceso de evaluación y formación inicial conforme a los lineamientos y bases del servicio de carrera, con las excepciones que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables;

e. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, enervantes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;

f. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; y

g. Los demás requisitos que establezca esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 79.- Además de los requisitos señalados en el artículo inmediato anterior, se requerirá:

I.- Para ingresar como Agente, Delegado o Secretario del Ministerio Público:

a. Contar con título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Jurídicas expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula profesional; y

b. Contar con experiencia suficiente en la materia.

II.- Para ingresar como Agente de la Policía Ministerial:

a. Haber concluido los estudios correspondientes al plan de estudios de una carrera de grado, dando preferencia a quienes cuenten con título profesional; y

b. Contar con la edad y el perfil físico, médico, ético y de personalidad que los lineamientos y bases del servicio de carrera establezcan como necesarias para realizar actividades policiales.

III.- Para ingresar como Perito:

a. De carrera:

Contar con título profesional legalmente expedido, registrado y con la correspondiente cédula profesional o acreditar plenamente ante el Instituto de Formación Profesional los conocimientos técnicos, científicos o artísticos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables, no necesite título o cédula profesional para su ejercicio.

b. Por designación especial:

Sólo procederá en casos urgentes cuando la Procuraduría no cuente con peritos en la disciplina, ciencia o arte de que se trate pudiéndose habilitar a cualquier persona nacional mexicano o extranjero que tenga los conocimientos prácticos requeridos. 

Cuando el nombramiento de perito recaiga en un extranjero, la persona designada, al protestar cumplir su encargo, deberá someterse expresamente a las leyes mexicanas, para todos los efectos legales del peritaje que vaya a desahogar y acreditar su legal estancia en el país. 

IV.- Para ingresar como Escribiente:

Demostrar estar inscrito en Institución de educación superior, legalmente reconocida, cursando un plan de estudios correspondiente a la carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas.

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
Artículo 80.- Son requisitos de permanencia en el servicio de carrera de la Procuraduría:
I.-Cumplir con los requisitos de ingreso;
II.-No ser sujeto de pérdida de confianza;
      III.-Seguir los programas de actualización y especialización que       establezca la Institución;
         IV.-Aprobar los procesos de evaluación del desempeño de la institución;
         V.-No ausentarse del servicio sin causa justificada por más de   tres veces durante un período de 30 días;
         VI.-Cumplir con cada una de las obligaciones señaladas en las fracciones IV, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 70 del presente ordenamiento; 
VII.-  No incurrir en faltas de probidad u honradez; y,  
         VIII.-Los demás requisitos que establezcan las disposiciones legalmente aplicables.

Artículo 81.- La Procuraduría también contará con practicantes profesionales y prestadores de servicio profesional de índole social cuyos requisitos de ingreso, permanencia, derechos y obligaciones se sujetarán a lo establecido en el Reglamento de esta Ley y demás lineamientos y bases que para tal efecto se emitan.

Artículo 82.- Los practicantes profesionales serán estudiantes de alguna institución educativa legalmente reconocida, que con el deseo de superarse y desarrollar sus conocimientos, auxiliarán en las labores que se realizan en las Agencias o Delegaciones del Ministerio Público o en cualquier otra unidad administrativa de la Procuraduría, sin que exista una relación laboral con el Gobierno del Estado.

Artículo 83.- Los practicantes profesionales tendrán preferencia frente a cualquier otro interesado para ocupar las vacantes de Escribiente, considerando para tal efecto su antigüedad, eficiencia, calificaciones obtenidas en los estudios que cursen y su vocación de servicio público.

Artículo 84.- Los prestadores del servicio profesional de índole social serán estudiantes de una carrera profesional o profesionales que realizan en la Procuraduría una actividad de carácter temporal y gratuita en interés de la sociedad, como requisito para la obtención de su título profesional conforme a las leyes de la materia, sin que exista una relación laboral con el Gobierno del Estado.

Artículo 85.- Tanto los practicantes profesionales como los prestadores de servicio profesional de índole social deberán respetar, en lo conducente, las obligaciones establecidas en el artículo 70 de esta Ley.

Artículo 86.- Para el ingreso de los servidores públicos a la Procuraduría, los responsables de las unidades administrativas competentes deberán consultar previamente el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, previsto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya información se tomará en cuenta para adoptar la determinación que corresponda. En el caso de los elementos de la Policía Ministerial, será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. 

Artículo 87.- El personal enunciado en el artículo 76 de esta Ley será adscrito por el Procurador o por otros servidores públicos de la Institución en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría de conformidad con las disposiciones legalmente aplicables.


SECCION III
TERMINACION DEL SERVICIO DE CARRERA


Artículo 88.- La terminación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia del Estado será:

I.- Ordinaria, que comprende:

a. La renuncia;

b. La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones;

c. La jubilación; y

d. La muerte. 

II.- Extraordinaria que comprende:

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
a. La remoción del puesto, cargo o comisión por el   incumplimiento de los requisitos de permanencia en la Institución; y,

b. La suspensión definitiva del cargo, debidamente emitida por conforme a las disposiciones correspondientes. 


SECCION IV
CONCURSOS PARA EL INGRESO Y ASCENSOS EN EL
SERVICIO DE CARRERA


Artículo 89.- El ingreso a las categorías básicas aludidas en el artículo 76 de esta Ley se realizarán por concursos de oposición conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.

En igualdad de circunstancias, en los concursos de ingreso, se preferirá a quienes ya formen parte de la Procuraduría. 

Artículo 90.- Los ascensos a las categorías superiores, aludidas en el artículo 76 de esta Ley, se realizarán por concurso de oposición. 


SECCION V
EL CONSEJO DE PROFESIONALIZACION

Artículo 91.- El Consejo de Profesionalización será la instancia consultiva para la definición de las políticas de desarrollo profesional y humano del personal de carrera de la Procuraduría, así como para su evaluación, y se integrará por:

I.- El Procurador;

II.- El Subprocurador del Ministerio Público;

III.- El Subprocurador Jurídico;

IV.- El Director General de Averiguaciones Previas;

V.- El Director General de Procesos y Amparos;

VI.- El Director General de Administración;

VII.- El Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones; 

VIII.- El Visitador General;

IX.- El Director del Instituto de Formación Profesional, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo; y

X.- Los demás funcionarios que determine el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 92.- El Consejo de Profesionalización tendrá las funciones siguientes:

I.- Emitir opinión sobre:

a. Las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera que deberá autorizar el Subprocurador Jurídico;

b. Los lineamientos y bases del servicio de carrera;

c. La política de desarrollo laboral y humano del personal de carrera de la Procuraduría;

d. La definición de los puestos tipos, perfiles y requerimientos de los mismos, en relación con el personal de carrera de la Procuraduría; y

e. Los criterios y políticas generales de formación inicial, actualización y especialización del personal de carrera.

II.-Validar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del personal de carrera;

III.-Dictar las normas necesarias para la regulación de su propia organización y funcionamiento;

IV.-Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones; 

V.-Recibir del personal de carrera, las sugerencias para el mejoramiento del servicio de carrera, mismas que deberán ser analizadas y contestadas oportunamente; y

VI.-Las demás que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.


SECCION VI
PROCESOS DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS


Artículo 93.- Los miembros del servicio de carrera y demás servidores públicos que determine el Procurador mediante acuerdo, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación al desempeño, los cuales serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios. 

(REFORMADO, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
Los procesos de evaluación al desempeño, constarán de los siguientes exámenes:

I.- Patrimoniales y de entorno social;

II.- Psicométricos y psicológicos; 

III.- Toxicológicos;

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
IV. Poligráficos o de estrés de voz, según sea el caso; y

V.- Los demás que se consideren necesarios para la calificación del personal.

Los procesos de evaluación tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos cumplan debidamente los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos.

(REFORMADO, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
Dichos procesos serán coordinados por la Visitaduría General que, en los casos necesarios, se auxiliará con los servicios y apoyos de otras unidades administrativas de la Procuraduría, de las dependencias y organismos competentes del Gobierno del Estado, así como con servicios privados especializados.

Artículo 94.- Las bases y lineamientos del servicio de carrera establecerán los procedimientos conforme a los cuales se llevará a cabo la aplicación de los exámenes aludidos en el artículo inmediato anterior.

Los exámenes se evaluarán en conjunto, salvo el examen toxicológico y el poligráfico, que se presentarán y calificarán por separado.

(REFORMADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007)
Artículo 95.- Los procesos de evaluación del desempeño se practicarán de la manera siguiente:

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
I. La Visitaduría General programará el lugar, día y hora en que los servidores públicos, o los aspirantes a ingresar a la institución, deberán presentarse para ser sometidos al examen o exámenes, notificándoles de esta programación por conducto del titular de la unidad administrativa a la que estén adscritos, o personalmente en el caso de los aspirantes. Cuando el aspirante o servidor público no acuda, sin medir causa justificada, se le tendrá por no apto;

II.- En el caso de que los aspirantes resulten no aptos en la evaluación toxicológica, quedarán excluidos inmediata y definitivamente del proceso de selección sin que se requiera que continúen con el resto de las evaluaciones. De igual manera, quedarán excluidos del procedimiento de selección quienes resulten no aptos en la evaluación en conjunto de los exámenes;

III.- A los servidores públicos que resulten no aptos en la evaluación toxicológica no se les aplicarán el resto de las evaluaciones y, al igual que los que resulten no aptos en la evaluación en conjunto de los exámenes aplicados, serán removidos del cargo;

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
IV. El titular de la Visitaduría General, comunicará a las unidades administrativas correspondientes y competentes los resultados de los procesos de evaluación, que serán apto o no apto; y 

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
V. Con el objeto de corroborar resultados en casos específicos, por petición expresa, fundada y motivada de los titulares de las unidades administrativas, la Visitaduría General podrá llevar a cabo reevaluaciones en las áreas de poligrafía y psicología, en no más de una ocasión, y en un plazo no mayor a seis meses a partir de la última aplicación, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que deban aplicarse.

(REFORMADO, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009)
ARTÍCULO 96.- Los expedientes conformados con los documentos en que consten los procesos de evaluación serán confidenciales, con excepción de lo que establezcan las disposiciones legalmente aplicables y en aquellos casos en que deba presentarse en procedimientos administrativos o judiciales. Dichos expedientes estarán bajo el resguardo de la Visitaduría General.

Artículo 97.- La determinación de la remoción del personal del servicio de carrera de la Procuraduría se hará conforme al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará por instrucciones del Procurador o por propuesta a éste del superior jerárquico de quien dependan los servidores públicos que se proponga remover del cargo, ante la Visitaduría General a efectos de que ésta instruya el procedimiento correspondiente;

II.- Las propuestas de remoción que se formulen deberán de asentar los hechos que las sustenten y deberán de estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la necesidad de remoción del servidor público a que se refieran;

III.- Se enviará una copia de la propuesta de remoción y sus anexos al servidor público sujeto de la propuesta de remoción, para que en un término de cinco días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá de referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la propuesta, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirá confesado todo aquello asentado en la propuesta de remoción sobre lo cual el servidor público sujeto del procedimiento no suscite explícitamente controversia, salvo prueba en contrario;

IV.- Una vez rendido el informe al que se refiere la fracción anterior, la Visitaduría General citará personalmente al servidor público sujeto de la propuesta de remoción a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor;

V.- Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Visitaduría General turnará al Procurador, o a quien éste designe, el expediente incluyendo a éste un informe sobre el procedimiento por ella instruido a fin de que se esté en condiciones de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, se remueva del puesto, cargo o comisión al servidor público sujeto del procedimiento. La resolución se notificará al interesado;

VI.- Si de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen alguna responsabilidad a cargo del sujeto del procedimiento o de otras personas, la Visitaduría General podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias; y,

VII.- En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el Procurador, o quien este designe, podrá determinar la suspensión del servidor público sujeto al procedimiento de remoción, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión no prejuzga sobre cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. Si resulta que el servidor público suspendido conforme a esta fracción sí cumple con los requisitos de permanencia será restituido en el goce de sus derechos.

En el procedimiento establecido en este artículo tratándose de ofrecimiento de prueba confesional o testimonial por parte de la autoridad se hará por oficio.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá como supletorio el Código de Procedimientos Civiles en todo lo relativo al procedimiento.


ARTICULOS TRANSITORIOS DEL TEXTO ORIGINAL DECRETO 115 PUBLICADO EN EL P.O. DE FECHA  30 DE JULIO DE 2004.

Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de septiembre 1998, con sus reformas y adiciones. 

Artículo Tercero.- Quedan vigentes todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, en cuanto no se opongan a la presente Ley.

Artículo Cuarto.- Para el cumplimiento de esta Ley, el Ejecutivo podrá reorganizar la estructura de las dependencia, así como crear, fusionar, escindir o disolver las oficinas y departamentos necesarios, estando facultado para modificar y redistribuir las partidas del Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal, sin exceder los montos autorizados.

Artículo Quinto.- La Dirección de Bienes Asegurados, Recuperados e Instrumentos del Delito iniciará el ejercicio de sus funciones en un plazo de noventa días naturales, contados a partir del siguiente de la entrada en vigor de esta Ley;

Artículo Sexto.-. El personal que en aplicación de esta Ley pase a otra dependencia o entidad, conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la Administración Pública Estatal

Artículo Séptimo.- El cambio de alguna unidad administrativa a otra, se hará incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos, y en general el equipo que hayan venido usando para la atención de los asuntos que tuvieren encomendados conforme a la Ley que se abroga. 

Artículo Octavo.- Las unidades administrativas que se crean o modifican en virtud de la aprobación de la presente Ley, seguirán con los trámites de los asuntos relativos a su objeto y que actualmente corresponden a las autoridades que se encuentran en funciones.

Para una mayor información a los gobernados y para facilitar la atención y continuidad de los asuntos que éstos hayan promovido ante la Procuraduría General de Justicia, las dependencias y entidades a que se hace referencia en el párrafo anterior, difundirán ante la ciudadanía los cambios de denominación, ubicación y funciones básicas de las nuevas dependencias o entidades aludidas.

Artículo Noveno.- Cuando en esta Ley se dé una denominación nueva o distinta a alguna unidad administrativa cuyas funciones estén establecidas por otro ordenamiento jurídico, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la unidad administrativa que determine la presente Ley y demás disposiciones relativas, en tanto no se expidan o reformen los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Artículo Décimo.- El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

P.O. 02 DE NOVIEMBRE DE 2005.

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

Artículo Primero.- Las disposiciones legales contenidas en el presente Decreto, entrarán en vigor el día 12 de septiembre del 2006.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley del Consejo Estatal de Menores y se derogan todas las normas que se opongan al presente Decreto, salvo lo previsto en los Artículos Tercero, Cuarto y Quinto siguientes.

Artículo Tercero.- Las investigaciones, procedimientos y recursos iniciados en el Consejo Estatal de Menores en fecha anterior a la entrada en vigor de este decreto continuarán tramitándose conforme a las disposiciones de la Ley del Consejo Estatal de Menores, sin perjuicio de que en materia de medidas sancionadoras puedan acogerse a la Ley que más le beneficie.

Artículo Cuarto.- Hasta que se encuentren concluidos los procedimientos a que refiere el artículo tercero transitorio, el Consejo Estatal de Menores continuará con la aplicación de las disposiciones de la Ley del Consejo Estatal de Menores, con el presupuesto y los recursos estrictamente indispensables, debiéndose para el efecto realizar los ajustes necesarios, una vez concluido lo anterior, quedará disuelto el Consejo Estatal de Menores.

Artículo Quinto.- Los adolescentes que se encuentren cumpliendo una medida sancionadora de conformidad con la ley que se abroga, quedarán sujetos al régimen previsto en la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León en todo aquello que les beneficie.

Artículo Sexto.- Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado coordinará la transferencia de presupuesto, recursos humanos, técnicos y materiales necesarios, asignados al Consejo Estatal de Menores, a las autoridades que el presente Decreto les atribuya competencia en materia de Adolescentes Infractores.

Artículo Séptimo.- Quedan a salvo los derechos laborales del personal del Consejo Estatal de Menores.

Artículo Octavo.- El Juez de Ejecución resolverá sobre la adecuación de las medidas aplicadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en los casos que conforme a éste, su duración se modifique en beneficio del adolescente.

Artículo Noveno.- Las autoridades investigadoras y judiciales, a que se refiere este Decreto, conocerán de los hechos que se atribuyan delictuosos que hubieren sido cometidos por adolescentes con anterioridad a la vigencia de este Decreto y respecto de los cuales no se hubiere iniciado procedimiento.

Artículo Décimo.- En los casos en que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria, a la entrada en vigor del presente Decreto, los Consejeros Unitarios o la Sala Superior, de la Sala Superior del Consejo Estatal de Menores ordenarán la inmediata libertad de los adolescentes menores de 14 años de edad internados. Se procederá de igual forma, en el caso de mayores de 14 años, siempre y cuando la conducta que a éstos se atribuya no se trate de los delitos graves consignados en la Ley de del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León. 

Lo anterior, sin perjuicio de la continuación del procedimiento conforme a la Ley de Consejo Estatal de Menores y de la aplicación de la medida que se determine.

El Presidente del Consejo Estatal de Menores procederá en los términos establecidos por el párrafo primero de este artículo, en caso de que ya se hubiere pronunciado sentencia ejecutoria.

P.O. 13 DE MARZO DE 2007. DEC. 69.

Artículo Primero.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.-  Los miembros de las instituciones policiales que antes de la fecha del inicio de vigencia del presente Decreto estén sujetos a algún procedimiento de responsabilidad o de remoción concluirán dichos procedimientos con las normas que éstos iniciaron.

Artículo Tercero.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, en un plazo de 90-noventa días naturales contados desde la vigencia del presente Decreto, deberán expedir los reglamentos que regularán sus respectivas instituciones policiales para dar cabal cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 68  de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León; asimismo realizarán las adecuaciones que resulten necesarias a la reglamentación municipal respectiva.   

P.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

Artículo Único.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 07 DE JULIO DE 2008 DEC. 253

Articulo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009. DEC. 427.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009. DEC. 433

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al  día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 18 DE MARZO DE 2010. DEC. 54

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Segundo.- El Ejecutivo del Estado deberá realizar las reformas al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de establecer y regular el funcionamiento de la Unidad Especializada Antisecuestros en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado deberá realizar las modificaciones presupuestales y determinar las partidas necesarias para el funcionamiento adecuado de la Unidad Especializada Antisecuestros, en un plazo no mayor a 90 días naturales contador a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

P.O. 29 DE MARZO DE 2010. DEC. 50

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


Segundo.- Quedan vigentes todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en cuanto no se opongan al presente Decreto.

Tercero.- El Ejecutivo del Estado deberá emitir las modificaciones a los Reglamentos de la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica del Gobernador y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en los términos del presente Decreto, en un plazo no mayor de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto.- El personal de la Dirección de lo Contencioso de la Procuraduría General de Justicia del Estado quedará adscrito, con motivo del presente Decreto, a la Consejería Jurídica del Gobernador, incluyendo los recursos humanos y materiales que tenga asignados.

El personal de dicha Dirección conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la Administración Pública Estatal.

Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite actualmente en los que sea parte el Estado o el Titular del Ejecutivo del Estado, la representación legal de los mismos se transfiere a las dependencias que la ostentarán de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- Las atribuciones, asuntos o funciones conferidas en otros ordenamientos jurídicos a las dependencias o entidades previstas con anterioridad a la presente reforma, se entenderán concedidas a las dependencias que por virtud de este Decreto asumen dichos asuntos, atribuciones o funciones.

En consecuencia, las menciones contenidas en otras Leyes, Reglamentos y en general en cualquier otra disposición, respecto de las dependencias o entidades antes mencionadas se entenderán referidas a las dependencias, que de acuerdo con el presente Decreto absorben tales funciones.

P.O. 09 DE JUNIO DE 2010. DEC. 70

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2011. DEC. 300

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

FE DE E. P.O. 09 DE ENERO DE 2012.


P.O. 16 DE MAYO DE 2012. DEC. 321

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Segundo.- Se suspende la vigencia de los Artículos 277, 323 Bis II al 323 Bis VII del Código Civil para el Estado de Nuevo León; así como los diversos 23 fracciones XVIII y XXV, 24 fracciones XIII y XIV, y 25 fracciones III y VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León; exclusivamente en lo que se refiere las ordenes de protección, hasta en tanto entren en vigor las reformas correspondientes al Código de Procedimientos Civiles y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, así como las relativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que establece las atribuciones de las autoridades jurisdiccionales en la materia.